Nicaragua: Violencia institucionalizada contra universidades y ataques a la libertad Académica

19 de abril de 2022
Nicaragua: Violencia institucionalizada contra universidades y ataques a la libertad Académica
Crédito foto: Pixabay

En Nicaragua se cerraron Universidades y se encarceló a estudiantes, por su participación en protestas ¿Cuál es el rol de la comunidad internacional?

“Denunciar la dictadura en mi país no es fácil. Pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible, es imposible”. Con estas palabras, el ahora exembajador de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) expuso cómo el régimen del presidente Daniel Ortega ha copado todas las instituciones del Estado, silenciando toda forma de oposición.

Durante 2018, la sociedad civil nicaragüense protestó contra diversas medidas del régimen de Ortega, las cuales fueron reprimidas violentamente. Siguiendo con el testimonio del embajador de Nicaragua del 23 de marzo del 2022, desde 2018 el gobierno ha arrestado más de 177 personas y más de 350 han perdido la vida. Además, se ha prohibido la publicación de la prensa escrita y restringido el acceso a redes sociales. Por ejemplo, se confiscó el periódico La Prensa, dejando al país sin periódicos impresos en circulación nacional. Igual destino ocurrió con el noticiero 100% Noticias y Confidencial, dejando al país sin medios de comunicación que no sean afines o controlados por el régimen.

La represión contra la libertad de expresión llevó también a la clausura de dos organismos de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos. En resumen, el régimen de Ortega ha perseguido toda entidad considerada como “opositora”. Se estima que más de 170 mil nicaragüenses han abandonado el país desde el inicio de las protestas en abril de 2018.

Las “elecciones” que se llevaron a cabo en noviembre de 2021 no contaron con observadores internacionales y se vetó la posibilidad de que opositores al régimen participen en elecciones libres y democráticas. Como exponemos más detalle, desde el 2018, las universidades nicaragüenses han liderado las protestas, exigiendo un proceso libre, abierto y transparente, de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana.

Dado el liderazgo de las universidades y estudiantes en las protestas, el régimen de Ortega adoptó, como retaliación, una serie de medidas contra las instituciones de educación superior del país. Por ejemplo, se han cerrado universidades privadas y se ha reformado la ley de autonomía universitaria para alinearla con los intereses del régimen; por orden del gobierno, se ha expulsado a estudiantes universitarios y despedido a personal académico vistos como opositores.  Todo esto afecta principios básicos de derechos humanos, de libertad académica y de autonomía universitaria en el país. El objeto de este artículo es mostrar la dimensión de esta crisis y hacer un llamado para que la comunidad internacional responda frente a un régimen dictatorial.

Ataques contra las universidades en Nicaragua

El autoritarismo no es amigo de las universidades. Buscan controlarlas pues su pensamiento crítico y autonomía es una amenaza para sus intereses La persecución contra estudiantes y universidades no es nueva en Nicaragua. Entre sus afectados están miles de estudiantes quienes han sido perseguidos, torturados, enjuiciados, exiliados y expulsados del país.

Desde 2018, más de 45 estudiantes han sido asesinados por las fuerzas de choque del partido político oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y más de 150 alumnos han sido expulsados de sus instituciones universitarias. Miles han enfrentado el cierre ilegal de sus universidades, mientras que cientos han preferido el exilio frente al amedrantamiento y la censura. Más de 37 estudiantes han sido encarcelados, 7 de los cuales permanecen en prisión.

Adicionalmente, el gobierno ha censurado la libre asociación y organización de los movimientos estudiantiles autónomos y solo permite la existencia de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), la cual es manejada por el régimen de Ortega. Como dijo el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, al recibir el premio Cervantes el 2018, las y los estudiantes “siguen luchando sin más armas que sus ideales”.

Cierre de universidades y persecución a opositoras y opositores políticos

En febrero de 2022, la Asamblea Nacional Nicaragüense, dominada por el FSLN, canceló la personería jurídica de cinco universidades: la Universidad Politécnica (UPOLI), la Universidad Católica del Trópico Seco, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios, la Universidad Paulo Freire y la Universidad Popular. Esta cancelación viola la ley de autonomía de las instituciones de educación superior, en la cual se reconoce la autonomía universitaria y se protege a las universidades de las intervenciones del Estado. Esta medida, además, ignora la Constitución Política, la cual prohíbe la confiscación de la propiedad.

