El Ministerio Público de Guatemala ¿cómo generar una crisis nacional de derechos humanos?
16 de Agosto de 2024
Se denuncia que las acciones del Ministerio Público de Guatemala han facilitado violaciones de derechos humanos, destacando la inacción contra la corrupción, la persecución de periodistas y defensores de derechos humanos, y su interferencia en las elecciones de 2023.
Una de las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó al Estado de Guatemala luego de su visita al país (la primera en 7 años) fue “realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos”. De las 10 recomendaciones, al menos 7 se relacionan con el Ministerio Público (MP), lo cuál motiva a preguntarse: ¿por qué se le prestó tanta atención a este ente en específico?
Guatemala no es un país con un récord positivo en materia de derechos humanos. Desde 2021, ha sido incluído en el Capítulo IV.B del Informe Anual de la CIDH por la presencia de “situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales”. En este podio de dudoso honor acompaña a Cuba, Venezuela y Nicaragua. De los cuatro países, Guatemala es el único que no se clasifica como autoritario, sino como un régimen híbrido.
Puede parecer confuso entonces que la CIDH le haya prestado tanta atención al Ministerio Público, habiendo tantos problemas que atender. Sin embargo, la situación actual de Guatemala es un ejemplo interesante sobre cómo la corrupción de una sola institución es suficiente para generar una crisis estructural de derechos humanos.
Existen cientos de ejemplos sobre cómo un Ministerio Público o Fiscalía puede vulnerar derechos de particulares, por ejemplo con negligencia que perpetúa la impunidad, discriminación que limita el acceso a la justicia, o criminalización que atenta contra la libertad.
Sin embargo, no es tan claro como es que esta institución, que no maneja fondos públicos, que no tiene una fuerza pública, y que no presta servicios para atender necesidades básicas, puede llegar a afectar gravemente el goce de los derechos fundamentales de manera que se genere un problema estructural. El MP de Guatemala explica cómo.
La venganza que el actual MP ha emprendido en contra de periodistas y defensores de derechos humanos ha afectado a más que a los criminalizados y sus familias. Al perseguir periodistas como represalia por sus publicaciones, no solo se viola la libertad de expresión del perseguido, sino de toda la sociedad, pues se le priva de acceder a información y se genera un ambiente de temor que motiva a la autocensura.
De forma similar, al criminalizar a defensores de derechos humanos que defienden derechos colectivos (por ejemplo al medio ambiente o la democracia), se atenta contra estos derechos. Además, la persecución sistemática genera un efecto amedrentador en las personas, que puede motivarles a abstenerse de ejercer su derecho a defender derechos humanos, o asociarse con personas que lo ejercen.
La persecución que el MP ha hecho de operadores de justicia y otros servidores públicos también tiene un impacto colectivo (incluyendo a los integrantes de las Comisiones encargadas de nominar jueces para las altas cortes del país); esto atenta contra la independencia judicial y el Estado de derecho, garantías básicas para el goce del resto de derechos humanos.
Ciertos derechos políticos, en particular aquellos relacionados con la democracia y las elecciones, tienen tanto una dimensión individual como una colectiva, pues, si bien el derecho a elegir y ser electo son inherentemente individuales, su materialización (la composición del Estado con base en la decisión de los votantes) es colectiva. Es por ello que cualquier alteración de las elecciones constituye un impacto generalizado en los derechos humanos.
Esto es lo que ocurrió en Guatemala con reciente intento de golpe de Estado técnico, cuando el MP intentó, mediante una serie de artimañas legales (principalmente al solicitar la suspensión de la personalidad jurídica del partido político ganador, el Movimiento Semilla), desconocer los resultados de las elecciones generales de 2023 e impedir que el actual presidente Bernardo Arévalo y su partido político “Semilla” tomaran posesión.
Si bien las acciones iban dirigidas principal o exclusivamente a dicho partido político y al Tribunal Supremo Electoral, el tentativo resultado de las mismas – desconocer la voluntad popular, tenía un impacto colectivo, que iba mucho más allá de los políticos procesados.
El derecho a elegir no sólo implica que las autoridades electas tomen posesión, sino también que tengan una oportunidad real y efectiva de ejercer su cargo, sin obstáculos indebidos que limiten arbitrariamente sus facultades.
El MP también atacó este derecho, pues logró mantener la suspensión de la personalidad jurídica del partido oficialista, lo que les prohibe ejercer importantes facultades parlamentarias, lo que debilita sus posibilidades de negociar leyes y reformas, incluso aquellas con gran apoyo popular.
Como el único ente encargado de la persecución penal, la acción (o más bien, la inacción) del MP en casos de corrupción también tiene un impacto colectivo. Como ha indicado la Corte IDH, “la corrupción repercute negativamente en toda la sociedad, pues la población pierde confianza en el gobierno y, con el tiempo, en el orden democrático y el estado de derecho.”
Al no perseguir diligentemente casos de corrupción relacionados con el mal uso de fondos públicos, la adquisición de productos médicos, o el medio ambiente, también afecta a la población, pues los responsables pueden continuar con estos actos cuyas consecuencias violan derechos humanos de forma generalizada, incluyendo a la integridad personal (por ejemplo, por la criminalidad) a la salud (al no tener acceso a medicamentos), y a un medio ambiente sano (al aumentarse la depredación de recursos naturales).
El miércoles 31 de julio, la Fiscal General del Ministerio Público publicó un video de 17 minutos rechazando las observaciones de la CIDH, tachándolas de parcializadas, erradas y falsas.
También indicó que presentó una acción constitucional solicitando que se persiguiera al Presidente de Guatemala y se destituyera a su equipo por “atentar contra la independencia de la institución” (incluyendo, claro, por denunciar a nivel internacional los ataques del MP).
Es posible que la Corte de Constitucionalidad no acate esta petición, pero es evidente que el MP está tomando acciones que tienen, cada vez más, un impacto colectivo, y pueden resultar en un verdadero quebrantamiento institucional.
Es claro, entonces, por qué la CIDH le prestó tanta atención a este organismo: la institución estatal que actualmente tiene la mayor responsabilidad en violar los derechos humanos de los guatemaltecos es el Ministerio Público de Consuelo Porras.
Citación académica sugerida: Urizar, Javier. El Ministerio Público de Guatemala ¿cómo generar una crisis nacional de derechos humanos?. Agenda Estado de Derecho. 2024/08/16. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/ministerio-publico-de-guatemala/
Palabras Clave: Guatemala, Latinoamérica, Ministerio Público, estado de derecho, corrupción, criminalización.
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Javier Urizar es abogado guatemalteco, especializado en derechos humanos. Actualmente, es consultor de las ONG “International Service for Human Rights” y Be Just”
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
