El negacionismo en Argentina es un fenómeno en ascenso: además de situarse en el plano discursivo (negación, relativización y justificación de los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico militar), que incluye su difusión por parte de funcionarios públicos (Presidente Macri (2015-2019) y Milei (2023)), estas expresiones han llegado a plasmarse en acciones concretas: la vandalización de símbolos y lugares asociados a políticas de memoria, ataques a figuras emblemáticas del campo de los derechos humanos y, más recientemente, se ha incorporado a la narrativa oficial estatal, en el marco de la conmemoración del 49 aniversario del Golpe de Estado del 76’, la teoría de los dos demonios o de equivalencia de las violencias- estatal e insurgente- (negacionismo subjetivo) y el debate por la cantidad de víctimas (negacionismo de su identidad).

De las dos modalidades en las que se desarrolla el negacionismo, voy a referirme aquí al debate por los “30.000” asesinados y detenidos-desaparecidos por la última dictadura porque es donde mejor se evidencian los efectos en el presente y porque nos permite      comprender (con y sin h) la motivación implícita de estas estrategias y su oportunidad.

Como es sabido, la discusión sobre el número de víctimas de los procesos genocidas —que tiene como objetivo minimizar la gravedad de los crímenes y habilitar un negacionismo de la responsabilidad al contabilizar menos víctimas de las que reconoce la historiografía oficial—, es una modalidad habitual de negacionismo. La desvalorización cuantitativa se repite en distintas experiencias históricas, incluso separadas temporalmente de modo significativo.

En el caso argentino, la delimitación de la cantidad de víctimas del genocidio (1) (con el objetivo de construir fuentes documentales para el proceso historiográfico, en un sentido de afirmación del suceso y no como estrategia de negación) fue un tema importante desde sus comienzos: la estimación del número tiene antecedentes aún en pleno proceso represivo. Quizás la más conocida sea la del escritor Rodolfo Walsh que en su Carta abierta a la Junta Militar en 1977 menciona quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos y decenas de miles de exiliados. También la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) publicaba en enero de ese año su informe en el que se estiman 20.000 personas secuestradas y desaparecidas, 10.000 detenidas en cárceles y campos de concentración militares.

Con el paso de los años la estimación y la consigna que el movimiento de derechos humanos había instaurado sobre “los 30.000” detenidos,-desaparecidos por la dictadura no fue refutada: sino que resultó estar bastante cerca de lo que se tiene conocimiento. A 2015, el Registro único de víctimas del terrorismo de Estado (RUVTE) registraba cerca de 15 mil víctimas y los procesos judiciales incorporaron casos nuevos en cada tramo de las causas.

Desde 2016 y de modo creciente en los últimos años, este consenso sobre los “30.000” se puso en crisis y se señala como incuestionada la cifra oficial de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) de 8.961 víctimas, rechazando cualquier otro dato historiográfico posterior, pese a existir documentos oficiales, como se mencionara, que dan cuenta de una mayor cantidad de víctimas que las consignadas en 1984, lo que configura un negacionismo fáctico (de minimización de la experiencia histórica, en particular con relación a las víctimas). No se trata de un falseamiento de los hechos históricos, sino de una estrategia de ocultamiento y fragmentación.

Si bien la cifra a la que arriba la CONADEP era cierta a la década de los 80, 40 años después se presenta como información desactualizada (aunque no falsa en la materialidad, pero sí falseada al ser utilizada de modo sesgado, con el conocimiento de la información posterior oficial que la desmiente).

¿Cuál es el sentido, a más de 40 años de ocurridos los sucesos históricos, de introducir el debate por la cantidad de víctimas del genocidio argentino? Volver a la cifra de víctimas oficial de 1984 no es un intento de rigurosidad historiográfica y puede ser pensado en tres dimensiones.

En primer lugar, este debate emerge en el mismo momento en que comienzan a avanzar los procesos judiciales sobre la participación civil de los crímenes de la dictadura. Entonces la desvalorización cuantitativa como estrategia de negación de la gravedad de los crímenes posibilita un negacionismo de la responsabilidad de los perpetradores que no fueron previamente juzgados, y de los partícipes civiles y económicos. Es decir, la negación de la cantidad para evitar el debate de la responsabilidad (garantizando impunidad de actores aún no judicializados).

