La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas impone a los Estados el deber de proteger a los niños, niñas y adolescentes de todas las formas de explotación (incluida la sexual) y la trata de personas en sus diversas modalidades. Por su parte, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados obliga a los Estados a implementar medidas para evitar que menores de 18 años sean reclutados por grupos armados estatales o independientes. Colombia es parte de ambos instrumentos internacionales desde 1991 y 2003, respectivamente, por lo tanto, está sujeta a dar cumplimiento a los deberes e interpretaciones que derivan de ellos.

Por su parte, en la Observación General N°6 de 2005, el Comité de los Derechos del Niño estableció que los menores no acompañados o separados de su familia también serán protegidos con medidas especiales contra la trata de niños, niñas y adolescentes, y de toda forma de explotación, malos tratos y violencia, de índole sexual u otra, ya que estas prácticas vulneran su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Para impedir la trata contra niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus padres es necesario que el Estado los identifique (lo cual implica hacer un censo o registro), indague de manera periódica sobre su paradero (determinar si salieron y/o están residiendo en su país de origen o en otro) e implemente campañas de información contra la trata, de manera que pueda llegar a todos en un lenguaje comprensible para ellos y acorde a su edad y género.

En el caso de la niñez migrante venezolana no acompañada o separada puede resultar complicado en algunos casos determinar su nacionalidad por varias razones, a saber: 1) la mayoría viaja sin pasaporte; 2) algunos solo llevan cédula de identidad venezolana; 3) otros viajan con la partida de nacimiento o sin ningún tipo de documento; 4) actualmente no existen relaciones consulares y diplomáticas entre Colombia y Venezuela, que permitan implementar mecanismos de cooperación para verificar la nacionalidad de estas personas. Sin embargo, la obtención de documentos en Venezuela también resulta difícil en ocasiones, debido a las deficiencias que sigue presentando el organismo de identificación de este país. Sin embargo, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que en estos casos “si el niño tiene familiares en el país de destino, el país de origen o un tercer país, las autoridades encargadas de su protección y bienestar en los países de tránsito o de destino deberán ponerse en contacto con dichos familiares lo antes posible”.

Sobre este particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a los países miembros de la Organización de Estados Americanos, en los que se incluye a Colombia, a expedir canales regulares, seguros y accesibles para personas venezolanas que por causas ajenas a su voluntad no cuenten con la documentación usualmente solicitada para la regularización migratoria, incluida la reunificación familiar en el país receptor.  Lo que significa que, en caso de niños, niñas y adolescentes migrantes indocumentados, separados y no acompañados por sus padres, el Estado colombiano debería expedir documentos, tanto a los niños y miembros de su núcleo familiar, que le permita regularizarse en el país y reunirse nuevamente con sus familiares, bien sea en Colombia o un tercer país.

La observación general conjunta N°4 del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y N°23 del Comité de los Derechos del Niño establece que en caso de niños indocumentados en el contexto de la migración internacional, los Estados deben procurar no obstaculizar el derecho del niño a la reunificación familiar. No obstante, no procede “la reunificación familiar en el país de origen cuando exista un “riesgo razonable” de que este retorno daría lugar a una violación de los derechos humanos del niño”. En ese caso, deben adoptarse medidas para que los padres se reúnan con sus hijos en el país receptor, para lo cual deben ofrecer a estos últimos las facilidades necesarias para la regularización de todos los miembros de su núcleo familiar, incluso brindarles apoyo financiero.      

Cuando se trate de menores de edad no acompañados o separados que han sido víctimas de trata de personas no se les deberá penalizar o castigar por su conducta, sino que las autoridades deberán brindar asistencia y reconocerles como víctimas de violación de derechos humanos, garantizándoles protección y reparación, además de castigar penalmente a los responsables. Adicionalmente, las autoridades nacionales, departamentales, regionales y locales deben evitar que grupos armados en conflicto recluten entre sus filas a menores de edad migrantes no acompañados o separados y, en caso de haber sido víctimas del conflicto, elaborar un sistema general, adaptado a cada edad y género, de apoyo y asistencia psicológica.

Los menores de edad migrantes no acompañados o separados víctimas tanto de trata como de reclutamiento forzado no podrán ser deportados a su país de origen, salvo que sea más beneficioso para ellos; se les debe permitir solicitar asilo y acceder al procedimiento de determinación; brindarles asistencia y acompañamiento psicológico, material, de alojamiento, documentación, educación, etc.; y evitar que sean nuevamente objeto de estos hechos.

Por su parte, en la Opinión Consultiva N°21/14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció que es necesario que los Estados determinen con carácter preferente la situación de una niña o un niño no acompañado o separado de su familia, ya que por su condición están expuestos a múltiples riesgos que pueden resultar perjudiciales para su vida, supervivencia y desarrollo. Entre esos riesgos se encuentran la trata infantil,  la explotación y los malos tratos. Por ello, los Estados deben implementar medidas necesarias para prevenir y combatir la trata de personas, tales como todas aquellas medidas de investigación, protección para las víctimas y campañas de información y difusión.

Adicionalmente, la Opinión Consultiva N°21/14 dispuso que resulta esencial que a las víctimas de trata la autoridad les tome en cuenta su declaración con el fin de establecer su identidad, las causas que le forzaron a salir de su país de origen o nacimiento y considerar que estas pueden ser refugiadas en caso de reunir los elementos para ello. Será vital que el Estado capacite en materia de trata infantil a los funcionarios que actúan en la frontera, con el objetivo de brindar a la niña o al niño un asesoramiento eficaz y una asistencia integral.

La Convención Americana, ratificada por Colombia en 1973, en su artículo 6 prohíbe de manera absoluta e inderogable la esclavitud, la servidumbre, la trata de mujeres y de esclavos en todas sus formas. En caso de guerra o conflicto armado no puede ser suspendida esta prohibición, ya que es un deber de obligatorio cumplimiento por todos los Estados. Por esta razón, nadie puede ser obligado a ejecutar trabajos contra su voluntad. En ese orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la trata de personas, servidumbre, trabajo forzoso y otras prácticas similares a la esclavitud, constituye una violación permanente o continua de derechos humanos, que “muchas veces conllevan violaciones de otros derechos humanos fundamentales”.