El fundamento para este atropello no podría ser más burdo. El Ministerio de Gobernación consideró que, al no haber reportado sus estados financieros ni el de sus juntas directivas, estas universidades habían violado la ley contra lavado de activo y antiterrorismo. La verdad es que esta medida fue una retaliación contra las universidades que tuvieron un papel crucial en las movilizaciones ciudadanas de 2018. Posteriormente, estas universidades, bajo el control de Ortega y el FSLN, han sido reabiertas pero ya sin autonomía o libertad de pensamiento.

Pero la actuación del régimen de Ortega no se limitó al control de las universidades. El Gobierno elaboró una lista con nombres de profesores y alumnos que habían participado en las movilizaciones, forzando a que 150 estudiantes sean expulsados de las universidades públicas. Este procedimiento fue contrario a los principios básicos de debido proceso y publicidad. Dado el control político sobre las universidades y el poder judicial, estos estudiantes nunca pudieron defenderse frente a estas arbitrariedades.

Pero no sólo fueron expulsados, sino que, además, se les prohibió aplicar a otras universidades de Nicaragua o del extranjero durante los próximos tres años, puesto que sus expedientes y sus notas han sido borrados o porque las universidades se negaron a entregar la documentación necesaria para dichos trámites. Al mismo tiempo, el régimen, ya con el control de las universidades, despidió arbitrariamente a docentes y trabajadores administrativos de las universidades públicas, por razones de diferencias políticas.

Perspectivas sobre la libertad académica en Nicaragua en el ámbito internacional

Ante el control del aparato estatal y la falta de independencia judicial, es necesario buscar soluciones en el ámbito internacional. En el Sistema Interamericano, los recientemente adoptados Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgan herramientas para que la comunidad universitaria en Nicaragua siga luchando por sus derechos a la libertad académica y la autonomía de las instituciones académicas, al acceso a la educación sin ningún tipo de discriminación, a la inviolabilidad del espacio académico y a la integridad personal de las y los estudiantes. Pero, dado el copamiento de las instituciones, esta comunidad necesita el apoyo inequívoco de la comunidad internacional.

Uno de los retos es cómo afrontar el anuncio del retiro oficial de la Organización de Estados Americanos por parte de Nicaragua, el cual se efectuó el 19 de noviembre de 2021 y que entrará en vigor el 19 de noviembre de 2023. Este anuncio no excluye la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los órganos del Sistema Interamericano. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería usar los Principios y demás instrumentos interamericanos para demandar a Nicaragua ante la Corte Interamericana, buscando la protección de estudiantes, profesoras y profesores universitarios.

De forma paralela, el anuncio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 31 de marzo, creando un Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, abre la puerta para documentar e investigar las graves violaciones que ocurren en el país. Dado que la libertad académica tiene un impacto en la consolidación de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, este Grupo de Trabajo debería incluir, de forma expresa, la investigación de ataques contra las instituciones de educación superior y la comunidad internacional en el país.

El régimen de Ortega es responsable de graves violaciones a los derechos humanos. La falta de transparencia, la supresión de los mecanismos de control y el uso de la fuerza contra cualquier persona o institución considerada como opositora del régimen auguran un futuro difícil para el país. La comunidad internacional tiene el deber de apoyar a la comunidad universitaria nicaragüense y los organismos internacionales deben incluir la protección de la libertad académica como tema prioritario en sus investigaciones.

Citación académica sugerida: Arango Patiño, Catalina, Rivera Cruz, Elthon & Herencia-Carrasco, Salvador. Nicaragua: Violencia institucionalizada contra universidades y ataques a la libertad académica. Agenda Estado de Derecho. 2022/04/19. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/nicaragua-violencia-institucionalizada-contra-universidades-y-ataques-a-la-libertad-academica/

Palabras claves: Nicaragua, Libertad Académica, Universidades, Comunidad internacional

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Catalina Arango Patiño

Coordinadora del proyecto sobre Libertad Académica en las Américas de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa.

Salvador Herencia-Carrasco

Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa.

Elthon Rivera Cruz

Estudiante de ciencias políticas y activista de Derechos Humanos, con especial atención a derechos estudiantiles, libertad académica y autonomía universitaria.

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Su investigación se enfoca en temas relacionados con Governanza Multinivel e Integración de Mercados, Regionalismo Comparado y Derecho Internacional Público. Obtuvo su PhD en la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Ha publicado en inglés y castellano, en Latinoamérica e internacionalmente.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.