En segundo lugar, no solo constituye un ataque al recuerdo de las víctimas, sino centralmente a la construcción ético-política que han formulado en los últimos 40 años las distintas organizaciones que nuclean a las víctimas y familiares o cuya tarea es la defensa de los derechos humanos. Los “30.000” detenidos desaparecidos no son solo un número. Porque en la construcción de esa estimación, se condensa la historia de lucha que comenzó aún en dictadura y que continúa hasta nuestros días. Cuestionar la cifra construida colectivamente por aquellos, lleva ínsita la idea de cuestionar el coraje de la verdad, al decir de Foucault, del que ellos dan testimonio.

Cuando se niega la cantidad de víctimas del genocidio, no solo se niega quienes fueron ellas, sus militancias, sino el contenido simbólico de la lucha por la memoria del genocidio que encarnan siempre de modo activo los sobrevivientes y los familiares, pero también las políticas públicas (estatales) de reconocimiento.

So pretexto de la presunta invención de la cifra, se busca desprestigiar la lucha del movimiento de derechos humanos por la memoria, verdad y justicia, y desmantelar las políticas estatales desplegadas en esta dirección. Entonces la narrativa negacionista (en su dimensión discursiva) es la condición de posibilidad de materialidades concretas: entre otras, la reducción de asignación presupuestaria a los sitios de memoria, el despido de los trabajadores de la Secretaría de derechos humanos, el desmantelamiento del Archivo Nacional de la Memoria, del Banco Nacional de Datos Genéticos, de las áreas de defensa a cargo de la preservación de los archivos documentales de la dictadura, prueba útil en los procesos penales que se llevan adelante en la actualidad (a modo de ejemplo, ver aquí, aquí, aquí, aquí y aquí).

En una tercera dimensión, el negacionismo no se refiere a los modos de comprensión del ayer, sino a los sentidos del hoy: como síntoma del contenido material de las democracias contemporáneas. Desde esta mirada, la negación del ataque más extremo a la dignidad humana, que es el genocidio, se transforma en una herramienta eficaz para generar condiciones de repetición, validar representaciones y prácticas de exterminio.

La trampa negacionista, más que con el ayer, tiene que ver con ese vínculo cómplice entre quienes sostienen la negación de los crímenes de Estado y una agenda regresiva de derechos, que habilitan simultáneamente discursividades del exterminio del pasado y el ejercicio de violencias en los modos de relacionarnos con los otros (desiguales, asimétricos, estigmatizados) en el presente e, incluso, con políticas de hostigamiento. Por eso, enfrentar el negacionismo se convierte entonces en un imperativo ético de las democracias actuales.

En esta clave, quiero rescatar el modo en que el movimiento de derechos humanos ha actualizado la consigna histórica en tiempo presente: #Son30.000. Si el negacionismo ataca ese lugar de sufrimiento común que nos constituye —esa fragilidad de la ausencia que nos conforma como comunidad, porque somos esa ausencia—, entonces la conjugación en tiempo presente de la consigna evidencia una disputa por la posibilidad misma de historizar nuestra identidad. Nombrarlos en presente los reintegra a nuestro tiempo: forman parte del ‘nosotros’ que conformamos como sociedad. Y cuando además pronunciamos la consigna como un todo, casi sin pausas –SON30MILFUEGENOCIDIO–, hacemos presente el aniquilamiento, resistimos las consecuencias reorganizadoras del genocidio y cumplimos, colectivamente, nuestra promesa de no olvidar.

Nota:

(1) Entiendo el caso argentino como genocidio en tanto destrucción parcial del grupo nacional de acuerdo al artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y en concordancia con los desarrollos producidos desde las ciencias sociales (Feierstein, 2007, 2012, Thus, 2020, Silveyra, 2022) como lo fundamentan diversos tribunales nacionales.