El último informe del Instituto V-Dem coloca a Guatemala entre los países donde la democracia ha experimentado un notorio deterioro en los últimos tres años. Curiosamente, el retroceso guatemalteco no se basa en la concentración de poder en un individuo o un partido político en particular, sino en una coalición gobernante conformada por doce partidos políticos que han respaldado el gobierno de la actual administración.

En este contexto, las elecciones generales en Guatemala se llevarían a cabo el 25 de junio de 2023, y la segunda vuelta presidencial tendría lugar el 20 de agosto. Ya en febrero, alertábamos sobre la posibilidad de un proceso electoral manchado por la exclusión de candidatos, una clara violación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH). Pero, la realidad ha superado nuestras proyecciones.

Durante el periodo de registro de candidaturas, la Corte de Constitucionalidad (CC) avaló la exclusión de dos candidaturas presidenciales: Thelma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y Roberto Arzú del Partido Podemos. A pesar de sus marcadas diferencias ideológicas, ambas representaban una amenaza para la coalición gobernante y fueron excluidas bajo criterios controvertibles.

En mayo, durante la campaña electoral, emergió un nuevo contendiente que amenazó alterar el statu quo. Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana, que no formaba parte de la coalición gobernante. Este candidato, encabezó de manera sorpresiva la principal encuesta del país. Su repentino ascenso representó una amenaza para los planes de la coalición, quienes ya habían maniobrado para excluir a candidatos potencialmente disruptivos. Sin embargo, al igual que con los candidatos previamente mencionados, la participación de Pineda fue frustrada mediante un amparo provisional ratificado por la CC poco menos de un mes antes de las elecciones.

El 25 de junio, día de las elecciones, Bernardo Arévalo, candidato de oposición del Movimiento Semilla, sorprendió al avanzar a la segunda vuelta contra Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, que había cambiado de una posición de centro izquierda a un discurso conservador y era integrante de la coalición gobernante.

Tras la votación, nueve partidos solicitaron una revisión de escrutinios ante la CC, intentando demorar la confirmación de los resultados. El 1 de julio, la CC intervino nuevamente otorgando un amparo provisional que prolongó el proceso. Pese a los intentos de varios partidos por exigir un recuento manual de votos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) descartó estas acciones.

La crisis escaló el 12 de julio, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) lanzó una acusación de falsedad ideológica contra el partido Movimiento Semilla. Según las alegaciones, el partido había falsificado firmas durante su formación en 2018. Estas denuncias surgieron escasas horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral estuviera a punto de oficializar los resultados de la elección presidencial. En un giro dramático de eventos, y con la aprobación de un juez, la fiscalía solicitó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla, en un intento de bloquear su participación en la segunda vuelta.

Después de horas de tensión e incertidumbre, el 13 de julio, la CC concedió un amparo provisional al Partido Semilla, asegurando así su participación en la segunda vuelta programada para el 20 de agosto. Sin embargo, la ofensiva en su contra no ha cesado. El Registro de Ciudadanos, una dependencia del TSE, alegó que la suspensión del partido Semilla contradice el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y se negó a cumplir con la orden judicial ilegal de suspensión del partido. Esta negativa del Registro de Ciudadanos encontró respaldo en el amparo provisional de la CC. Ahora, en respuesta, la fiscalía intenta procesar al director del Registro de Ciudadanos por desobediencia y ha emitido órdenes de captura contra miembros del partido en el marco del caso de supuesta falsificación de firmas.