Feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua: un reflejo de la realidad latinoamericana

3 de Julio del 2020

El 16 de noviembre de 2009, fue dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la sentencia del caso González y otras vs. México, mejor conocido como Campo algodonero, en la que se condenó al Estado mexicano, principalmente por la  falta de una investigación eficaz, juzgamiento y sanción de los responsables de la desaparición y ulterior muerte de tres mujeres; dos de ellas menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados con signos de violencia sexual y tortura, en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Esta sentencia significó un hito en la protección interamericana de los derechos de las mujeres, ya que por primera vez la Corte IDH condenó a un Estado, por la infracción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, visibilizando un problema de violencia machista y discriminación contra las mujeres, incluso en el acceso a la justicia en México, problemática que se encuentra presente en todo Latinoamérica y ha provocado miles de muertes.

Este problema es de tal gravedad en el Estado, que, de las 10 sentencias condenatorias que ha dictado la Corte IDH en su contra, cuatro, han sido por diferentes tipos de violencia de género. Esta grave situación no es diferente en el resto de Latinoamérica, en donde la Corte ha emitido decenas de sentencias por violencia de género .

México ha reconocido ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW) que se han realizado esfuerzos por cambiar esta situación, sin embargo, existe una cultura de violencia y discriminación basada en el género que lamentablemente requiere mucho tiempo para ser cambiada. Esto no es una excusa válida, si se toma en cuenta que, en los últimos años, la violencia contra la mujer ha aumentado en lugar de disminuir, a pesar de los casi once años de dictada la sentencia de Campo Algodonero y de la presión social que han ejercido ONGs y movimientos sociales como el feminismo.

México ha cumplido la mayoría de las medidas de reparación con alcance general ordenas por la Corte IDH en su sentencia. Hoy en día, tenemos loProtocolos Alba (utilizado para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas) y Ámber (para la búsqueda prioritaria de niñas y niños); se han creado otros para juzgar con perspectiva de género; se ha integrado el delito de feminicidio en todos los Estados de la República; se ha capacitado a las autoridades sobre los derechos de las mujeres y equidad de género; fue creada una página electrónica en Chihuahua, con los datos y fotografías de las mujeres desaparecidas, para lograr su localización y, se está trabajando en la creación de una base de datos nacional, que contenga los registros genéticos de las desaparecidas. Todos estos avances han tenido lugar gracias a esta sentencia de la Corte IDH, aquí se puede apreciar su impacto positivo, cuando menos en el ámbito de la impartición de justicia.

Sin embargo, la dimensión social del impacto de esta sentencia, aún se encuentra pendiente. Los feminicidios nunca han sido resueltos, al igual que miles más en el México. Actualmente, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en este País se cometen diez homicidios dolosos de mujeres cada día, y no es posible determinar, cuántos de ellos han sido feminicidios, ya que existe, un 98% de impunidad, por lo que, en muchos de los casos, al no poderse determinar la razón del crimen, ni quién ha sido el perpetrador, no se puede clasificar como tal.

Según datos obtenidos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México y Brasil son los dos Estados más violentos para las mujeres de la región, seguidos de cerca por el Salvador, Honduras, Guatemala y Bolivia. La ONU ha señalado que Latinoamérica posee 14 de los 25 Estados más violentos para las mujeres en el mundo, lo que lo posiciona como la segunda región más peligrosa para ser mujer a pesar de que, en casi todos los Países Latinoamericanos (con excepción de Haití y Cuba) se encuentra tipificado el delito de feminicidio, entonces, la pregunta es ¿Por qué la violencia feminicida no solo persiste, sino que aumenta?

Sin duda, hay dos problemas graves que es urgente abordar al respecto. El primero es la impunidad. La investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, es la medida de reparación menos cumplida por los Estados que forman parte del sistema interamericano, lo que deja ver el enorme problema de impunidad que subyace en la región. Mientras no se ataque este problema de fondo y se realicen investigaciones serias, los feminicidas seguirán actuando en total impunidad. Además, este problema tiene raíces tempranas, ya que, si existe un patrón reiterado de violencia y este no es debidamente investigado por las autoridades, a pesar de haber sido denunciado, como, por ejemplo, violencia familiar o abuso infantil, es probable que persista hasta llegar al feminicidio.

El segundo problema reside en la llamada cultura de violencia y discriminación basada en el género. La Corte IDH en todas sus sentencias ha subrayado la extraordinaria importancia que tiene la formación y capacitación de la sociedad en general y de las autoridades y agentes que, de manera particular, se enfrentan a esta realidad, no obstante, los Estados se han enfocado más en el establecimiento de herramientas para juzgar, que, para prevenir el delito, por lo que han descuidado la capacitación dirigida al público en general. Es indispensable que en toda Latinoamérica se lleven a cabo políticas públicas dirigidas a difundir información sobre los derechos de las mujeres y equidad de género. No solo a las autoridades, sino a los estudiantes de todos los niveles y a la población en general, la herramienta más importante que se tiene en contra de la violencia es la educación, hay que comenzar atacando este terrible problema desde las aulas. 

 

Citación académica sugerida: Quiñones Andrade, Rocío : Feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua: un reflejo de la realidad latinoamericana, 2020/07/03, https://agendaestadodederecho.com/feminicidios-en-ciudad-juarez-chihuahua-un-reflejo-de-la-realidad-latinoamericana/

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ACERCA DE LA AUTORA
Rocío Guadalupe Quiñones Andrade

Profesora de derecho internacional y derechos humanos en la Universidad Iberoamericana, sede Léon, Guanajuato, México. Candidata a Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Cádiz. 

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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.