Si bien ha sido ampliamente documentado el impacto de los conflictos armados en los núcleos familiares –especialmente, de civiles–, hay un fenómeno que, aun cuando ha sido una realidad en Perú, El Salvador,  Sierra Leona, Uganda y Colombia, no ha sido objeto de estudio ni de abordaje suficiente en contextos de transición: la separación que ocurre, en medio del conflicto, de miembros de grupos armados no estatales y de sus descendientes.

Este impacto inexplorado de los conflictos armados ha tenido dos consecuencias: por un lado, hay un incipiente ejercicio de documentación de los casos y de los patrones de separación de estos núcleos familiares y, por otro lado, no se identifican políticas integrales de reunificación familiar, que atiendan a estas particularidades y, por supuesto, a las obligaciones internacionales de los Estados sobre la materia.

En Colombia no sólo se materializó esta problemática de fragmentación de núcleos familiares respecto de grupos armados que ya se desmovilizaron –como las extintas FARC–EP–, sino que se sigue concretando en la actualidad, respecto de grupos que están activos. Lo anterior se refuerza si se tiene presente que el país mantiene al menos seis conflictos armados vigentes.

Este fenómeno, como ha sido documentado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad– se enmarca en una visión que instrumentaliza a los miembros de grupos armados no estatales y que concibe una incompatibilidad del ejercicio de la maternidad o paternidad en el marco de las hostilidades –visión de la que, como ha sido indicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se derivan otras prácticas proscritas por el derecho internacional como la esterilización forzada, los abortos forzados o la anticoncepción forzada–.

De conformidad con el Censo Socioeconómico adelantado después del proceso de desmovilización de los antiguos miembros de las extintas FARC-EP, 5.412 personas en proceso de reincorporación manifestaron tener hijas o hijos vivos y, de este universo, 1.924 personas —esto es, el 35%— deseaban restablecer el contacto con sus hijos e hijas.

A su vez, en el reciente informe “Familias Fragmentadas en el conflicto armado: una mirada a la separación de miembros de grupos armados no estatales y sus hijos e hijas” realizado por la Línea de Paz y Justicia Transicional de la Clínica Jurídica y de Interés Público de la Universidad de La Sabana, se documentan dos grandes escenarios que resultaron en la ruptura del vínculo entre padres, que en algún momento estuvieron en las filas de la guerrilla, y sus hijos.

Por un lado, y ante las políticas estrictas de control de natalidad en los grupos armados, en algunos casos, los padres contaban con la posibilidad de definir quiénes se harían cargo de sus hijos y, aunque este pareciera el escenario más idóneo porque facilita un eventual reencuentro, también se documentan coyunturas que terminan en una fragmentación definitiva de la relación entre padres e hijos. Por ejemplo, cuando la familia receptora es obligada a desplazarse a causa de amenazas –por el mero hecho de incorporar a su núcleo familiar a un hijo o hija de ‘guerrilleros’– o cuando la familia receptora se distancia de los padres biológicos del menor porque han generado un vínculo muy estrecho con éste.

De otro lado, en el Informe se identifican circunstancias en que las niñas y los niños son entregados, de forma arbitraria, a terceros desconocidos por los padres. Este escenario es especialmente complejo, pues puede concretarse: (i) en el marco de la actuación del mismo grupo armado que entiende el embarazo como una ‘insubordinación’ y adopta la práctica de entrega de los niños y niñas a terceros, como ‘sanción’ a los integrantes de la agrupación;  (ii) como consecuencia de que otro grupo haya identificado al niño, niña o adolescente como objetivo militar, lo que lleva al desplazamiento del menor; o (iii) como resultado de la activación de rutas de adopción –también por terceros que reciben a los niños y niñas–.