La “Ley Micaela” fue sancionada en diciembre de 2018 y lleva el nombre de una de las numerosas víctimas de femicidios que ocurren casi diariamente en Argentina. La violencia institucional que develó este lamentable hecho, en el marco de las numerosas movilizaciones sociales y el protagonismo que ha adquirido el movimiento de mujeres y diversidades en repudio a la violencia por motivos de género que existe en este país, dieron apoyo a algunas novedosas reformas estructurales.

En este contexto, se sancionó la ley, cuyo objetivo es la capacitación obligatoria en la temática de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Al mismo tiempo, en razón del carácter federal del Estado argentino, se invitó a las provincias a adherirse dicha ley. A dos años de su sanción, no

están alcanzadas expresamente por esta normativa, algunas universidades públicas y otras entidades, como los colegios y consejos de profesionales de algunas provincias, también han celebrado convenios para instaurar planes de capacitación en esta temática.

La aprobación de esta ley forma parte de un proceso integral de otros cambios legales e institucionales que son respuesta a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que asumió Argentina y, en particular, cuando ratificó la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belem Do Pará, y es sumamente novedosa para este país y la región.

La autoridad de aplicación de esta legislación es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que esta norma cuenta exitosamente con el apoyo de la totalidad de las jurisdicciones provinciales, y si bien, entre sus mandatos tiene la tarea de certificar las capacitaciones que instaure cada una de las jurisdicciones locales a través de las áreas que designen a dichos fines. El objetivo principal, es lograr progresivamente la modificación de las propias políticas estatales hacia el interior y también para toda la ciudadanía con carácter obligatorio, ya que se dispone la sanción administrativa para quienes no cumplan con el mandato de capacitarse.

Corresponde recordar que la CEDAW en su artículo 8° dispone el deber de los Estados en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.  En esta línea, el Comité de la CEDAW ha instado específicamente a los Estados a través de la Recomendación General 19 a que se capacite a todas las personas que cumplen funciones públicas a fin de lograr la aplicación efectiva de la Convención.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha destacado en el Informe sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas la importancia de fortalecer y promover la creación de programas de capacitación para el ámbito público, así como también para agentes comunitarios.

Entre los casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cabe recordar la sentencia “Campo Algodonero vs. México”, que marcó el primer paso en el que se ordenaron reparaciones transformadoras en los asuntos que involucraban la violencia contra la mujer y, en particular, se dispuso la implementación de programas de capacitación en derechos humanos con perspectiva de género para quienes ejerzan funciones públicas. Con posterioridad el tribunal mantuvo este criterio en los casos “Veliz Franco y Otros vs. Guatemala”, “Inés Fernández Ortega vs. México” y “Valentina Rosendo Cantú vs. México”, situación que demuestra que son varios los países de la región que han tenido condenas dentro del Sistema Interamericano y se les ha ordenado efectuar las capacitaciones en la temática de género como una de las medidas de reparación.

En el caso argentino, el Estado fue objeto de un llamado de atención por el Comité de la CEDAW en las Observaciones Finales del año 2010  y en el marco del  Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém Do Pará (MESECVI) en el informe final sobre Argentina de 2012, en el que se  recomendó el desarrollo de planes de formación sobre violencia de género con un amplio alcance de personas destinatarias para los sectores públicos en general y en particular, para el ámbito legislativo, judicial, de salud, de educación, de las fuerzas de seguridad y también de organizaciones sociales y comunitarias.

En este contexto, la experiencia de Argentina resulta pionera en la temática, ya que es la primera vez en América Latina que se establece una capacitación masiva que alcanza a la totalidad de las personas que integran el Estado en todas sus jerarquías y niveles y que, además, ha tenido la adhesión de la totalidad de los poderes regionales, lo que en este país representa una conquista histórica para avanzar en el complejo proceso que implica enfrentar las diversas problemáticas existentes en materia de género.

La capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contras las mujeres y las diversidades sexuales, es una oportunidad imponderable para complejizar la formación de los agentes del estado y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal.

Ahora bien, cabe preguntarse para el caso argentino ¿Debemos avanzar en la aplicación de la Ley Micaela en el ámbito privado? 

A los efectos de pensar una posible respuesta al interrogante, corresponde recordar que en el artículo 1° de la Convención de Belem do Pará dispone expresamente la obligación de los Estados en la prevención de la violencia y discriminación en razón del género tanto en el ámbito público como en el privado. En el caso argentino, la Ley Nacional de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres también se refiere explícitamente a la obligación de generar políticas públicas para erradicar la violencia de género de ambos sectores, público y privado.

Sin lugar a dudas, este debate es inminente y será sumamente interesante y complejo cuando se instale en la agenda pública, sobre todo si se tiene presente que la normativa actual, que está orientada únicamente al sector público, ha merecido fuertes cuestionamientos en su oportunidad, aun cuando respondía a las obligaciones internacionales señaladas precedentemente.

Numerosos son los desafíos pendientes y debemos generar reformas transformadoras tendientes a logar la prevención, sanción y erradicación de la discriminación y de la violencia de género, y es por ello, que el mayor alcance de los ámbitos y de personas destinatarias de las capacitaciones en la temática de género es uno de los caminos que debemos pensar como próximos para este objetivo.