¿Quién define el sexo?: a propósito del caso Y c. Francia del TEDH

21 de Junio de 2023
¿Quién define el sexo?: a propósito del caso Y c. Francia del TEDH
Foto. Bebés y más.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió, en el caso Y c. Francia, que prohibir a una persona intersex el uso de un marcador de género neutro, no viola el Convenio Europeo.

En enero de 2023, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidió, por seis votos a favor y uno en contra en el caso Y. c Francia, que el Estado no violó el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), al no permitir que una persona intersex tuviera su marcador de género reemplazado por “neutro” o “intersex” en su certificado de nacimiento.

¿Qué significa ser “intersex”?

El vocablo “intersex”, es un término general para el espectro físico, consistente en variaciones de las características sexuales que ocurren naturalmente dentro de la especie humana. Las personas intersex nacen con características sexuales —anatomía, órganos reproductores, estructura, niveles hormonales o patrones cromosómicos—que no se ajustan a la definición típica de hombre o mujer. El término intersex reconoce el hecho de que hay personas con variaciones de características sexuales que no son masculinas o femeninas. Según Naciones Unidas (2019), un 1,7% de la población mundial, esto es, 131 millones de personas han nacido con rasgos intersexuales.

El caso ante el Tribunal Europeo

La persona peticionaria ‘Y’ intentó conseguir por las vías judiciales internas, el cambio del marcador de género de su documento de identidad, al ser una persona intersex y a quien solo se le reconocía con el género que le fue asignado al nacer. Al no obtener respuesta en la Corte Superior francesa, recurrió a la Corte Europea, invocando la protección de su derecho a la privacidad y solicitando el cambio del marcador de género de su documentación, para que así esté de acuerdo con su autoidentificación.

A pesar de reconocer en su decisión que la identidad de género de una persona es un “aspecto esencial de la identidad íntima individual”, el Tribunal Europeo señaló que “el reconocimiento judicial de un género ‘neutro’ tendría consecuencias de largo alcance para las normas del derecho francés, construidas sobre la base de dos géneros”, y que “implicaría múltiples enmiendas legislativas de coordinación” (traducción propia).

Además, el Tribunal ha utilizado la figura jurídica europea del margen de apreciación para decidir que no habría violación de la Convención, diciendo que “las autoridades nacionales gozan de legitimidad democrática directa y, como ha afirmado repetidamente el Tribunal, están en principio mejor situadas que el juez internacional para pronunciarse sobre las necesidades y los contextos locales” (traducción propia).

El margen de apreciación es el reconocimiento de la Corte, del nivel de discreción que tiene un país al promover las leyes y las políticas, de acuerdo a su cultura y el ordenamiento jurídico interno, al revés de seguir parámetros claros del sistema internacional de derechos humanos. En el caso de Y, el TEDH declaró “que la gran mayoría de estos Estados prevén la especificación del género en las actas de nacimiento o documentos de identidad, sin dar la posibilidad de optar por el registro de un marcador de género que no sea masculino o femenino”. Por lo tanto, la Corte reconoce que decisiones en relación a marcadores de género no binarios, o el cambio específico para personas intersex, es algo de casi total discreción de cada uno de los Estados miembros del Convenio Europeo.

La aplicación e implicancias del margen de apreciación en el caso concreto

El TEDH se toma de la institución jurídica del margen de apreciación, en casos en que no hay una visión jurídica única entre los gobiernos de la región, en relación a las medidas que son reconocidas como debidas para la protección de ciertos derechos humanos, las cuales son consideradas como “controversiales” o “sin consenso” entre los Estados miembros. La propia Corte ha afirmado, en este caso, que “si bien parece que el tema del reconocimiento de género no binario ha sido recientemente, o está siendo estudiado en algunos de ellos, se sigue que no existe a la fecha de esta sentencia, un consenso europeo al respecto” (traducción libre).

El problema que crea la Corte al valerse de este mecanismo, es que refuerza la visión equivocada de que cualquier tipo de derechos humanos, principalmente cuando son utilizados para la protección de grupos de personas que son marginalizadas, dependen de un consenso político de los Estados miembros. En este caso específico, la Corte deja a personas intersex y personas no binarias, en países que no reconocen sus derechos de manera explícita, como rehenes de la incertidumbre de los avances políticos de la región. Desde una perspectiva de la protección de los derechos humanos, la falta de un consenso europeo establecido no debe utilizarse como argumento para violar un elemento esencial de la identidad de una persona.

Como se ve en este caso, el binarismo de género estricto en el sistema legal, provoca una gran cantidad de sufrimiento y discriminación para las personas que se autoidentifican como fuera del binarismo, tal como ocurrió con la persona peticionaria y otras personas intersex. Para los últimos, en particular, dicho binarismo también refuerza los prejuicios que sustentan la peligrosa práctica de cirugías y procedimientos médicos innecesarios en bebés y niñes, sobre sus características sexuales para que sus cuerpos se adecúen al sistema binario.

Esto es todavía más aterrador, puesto que en la decisión el Tribunal recuerda que varios organismos internacionales han pedido la protección del derecho al respeto de la propia identidad y de la autodeterminación de las personas intersexuales que se identifican fuera del sistema binario de marcadores de género, incluyendo a la Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Es demasiado preocupante que una Corte Internacional se preocupe más por los desarrollos políticos que por la protección de la dignidad de la vida humana y los estándares internacionales de derechos humanos. Termino estando de acuerdo con la reflexión de la Jueza Šimáčková, en su voto disidente en este caso: “¿Y cuáles son los argumentos del Estado? No naciste hombre o mujer, pero la ley no lo permite. Por lo tanto, debes adaptar tu cuerpo (aunque sufras) y tu alma (aunque te sientas humillado) para corresponder a las leyes adoptadas por el Estado. Considero que esta injerencia es tan grave que creo que viola el derecho del solicitante”.

Citación académica sugerida: Veado, Luíza Drummond. ¿Quién define el sexo?: a propósito del caso Y c. Francia. 2023/06/21. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/quien-define-el-sexo-a-proposito-del-caso-y-c-francia-del-tedh/

 

Palabras clave: Derechos humanos, personas intersex, Sistema Europeo de Derechos Humanos

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DE LA AUTORA
Luiza Drummond Veado

Oficial Sénior de Programas de Outright International, trabaja con las Naciones Unidas y lidera sus esfuerzos de promoción multilateral. Luiza es una abogada brasileña radicada en Nueva York. Previamente, trabajó en la Relatoría sobre Derechos de Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde desarrolló informes temáticos y trabajó en casos líderes regionales sobre derechos LGBTI. Anteriormente, fue miembro de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Essex y ha trabajado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional y el Consejo de Derechos Humanos del Estado de Minas Gerais y su Comisión de la Verdad. Luiza tiene un LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex.

Artículos Relacionados

Sigue nuestro Newsletter en LinkedIn

Suscribirte en LinkedIn

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.