Imprecisión: En el dictamen en comento se hacen referencias indistintas a los términos matrimonio infantil, matrimonio precoz y matrimonio forzado.

Aunque puede deducirse que las y los senadores buscan evitar las uniones civiles, religiosas o tradicionales por amenaza, violencia o la presión de los padres o familiares, esta ambigüedad genera dos problemas.

Por un lado, dificulta la valoración de los resultados de esta regulación a largo plazo, es decir, verificar cuál de estas prácticas disminuyó y, por otro, desconoce que también ocurren uniones consensuadas entre las y los adolescentes, indígenas o no, como expresión de sus afectos y el ejercicio de su sexualidad de manera placentera y segura. No reconocerlas es censurarlas.

Solución simplista: El Estado mexicano sólo se ha ocupado de regular las uniones tempranas a pesar de que en el mismo documento se destacan las diversas causas de esta práctica y, por tanto, su prevención abarca la mejora de las condiciones materiales de los hogares de las niñeces y adolescencias, indígenas o no, la atención de las violencias que ocurren en ellos, la transformación de las normas de género en torno a la sexualidad y la maternidad tempranas, o la masculinidad.

Sesgo adultocentrista: Primero, la iniciativa conserva expresiones como “los menores” que cito “no cuentan con elementos psicológicos, materiales e incluso físicos” o “que por su propia condición no tienen opción ni posibilidad de decidir por sí mismos”.

Segundo, los datos indican que son las adolescencias quienes más se involucran en las uniones tempranas, pero se justifica en la protección de las niñeces.

Tercero, se desconoce la capacidad de las niñeces y las adolescencias indígenas de participar en las decisiones públicas, así como de adoptar decisiones y responsabilidades propias (autonomía progresiva).

Sesgo racista: El dictamen reproduce ideas que vinculan los usos y costumbres con el retraso. Se menciona que la marginación mantiene vigentes los sistemas de autogobierno indígenas y que buen número de sus miembros desean conservarlos, pero otros están abiertos al cambio.

Asimismo, refiere que la prevalencia del “matrimonio infantil” es consecuencia, sobre todo, de las costumbres. Sin embargo, no reconoce que los usos y costumbres pueden ser una expresión de la resistencia a procesos de control o violencia y que el Estado ha invertido poco en revitalizarlos.

De forma simple, la iniciativa atiza la criminalización de las prácticas indígenas. Además, el matrimonio forzado está tipificado en la ley en materia de trata de personas, indicando penas privativas y multas a quien lo practique.