Los ecosistemas como víctimas del conflicto armado colombiano
25 de Julio de 2024
La Jurisdicción Especial de Paz en Colombia ha reconocido a determinados ecosistemas como víctimas del conflicto armado. ¿Por qué y qué implica?
La Jurisdicción Especial para la Paz (Colombia) publicó, en julio de 2022, el documento diagnóstico titulado “El ambiente como víctima silenciosa”. En este, se aborda la destrucción al ambiente como “forma de delito pluriofensivo”, que vulnera simultáneamente los derechos a la vida, agua, salud y vivienda de poblaciones enteras. Dicha aproximación coincide con la declaración de ecosistemas como sujeto de derechos en diferentes jurisdicciones y el reconocimiento de la JEP y la jurisdicción ordinaria al medio ambiente, como una víctima del conflicto armado.
Cuando se habla de víctimas del conflicto armado se alude a aquellas personas que individual o colectivamente han sufrido daños como consecuencia de los hechos de la guerra. Sin embargo, el conflicto armado en Colombia ha tenido efectos graves, directos y duraderos sobre los ecosistemas a causa de hechos como los atentados contra la infraestructura petrolera, los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Como consecuencia, en las distintas jurisdicciones y a raíz de diversos litigios, se ha discutido si los ecosistemas pueden considerarse víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta las profundas afectaciones que han sufrido, su destrucción en el marco del conflicto y la conexidad entre su existencia y los derechos fundamentales de ciertas comunidades.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad, el conflicto armado ha generado graves daños en los ecosistemas y los seres vivos y, consigo, se han afectado los modos de vida de las comunidades locales, los grupos étnicos y su relación con su territorio. Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 2001 y 2014, fueron taladas 290.992 hectáreas de bosque para el cultivo de coca. A la deforestación se suman los ataques a la infraestructura petrolera calculados en alrededor de 3.567, desde 1986 a 2015. Justamente, uno de los eventos más graves tuvo lugar en 2015 cuando un ataque de las FARC al oleoducto Trasandino produjo el derrame de 410 mil galones de petróleo dejando a 160 mil habitantes sin servicio de agua. A lo anterior se suman otros efectos derivados de la aspersión aérea con glifosato sobre 1.500 hectáreas entre 2002 y 2015, la siembra de cultivos ilícitos, los múltiples bombardeos aéreos y el uso de los ríos como medio de desaparición forzada, donde han sido rescatados 1017 cuerpos.
En Colombia, desde 2016, con la Sentencia T-622 de la Corte Constitucional, se ha gestado un enfoque ecocéntrico que concibe a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos que encuentra justificación en el interés superior del medio ambiente y en las disposiciones constitucionales que exigen la protección de los ecosistemas por su vínculo de interdependencia con los seres humanos.
Sin embargo, más allá de tratarse de un enfoque ecocéntrico, lo que en realidad ha hecho la Corte Constitucional y otros tribunales colombianos ha sido un ejercicio de conexidad prospectiva con el que se busca limitar las actividades de las generaciones presentes y detener las causas de deterioro ambiental para que las futuras generaciones puedan contar con condiciones que permitan su supervivencia y la disponibilidad de recursos, en una suerte de equidad intergeneracional. De esta forma, más allá del otorgamiento de derechos a los ecosistemas, en realidad la protección se encuentra direccionada a los seres humanos, especialmente a las generaciones futuras.
Las cortes y otros tribunales de instancia han articulado los principios de solidaridad intergeneracional y el derecho humano a la pervivencia y han declarado sujetos de derechos a varios ecosistemas afectados por el desarrollo de actividades antrópicas. Con todo, las sentencias relativas a la protección del río Atrato y el río Cauca son las decisiones judiciales que han demostrado una relación directa con el conflicto armado.
En el ámbito del derecho internacional, instrumentos como el Estatuto de Roma contempla como crimen de guerra los ataques dirigidos contra el ambiente natural cuyos efectos sean graves y duraderos. De igual forma, existen varias normas consuetudinarias aplicables al medio ambiente: (i) la norma consuetudinaria 43 dispone que los principios sobre conducción de las hostilidades se aplican al medio ambiente natural; (ii) la norma 44 establece que los medios y métodos de guerra deben emplearse teniendo en cuenta la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente, por lo que habrán de tomarse las precauciones necesarias para evitar cualquier daño o al menos reducirlo y, (iii) la norma 45 prescribe que “la destrucción del medio ambiente natural no puede usarse como arma”.
En el ámbito del derecho interno, se cuentan con instrumentos normativos como la Ley 2111 de 2021 que hace una actualización de los tipos penales específicos contra el medio ambiente, destacándose la creación del tipo de ecocidio, entendido como “el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas”.
Asimismo, se han evidenciado algunos avances en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, con base en normas consuetudinarias, reconoció al río Cauca como víctima dentro del Caso 005 que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. La JEP indicó que esta decisión se adoptó ante las graves vulneraciones que sufrió este ecosistema durante el conflicto armado, al ser utilizado como fosa común por los paramilitares y miembros de la fuerza pública, sumado al vertimiento de químicos usados para la minería ilegal y la producción de sustancias ilícitas.
No obstante, a pesar de los esfuerzos antes indicados, tenemos que, por ahora, en Colombia no se ha demostrado que la destrucción de un ecosistema haya sido utilizado como un arma de guerra. El estado de cosas constitucional actual evidencia la destrucción de los ecosistemas en el contexto del conflicto, como consecuencia del desarrollo de actividades como la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Empero, la voladura de oleoductos se encuentra en una zona gris que tendrá que decidir la JEP y la justicia ordinaria, pues estas acciones bélicas no parecen destinadas a convertir al ecocidio como arma de guerra, sino ejercer control sobre quienes producen los hidrocarburos, y obtener ventajas militares, económicas y sociopolíticas.
Es probable que, de cara a resolver este asunto, la justicia no sólo deba resolver si la voladura de oleoductos ha sido un arma de guerra y un ecocidio, pues deberá determinar de qué manera se debe proceder a reparar los intereses colectivos que subyacen, su restauración y garantías de no repetición. En todo caso, como ha sucedido en aquellas sentencias que han declarado ecosistemas como sujetos de derecho, el gran desafío corresponderá a la eficacia de las decisiones y las órdenes judiciales que se impartan, considerando las dificultades y recursos que se requieren para la restauración de ecosistemas, las continuidades del conflicto armado con otros grupos armados organizados y la penetración del Estado en dichas zonas.
Citación académica sugerida: Juan Pablo Sarmiento Erazo y Jairo Sebastián Jiménez Caro. Los ecosistemas como víctimas del conflicto armado colombiano. Agenda Estado de Derecho. 2024/07/25. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/los-ecosistemas-como-victimas-del-conflicto-armado-colombiano/
Palabras clave: Colombia, naturaleza, víctima, conflicto armado, ecosistema.
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Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster y Doctor en Derecho de la Universidad de los Andes. Profesor Asociado de la Universidad de La Sabana. Miembro del Grupo de Investigación Justicia, Ámbito Público y Derechos Humanos. Coordinador de la línea de Asuntos Ambientales de la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos de la misma Universidad.
Estudiante de Derecho y de la Maestría en Contratación Estatal de la Universidad de La Sabana. Integrante del semillero de investigación “Gobierno y Compra Pública” y miembro de la línea de Asuntos Ambientales de la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
