¿Por qué es necesario que la CIDH pueda visitar Colombia en medio de la crisis?
27 de Mayo del 2021
Palabras clave: Colombia, Derechos Humanos, CIDH, protestas sociales
El 7 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió una comunicación al gobierno de Colombia solicitando su autorización para realizar una visita de trabajo al país. Esta carta, hecha pública el 14 de mayo, responde a una petición de movimientos sociales colombianos para que se investiguen las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas a raíz de las protestas sociales que iniciaron el 28 de abril. El 24 de mayo, la Canciller afirmó que –por ahora- el gobierno no aceptará una visita de la CIDH al país. No obstante, el 27 de mayo, anunció que tal visita se llevaría a cabo después del 29 de junio –fecha en la que se llevará a cabo una audiencia ante la Comision–. Todo esto mientras continúan las protestas en todo el país.
La CIDH fue creada por la Organización de Estados Americanos en 1959. Con la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en julio de 1978, desde entonces, este órgano ha adquirido una importante su labor en la región para proteger y promover derechos en las Américas, incluyendo las visitas a países.
El objetivo de este artículo es mostrar la importancia que las visitas de la CIDH han tenido para la protección de derechos y el restablecimiento del orden democrático y la importancia que podría la implementación de una medida similar en Colombia.
En 1979, Argentina se encontraba bajo el régimen de la junta militar liderada por el General Videla. Las noticias sobre violaciones a los derechos humanos eran graves: secuestros, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, etc. Esta visita fue fundamental para documentar la magnitud y sistematicidad de las violaciones que ocurrían en el país, contribuyendo a consolidar el naciente movimiento de derechos humanos argentino. Hasta hoy, esta visita es considerada como uno de los principales hitos en la historia de la CIDH y del propio Sistema Interamericano.
Frente a lo que viene ocurriendo en Colombia, este recuerdo es pertinente por un tema muy relevante: la importancia de la legitimidad de la entidad que documenta las denuncias y la confianza que las víctimas o sus familiares tienen para relatar sus testimonios, sabiendo que no serán hostigadas, revictimizadas o perseguidas.
El 10 de noviembre de 2020 el Congreso peruano destituyó al entonces presidente Vizcarra. El entonces Presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió la Presidencia del país, generando una crisis legal e institucional puesto que esta medida fue vista como una forma de que la extrema derecha asumiera el control del país a 6 meses de las elecciones. La población salió a protestar pacíficamente en todo el país, pero esta fue violentamente reprimida. Ante la presión social e internacional, el régimen de Manuel Merino renunció el 15 de noviembre, dejando un saldo de 100 heridos y dos fallecidos.
La visita al Perú fue a fines de noviembre del año pasado. A pesar de las restricciones de la pandemia, la CIDH se reunió con autoridades estatales, ONGs, medios de comunicación, víctimas y sus familiares. Su informe, publicado en diciembre, estableció, como recomendaciones, una lista de reformas que el Estado deberá adoptar para prevenir que esta situación vuelva a ocurrir. En este difícil contexto, los constantes comunicados de la CIDH, incluido su anuncio de visitar el país, la presentación de denuncias penales y la solicitud de medidas cautelares y peticiones ante la CIDH para proteger a protestantes contribuyeron a que el Estado responda por los detalles de sus operativos policiales.
Frente a la situación de Colombia, la visita a Perú fue importante por la similitud de denuncias sobre el actuar de la policía: uso desproporcionado de la fuerza, denuncias de violencia sexual en establecimientos policiales, detenciones arbitrarias, desapariciones, muerte de civiles y ataques a miembros de la fuerza pública.
El 24 de mayo, la Canciller se reunió con el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, informando que por ahora la CIDH no podrá visitar el país, ya que las entidades nacionales deben adelantar primero su labor de investigar las presuntas violaciones a derechos humanos. Esta posición es un golpe duro a las víctimas y organizaciones del país que solicitaron esta visita. Todo esto mientras el Congreso de Colombia discutía una moción de censura contra el Ministro de Defensa y siguen las protestas en todo el país.
