La Corte de Constitucionalidad guatemalteca ha generado infinidad de titulares de prensa a lo largo de las últimas décadas, sus resoluciones suelen causar revuelo y abren debates en diversos círculos constantemente. Sin embargo, recientemente, las noticias han sido generadas por el proceso de integración de la octava magistratura, que deberá tomar posesión el próximo 14 de abril.

La  Constitución Política de la República de Guatemala (Art. 268) la instituyó como un tribunal permanente de jurisdicción privativa con la función esencial de defender el orden constitucional, para ello, se le otorgó competencia tanto contenciosa como consultiva. La magistratura se integra con cinco titulares y cinco suplentes designados para un periodo de cinco años. El quinquenio inicia y concluye el mismo día para todos y, en caso de ser necesario sustituir a alguno en forma permanente, el sustituto es designado para concluir el período de su antecesor.

La Constitución (Art. 269) y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (Arts. 150 y 152) establecen que la designación de la magistratura debe hacerse de la siguiente forma:

a) Un titular y un suplente por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, escogiendo preferentemente entre personas con experiencia en la magistratura;

b) Un titular y un suplente por el Congreso de la República;

c) Un titular y un suplente por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, con preferencia de personas con experiencia en la función y administración pública;

d) Un titular y un suplente por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con la preferencia por los perfiles que posean experiencia en la docencia universitaria y;

 e) Un titular y un suplente por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, con la preferencia por aquellos juristas con experiencia en el ejercicio profesional a través de un proceso de elección en el que participan todos sus agremiados.

Tres de los procesos de designación (Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior Universitario y Congreso de la República) se inician con la invitación a presentar una postulación en la que se acredite el cumplimiento de los requisitos que exige la normativa aplicable: ser guatemalteco de origen, abogado colegiado activo, de reconocida honorabilidad y tener al menos quince años de graduación profesional. Adicionalmente, el ente designador, debe calificar que las personas postuladas cumplan con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez que requiere el artículo 113 constitucional para optar a empleos o cargos públicos.

En esta oportunidad, el presidente de la República ha informado que la designación de los magistrados que corresponde al Organismo Ejecutivo no será pública, a pesar de la solicitud expresa de la Vicepresidencia de la República de hacerlo público y transparente. Por otro lado, el procedimiento que utiliza el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala es distinto al de todos los demás entes designadores, esto porque la fórmula adoptada para seleccionar a los magistrados gremiales es un proceso electoral al que pueden postularse todos los profesionales que cumplan con los requisitos.

El proceso inicia con una convocatoria pública, se elige de forma independiente a quien ocupará la magistratura titular y la suplente, para lo cual se debe alcanzar la mayoría absoluta de votos, es decir, la mitad más uno de los votos válidos emitidos. En caso de no obtener la mayoría absoluta en la primera elección, se lleva a cabo una segunda entre los dos candidatos que hayan obtenido mayor cantidad de votos para cada uno de los cargos.

Todos los procesos de designación presentan riesgos y retos, en particular, para lograr la integración de una Corte independiente. Se critica la situación en la que se llevará a cabo la designación por parte de un pleno de la Corte Suprema de Justicia que se encuentra integrado de forma interina debido a la omisión del Congreso de la República de cumplir con una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que le ordena excluir a candidatos que pudieran tener comprometida su imparcialidad e independencia; por el mismo motivo, existe sospecha sobre el proceso que encaminará el Congreso de la República; la designación en secreto que pretende llevar a cabo el Ejecutivo; la vinculación personal de algunos candidatos con algunos miembros del Consejo Superior Universitario.

Como si estas dudas fueran poca cosa, el 26 de febrero, mientras se celebraba la elección del Colegio de Abogados, la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público ofrecía una conferencia de prensa dando a conocer el caso conocido como Comisiones Paralelas 2020, en el que se señala a varios actores políticos de negociar e influir en la elección de magistrados de las Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia que debieron ser elegidos por el Congreso de la República el año pasado. Entre los vinculados con este caso y que se encuentran actualmente detenidos figura el rector de la Universidad de San Carlos Murphy Paiz, quien preside el Consejo Superior Universitario, el señor Estuardo Gálvez, que alcanzó el segundo lugar en la elección del Colegio de Abogados y , de momento, tiene un espacio en la segunda elección, y el abogado Luis Fernando Ruiz, expresidente de la junta directiva del Colegio de Abogados que también participó como candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad en la elección de ese ente.

La Universidad de San Carlos ha informado que, de conformidad con sus reglas internas, el Consejo Superior Universitario ha quedado integrado y que las funciones del rector las ha asumido el decano más antiguo, por lo que el proceso continuará según lo previsto. Sin embargo, la mayor incógnita pesa sobre el Colegio de Abogados que, a través de su Tribunal Electoral, ha manifestado que este es un caso no previsto y que no tiene antecedentes, por lo que continuarán con el proceso mientras no sean notificados de lo contrario por un juzgado o por el Ministerio Público. La Fiscal General y jefa del Ministerio Público, ha indicado que este ente gremial debe resolver su situación de acuerdo con su normativa interna, mientras, ya empiezan a escucharse voces que plantean la repetición de la elección porque el candidato ha perdido idoneidad.

La octava magistratura de la Corte de Constitucionalidad tendrá en sus manos la decisión sobre temas muy importantes y particularmente complejos derivados de la lucha contra la corrupción, los derechos de los pueblos indígenas frente a las industrias extractivas, el medio ambiente y la situación de grupos en condiciones de vulnerabilidad estructural, por lo que la transparencia de los procesos de designación y su integración con personas independientes —no solo de los otros organismos del Estado, sino de poderes fácticos y del crimen organizado—es un reclamo a nivel nacional e internacional.

En suma, otra vez la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ocupa los titulares, otra vez la estructura institucional del Estado guatemalteco está en entredicho, otra vez los avances que se han logrado en materia de derechos humanos y democratización se encuentran en riesgo; pero esta vez, existe mayor participación de organizaciones sociales (Asociación de Estudiantes Universitarios, Movimiento Pro Justicia,  Pacto Ciudadano, Autoridades Indígenas Ancestrales Mayas, Garífunas y Xincas, entre otros) y de la comunidad internacional en la exigencia de los estándares de transparencia y fundamentación en el proceso de designación y la integración de una Corte independiente.

Frente a los embates a la institucionalidad que se orquestan desde espacios que riñen con los principios democráticos y que pretenden interpretar y aplicar las leyes atendiendo con exclusividad a sus intereses, adquiere cada vez más presencia una sociedad organizada que plantea una discusión seria sobre los problemas nacionales con el involucramiento de actores tradicionalmente excluidos. La tensión entre estas dos formas de entender al Estado se pone de manifiesto en procesos como este, le falta mucho a Guatemala para consolidarse como una democracia con instituciones sólidas e independientes, pero la preponderancia que ha tomado integración de la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad en los medios de comunicación, en los espacios académicos y la conversación cotidiana ya es un signo de esperanza. Así es que en efecto “otra vez la Corte” está acaparandola atención, pero esta vez, es debido a que existe una mayor conciencia sobre la importancia de este tribunal en la vida social, colectiva, comunitaria e individual de todos los habitantes de Guatemala.