La Corte IDH reconoce que se vulneró el derecho a la igualdad ante la ley en perjuicio del Pueblo Maya Kaqchikel. En los términos de la Corte, la responsabilidad estatal radica en la existencia de un impedimento al ejercicio de la libertad de expresión, dado que se limita el acceso a la radiodifusión únicamente a quienes pueden prestar la mayor oferta económica, sin algún otro criterio que permita a las comunidades indígenas acceder a ella.

Ahora bien, la Corte alcanza esta conclusión incorporando en su análisis dos dimensiones del derecho a la igualdad. En primer lugar, analiza la prohibición de discriminación indirecta, es decir, la prohibición de normas que resultan aparentemente neutras pero que en la práctica generan un impacto desproporcionado sobre un grupo (analizada extensamente en la jurisprudencia de la Corte). 

Además, reafirmando sus desarrollos desde el caso de la Fábrica de Fuegos Artificiales, la Corte consolida la prohibición de discriminación estructural, y correlativamente, el deber estatal de “adoptar medidas para garantizar que la igualdad sea real y efectiva”. La Corte alcanzó dicha conclusión dada “la permanencia con el trascurso de los años, de altas tasas de pobreza y pobreza extrema de dichos pueblos”, y sus limitaciones constantes a acceder a otros derechos como trabajo, servicios de salud, entre otros.

Según la sentencia, la prohibición de discriminación estructural implica:

corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación de los grupos históricamente marginados, garantizar a las personas o grupos en desventaja el goce efectivo de sus derechos, en suma, brindar a las personas posibilidades concretas de ver realizada, en sus propios casos, la igualdad material. Para ello, los Estados deben enfrentar activamente situaciones de exclusión y marginación.

La Corte avanza en definir la discriminación estructural como aquellos “comportamientos arraigados en la sociedad, que implican actos de discriminación indirecta o no cuestionada contra grupos determinados y que se manifiestan en prácticas que generan desventajas comparativas para unos grupos y privilegios para otros”.

Partiendo de ello, se pueden identificar algunas consecuencias:

i. Puede existir discriminación estructural tanto en casos de discriminación directa o indirecta. La primera clasificación responde a la pertenencia de la víctima a un grupo “históricamente marginado”, mientras que la segunda responde a la apariencia de neutralidad de la norma o política discriminatoria (Ver, por ejemplo, caso Pacheco Tineo).

ii. La prohibición de discriminación estructural es un derecho sustantivo por sí mismo que se desprende del “mandato orientado a garantizar igualdad material” previsto en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Esta es una aproximación distinta a como la Corte ha abordado discriminación en el pasado (al distinguir una cláusula autónoma de igualdad -artículo 24- y una cláusula subordinada – artículo 1.1).

iii. Estas dos aproximaciones generan obligaciones distintas. La existencia de discriminación estructural implica revertir la situación de marginación histórica a través de acciones positivas, aspirando a alcanzar una igualdad material. La existencia de discriminación indirecta o directa puede requerir acciones positivas, pero pareciera que se limitan únicamente a revertir el impacto desproporcionado de la norma neutra.