Ahora bien, dado que se ha abierto la posibilidad de que se efectúe la visita de la CIDH después del 29 de junio y dada la importancia de estos espacios, es necesario proponer algunas medidas que ayuden a maximizar este impacto. De ninguna manera quisiera decir a las ONGs colombianas qué es lo que tienen que hacer. El movimiento de derechos humanos en Colombia es uno de los más sólidos de la región por lo que las recomendaciones presentadas a continuación se basan en experiencias recientes de monitoreo a visitas de la CIDH.
-Acceso a la justicia e impunidad.Es importante presentar y sistematizar las demandas de habeas corpus y de tutela (amparo/protección). De esta forma, una vez que la CIDH u otro organismo internacional esté en el país, se tendrá información actualizada de los diversos casos relativos a personas lesionadas, desaparecidas o muertas. En el Perú, esto fue fundamental para forzar a los tribunales nacionales a que cumplieran con su papel.
-Medidas cautelares ante la CIDH. Si se tiene información de personas o de un grupo específico cuyos derechos están en grave peligro, las solicitudes de medidas cautelares son fundamentales y en países como Colombia, la Corte Constitucional ha ordenado al Estado dar cumplimiento a estas solicitudes. Estas no necesariamente serán concedidas, pero demuestran al Estado que los órganos internacionales no se quedarán únicamente en declaraciones de prensa o mensajes en redes sociales. También ayudan para exigir a la CIDH una respuesta pronta a dichas solicitudes.
-Sistematización de la información sobre presuntas violaciones.Durante las protestas en el Perú, se sistematizó la información relativa a personas dadas como desaparecidas, detenidas o que se encontraban en hospitales. Esta información se actualizó diariamente. Otra entidad se encargó de recopilar la información multimedia y de verificar su autenticidad. Debo resaltar que dado que la mayoría de las protestas fueron en Lima, se facilitó la coordinación de esta información que eventualmente podría ser usada para los informes finales de la visita o un informe sobre los derechos humanos en el país.
-Seguimiento a la visita de la CIDH. Toda visita a un país tiene un informe oficial. Pero dada la grave situación de Colombia, no se debería descartar que se proponga la creación de grupos de trabajo especializados o la de un informe sobre los derechos humanos en el país. La medida que originó las protestas fue la fallida reforma tributaria pero hay situaciones relativas al proceso de paz y el asesinato de personas defensoras ambientales, indígenas y de derechos humanos que ameritan un estudio más detenido sobre la actual crisis. (Recomendado: ¿Un estado de cosas inconstitucional para personas líderes?)
Existen varias alternativas y posiciones sobre lo que la CIDH podría hacer, por lo que recomiendo la lectura del artículo escrito por mi colega Silvia Serrano sobre la importancia de una visita de trabajo de la CIDH al país, del artículo co-escrito por mi colega Enrique Prieto sobre el deber del Estado de proteger el derecho a la protesta social pacífica y del artículo de mi colega Juliana Bustamante, sobre las implicancias de la posición del gobierno de Colombia frente a la CIDH.
Una vez se adelante la visita de la CIDH a Colombia, esta debería ser realizada sin ningún tipo de restricciones para que la CIDH pueda reunirse con funcionarios públicos, organismos de derechos humanos, manifestantes y medios de comunicación. Además, la CIDH debe poder acceder, sin restricción ni previo aviso, a cualquier establecimiento policial, militar o cualquier otra dependencia en la que existan indicios de que haya sido usado como centro de detención. El gobierno, a su vez, debe facilitar el traslado a todas las zonas del país que se consideren necesarias y dar las garantías de seguridad necesarias.
Lo anterior no es una lista de demandas sino lo mínimamente necesario para que este órgano de derechos humanos pueda cumplir con su trabajo con autonomía e independencia. Un gobierno que respeta los derechos humanos no solo debería aceptar la visita de la CIDH sino también debe realizar una invitación abierta a los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas a que hagan lo mismo.
Citación académica sugerida: Herencia-Carrasco, Salvador: ¿Por qué es necesario que la CIDH pueda visitar Colombia en medio de la crisis?, Agenda Estado de Derecho, 2021/05/27, https://agendaestadodederecho.com/por-que-es-necesario-que-la-cidh-pueda-visitar-colombia-en-medio-de-la-crisis
Es director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Canadá.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
