El régimen de Nicaragua ha cancelado la personalidad jurídica de más de mil organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo impacta esto en su funcionamiento?
En el transcurso de 2022, el gobierno de Daniel Ortega ha ordenado a la Asamblea Nacional de Nicaragua, la cancelación de personerías jurídicas de cientos de asociaciones sin fines de lucro, una arremetida sin precedentes contra el derecho de asociación que ya suma más de 1,200 organizaciones cerradas desde 2018 cuando estalló una profunda crisis sociopolítica y se prevé que la cifra ascienda a 1790 o más. ¿Agoniza la sociedad civil en Nicaragua?
La historia de las organizaciones sociales en Nicaragua se remonta a la época de la dictadura de los Somoza en el siglo XX cuando surgieron y tomaron impulso varios movimientos sociales, sindicatos y otras formas de organización social como organizaciones de beneficencia.
La característica general del contexto y de funcionamiento de esas formas organizativas es que no se reconocían derechos ciudadanos, la autonomía era sumamente baja o nula, así como los niveles de auto organización; por otra parte, existían organizaciones en abierta confrontación con la dictadura, pero no eran reconocidas ni contaban con institucionalidad.
Con la revolución sandinista en los años 80, se crearon numerosas organizaciones en todo el país y se masificó la participación ciudadana en asuntos públicos. Las formas organizativas más frecuentes fueron las organizaciones de masas, sindicatos, gremios, ONG y organizaciones sectoriales, organizaciones de mujeres, de trabajadores del campo, comunales, de poblaciones indígenas, cooperativas, de jóvenes, de trabajadores de la salud, entre otras.
La mayoría de estas organizaciones estuvieron vinculadas con el proyecto político de la revolución y su autonomía fue relativa, pues estaban atrapadas entre los intentos de cooptación por parte del gobierno y las fuerzas opositoras de la época. La autoorganización fue un proceso inducido tanto por el partido de gobierno como por la oposición.
En esa época se presentaron los primeros intentos de autonomía, la lucha por derechos sociales, económicos, civiles y políticos. Muchas de estas organizaciones estuvieron enfocadas en la defensa de la revolución, mientras que otro grupo importante se oponía a ella y algunas más estaban dedicadas a la promoción de intereses específicos.
Durante la época de la transición política en la década de los noventa, se produjo una explosión de organizaciones de tal manera que no sólo permanecieron las que ya existían, sino que se crearon numerosas organizaciones nuevas. La sociedad civil se amplió y diversificó sustancialmente en ese período. Surgieron más movimientos sociales, organizaciones locales, organizaciones sectoriales y diversas formas organizativas para la participación ciudadana.
También es cierto que se produjo un proceso de oenegización con el nacimiento de numerosas asociaciones sin fines de lucro que comenzaron a llenar los vacíos del Estado en materia de servicios sociales, especialmente a poblaciones en condiciones vulnerables. Surgieron numerosas redes, se diversificaron las organizaciones según sus intereses específicos; se promovió la ampliación de derechos ciudadanos, los intentos de influir en políticas públicas, y se incrementó la presión para abrir espacios públicos a la participación ciudadana.
Entre el 2000 y 2007, se amplió y consolidó el espacio organizativo de la sociedad civil, se incrementaron las iniciativas de coordinación, la construcción de plataformas para el ejercicio de derechos, la creación de espacios de participación para el diálogo entre el Estado y la sociedad, la elaboración de propuestas de políticas, iniciativas para fiscalizar la administración pública a diferentes niveles, entre otras actividades.
Todas estas formas de asociación ciudadana alcanzaron autonomía e independencia del Estado, y una buena parte de ellas asumieron una posición crítica respecto a diversos aspectos de la gestión pública tanto a nivel local como nacional.
La fuerza organizativa y de participación ciudadana promovió la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana (Ley 475) en el 2003, para reforzar el marco jurídico relativo a los derechos de asociación, de participación ciudadana y la auditoría social, dando pie a enriquecedoras experiencias en diferentes localidades y niveles. Este fue un período en el que Nicaragua transitó de la democracia representativa a la participativa, pues los ciudadanos, además de elegir a sus gobernantes, buscaban incidir, influir y comprobar la acción estatal.
Con el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en 2007, la democracia participativa que se había venido construyendo se transformó rápidamente a un modelo de “democracia directa”, promovido por el propio gobierno y estuvo asentado sobre lo que llamaron el “poder ciudadano”. Para eso se organizaron a los Consejos del Poder Ciudadano, los Comités de Liderazgo Sandinista, los Gabinetes de la familia y otras formas de organización pro-gobierno.
Simultáneamente avanzó un proceso de sustitución de actores en los diferentes espacios de participación ciudadana que se habían creado con anterioridad para desalojar a las organizaciones autónomas de sociedad civil e incorporar a las progubernamentales. Con eso, el sistema de participación y las organizaciones sociales quedaron completamente al margen de los espacios institucionales, toda vez que el gobierno de Ortega mantuvo una política hostil hacía la sociedad civil.
El estallido social de 2018 cambió significativamente el panorama organizativo de Nicaragua. Las primeras acciones pasaron de ser autoconvocadas por grupos de ciudadanos para convertirse rápidamente en formas de organización que tenían entre sus rasgos la horizontalidad, nuevos liderazgos, composición diversa, estructuras flexibles y pequeñas, canales de comunicación variados, mensajes y discursos diversos.
De esos grupos se conformó un movimiento cívico de carácter amplio en todo el país. Estas nuevas formas de organización social se sumaron a las que ya existían antes de 2018 para dar vida a un enorme capital social y político de organización ciudadana. Dos de las expresiones más destacadas fueron:
I. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) conformada por los actores y organizaciones que fueron convocados para participar en el diálogo nacional que se instaló en mayo de 2018 y cerró en 2019 por la falta de voluntad del gobierno de Ortega de encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis.
II. La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) con numerosas organizaciones y movimientos sociales, ONGs y otros actores.
Ambas plataformas existen todavía a pesar de los duros golpes que han experimentado por la represión gubernamental, especialmente desde finales de 2020 hasta la actualidad.
El último episodio en la confrontación que Ortega mantiene con la sociedad civil ha consistido en el descabezamiento del movimiento cívico con el encarcelamiento de sus líderes más destacados en 2021, la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en 2021 y una nueva ley de ONGs en 2022, así como la cancelación masiva de personerías jurídicas a asociaciones sin fines de lucro, bajo el argumento de que no cumplen con la nueva legislación.
Entre las organizaciones canceladas se encuentran: filantrópicas como Operación Sonrisa, educativas como el Foro Eduquemos, culturales como la Academia de la Lengua de Nicaragua, científicas como la Academia de Ciencias de Nicaragua, de desarrollo, médicas, universitarias, religiosas y defensoras de derechos humanos.
Con esto, Daniel Ortega pretende eliminar toda forma de organización ciudadana autónoma, además de reafirmar la narrativa oficial sobre el estallido social de descontento como un “intento de golpe de estado”. Pero, como se dijo antes, la sociedad nicaragüense ha construido un inmenso capital social de organización y participación ciudadana que trasciende la formalidad de las personerías jurídicas, está vivo y es el pilar fundamental para la transición que se avecina.
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Citación académica sugerida: Cuadra Lira, Elvira. Nicaragua: ¿agoniza la sociedad civil?. Agenda Estado de Derecho. 2022/08/03. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/nicaragua-agoniza-la-sociedad-civil/
Palabras clave: Nicaragua; libertad de asociación; sociedad civil
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
