La respuesta está vinculada con el principio de igualdad entre varones y mujeres. Las mujeres deben ocupar estos puestos porque ese es su derecho. La Constitución Nacional, desde su reforma en 1994, a través de sus artículos 37 y 75 inc. 23 habla de la obligación del Estado para garantizar igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres a través de la promoción de medidas de acción positivas. 

El derecho de las mujeres a participar de la vida pública y política del país en condiciones de igualdad real significa que la obligación del Estado no termina solo con garantizar la ausencia de discriminación en lo formal o legal. Además debe asegurar que los efectos de aquellas normas no configuren indirectamente una situación de sometimiento para las mujeres, a la vez de crear entornos propicios para trasladar esa igualdad a los hechos, visibilizando y eliminando los obstáculos estructurales (como pueden ser los estereotipos de género) que impiden a las mujeres intervenir en los procesos de toma de decisiones.

Específicamente esto está incluido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) que forma parte del bloque de constitucionalidad en Argentina (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), es decir, está a la par de la Constitución y, por ejemplo, por encima de las constituciones provinciales. Además, el país asume la responsabilidad internacional por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en aquella Convención y en la Convención Belém do Pará sobre Eliminación de toda Forma de Violencia contra las Mujeres. 

 En el ámbito del Poder Judicial Nacional argentino actualmente no existe una ley que tenga como objetivo manifiesto la paridad, de hecho, recién en 2019 se estableció sólo un piso mínimo de participación de mujeres a través de la Resolución 266/19 del Consejo de la Magistratura de la Nación. Aquella modifica el reglamento de concursos públicos para la designación de magistraturas y a incluir al menos una mujer por terna. 

En el ámbito provincial, el artículo 111 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohíbe una composición del Tribunal Superior por magistradas/os de un mismo sexo, aunque esto no se contempla en todas las provincias del país. Por ejemplo, en aquellas donde si bien se registra paridad o mayorías compuestas por mujeres (como Chaco, Santa Cruz o Misiones) no existe una disposición dentro de sus Constituciones que asegure una composición inclusiva.  

La presencia paritaria de mujeres sirve para construir mayores niveles de legitimidad y confianza: no depende solo de que sus sentencias se ajusten a Derecho, sino que además requiere observar cómo están conformadas esos Tribunales. Importa no sólo “qué” sino “quiénes”.

Sobre este punto vale aclarar que elegir mujeres para integrar un Tribunal Superior como forma de construir mayor representatividad y legitimidad en la institución no tiene su justificación en que serán ellas las encargadas de traer el enfoque de género o solucionar su ausencia. Sin lugar a dudas es necesario y obligatorio, considerando la Ley Micaela, dotar al Poder Judicial de integrantes con perspectiva de géneros, pero esto no depende exclusivamente de las mujeres. El motivo de elegir mujeres juezas es que la integración de esos Tribunales debe reflejar la diversidad de la sociedad a la que representa.