¿Hasta dónde va la libertad de expresión de las autoridades del Estado?

4 de Diciembre del 2020
¿Hasta dónde va la libertad de expresión de las autoridades del Estado?

La respuesta a la pregunta planteada en el título parece bastante obvia. Efectivamente las autoridades gozan del derecho a ejercer la libertad de expresión, sobre todo porque es parte de su función primordial informar sobre los actos de gobierno en aras de garantizar el derecho a saber de la sociedad. Sin embargo, en el contexto mundial y regional actual, el uso de este derecho por parte de autoridades, se ha vuelto problemático ante las descalificaciones y estigmatización que profieren jefes de Estado y otros integrantes de la administración pública contra medios de comunicación y periodistas que les son incómodos.

Hoy en día la estrategia de comunicación como arma del poder político se ha potenciado ante los grandes retos que enfrentan los Estados latinoamericanos en contextos de suma violencia, impunidad, corrupción y desigualdad. Pareciera que la imposibilidad de resolver problemas estructurales y coyunturales encuentra en la comunicación política una forma de distorsionar el debate público para que los mensajeros/as y no el mensaje, sean el centro del debate. En esta disputa por la narrativa la condición de autoridad del enunciante tiene un peso mayor que el de cualquier sujeto. Sin duda hay una ventaja basada en el poder formal y simbólico de quien habla frente al objeto y receptores de ese mensaje. Vamos a los ejemplos.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha instaurado un modelo de comunicación gubernamental basada en conferencias matutinas diarias. Durante prácticamente 180 minutos al día, el Jefe del Ejecutivo habla, pontifica, juzga, persuade, absuelve, desestima evidencia y descalifica a sus adversarios. Entre dichos adversarios están, por supuesto, la prensa que el califica como “conservadora”, “fifí” (elitista), “neoliberal”.  Cuando hay indicios de actos de corrupción por parte de sus alegados, el presidente simplemente profiere una letanía de calificativos que desvían el debate del punto central.

Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador, ha hecho lo propio. En los últimos meses se ha enfrascado desde su comunicación oficial en una serie de ataques públicos en contra del medio digital El Faro. La cosa no ha parado ahí. El titular del Poder Ejecutivo salvadoreño ha llegado al extremo de anunciar investigaciones penales en contra del medio crítico que reveló negociaciones de su gobierno con la pandilla conocida  como la Mara Salvatrucha.

Último ejemplo. En una escalada de descalificaciones que se agudizó con la pandemia de COVID 19, el presidente brasileño Jair Bolsonaro se “sube al ring” para menospreciar el trabajo periodístico y acusar a la prensa de mentir al “sobre dimensionar” los efectos del virus SARS-Cov2.

Lo que tienen en común gobernantes como los citados es su considerable popularidad y la subsecuente movilización de ciudadanos y ciudadanas dispuestas de dar una batalla en redes sociales contra los medios de comunicación tradicionales. Todo esto pudiera considerarse parte de un debate robusto y desinhibido. Pero no es así si tomamos en cuenta que la prensa se encuentra históricamente bajo asedio en nuestra región. Aún más preocupante cuando la batalla contra la prensa calificada como “corrupta” o “elitista” se basa en hechos manipulados o sin evidencia suficiente.

La violencia contra periodistas en América Latina encuentra su forma más extrema en el asesinato; los controles estatales sutiles de las líneas editoriales mediante el pago discrecional y opaco de publicidad oficial; la concentración mediática en unas cuantas manos. Esos son algunos factores que nos permiten vislumbrar los efectos nocivos de una discursividad oficial anti-verdad y anti-prensa. De esta manera, la virulencia social contra la prensa prodigada desde el poder público provoca un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de prensa y logra imponer en el imaginario colectivo un absoluto desdén por la verdad.

Como botón de muestra tenemos que en México se agrede a la prensa cada 10.75 horas. Entre las agresiones con intención censora tenemos que se han asesinado a 6 periodistas en lo que va del año. Con ese telón de fondo, los ataques virulentos de funcionarios y particulares avanzan en un ambiente que se sobrentiende permisivo (“el presidente lo hace, porque yo no”), redundando en una escalada de violencia contra periodistas.

Este debate no es nuevo en la región. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en el caso Kimel vs. Argentina que las limitaciones a la libertad de expresión de las autoridades, consisten en considerar que los funcionarios públicos “deben  constatar  en  forma   razonable,   aunque   no   necesariamente   exhaustiva,   los   hechos   en   los   que   fundamentan  sus  opiniones y deberían  hacerlo  con  una  diligencia  aún  mayor  a  la  empleada  por  los  particulares,  en  razón  de  su  alta  investidura,  del  amplio  alcance  y  eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población”.

En cuanto a la afectación de los derechos fundamentales de otros/as el Tribunal Interamericano señaló en el caso Ríos y otros vs. Venezuela que las autoridades “[…] tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos […]. Este deber de especial cuidado  “se  ve  particularmente  acentuado  en  situaciones  de  mayor  conflictividad   social,   alteraciones   del   orden   público   o   polarización   social   o   política,   precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado”.

La Corte ha señalado puntos clave sobre el tema que nos ocupa. Uno, la necesidad de identificar la posición del eminente del discurso. Dos, una mayor obligación de informar con veracidad. Tres, atender a los derechos que se ponen en riesgo mediante ciertos discursos que son considerados oficiales. Cuatro, atender al conjunto de riesgos que detonan las declaraciones públicas en contextos de conflictividad social y polarización social.

En suma, las autoridades sí gozan de libertad de expresión, pero son responsables de sus dichos que en tanto detentan la calidad de garantes de otros derechos. Si el ejercicio de su libertad de expresión conlleva colocar en peligro los derechos de la población – particularmente de las y los periodistas- es evidente que se configura un abuso del derecho. Ello se agudiza cuando las declaraciones públicas de funcionarios o funcionarias del Estado manipulan los hechos y se emiten en contextos de fuerte convulsión social, peligros para el orden público o (como hoy día) en un contexto de emergencia sanitaria.

En el complejo tráfico de relaciones jurídicas que implica la libertad de expresión, encontramos que el ejercicio de la libre manifestación de ideas de las autoridades no se equipara al del común de la población. Mientras las personas particulares gozan de una amplia protección a cualquier discurso y podemos ser sumamente mordaces, críticas y hasta ofensivas de cara a la función pública; las autoridades están sujetas al escrutinio público por la naturaleza de su cargo. Ello también incluye lo que declaran: no pueden simplemente hablar y decir cualquier cosa que confunda a la población o lesione derechos.

De hecho, encontramos que sus dichos como autoridades públicas conlleva grandes responsabilidades legales y políticas y son sujetos a ese escrutinio de la sociedad y la prensa. Un recordatorio pertinente y oportuno cuando una oleada de tergiversaciones de la realidad y descalificaciones de voces críticas desde la palestra pública se torna una peligrosa epidemia que embate nuestras débiles democracias.

Citación académica sugerida: Maldonado, Leopoldo: ¿Hasta dónde va la libertad de expresión de las autoridades del Estado?, 2020/12/04, https://agendaestadodederecho.com/libertad-de-expresion-de-las-autoridades-del-estado

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ACERCA DEL AUTOR
Leopoldo Maldonado

Director Regional/Regional Director
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.