Un derecho en el olvido: La Libertad Académica en América Latina

23 de Octubre del 2020
Un derecho en el olvido: La Libertad Académica en América Latina

“La educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia”. Estas palabras de Quino, inmortalizadas por Mafalda, reflejan la importancia de la educación para el progreso de nuestras sociedades. A pesar de que todo el mundo parece estar de acuerdo sobre su relevancia, llama la atención el lugar casi secundario que la libertad académica tiene, sobre todo, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

A modo de ejemplo, de las 44 relatorías y mandatos especiales que tiene la ONU en materia de derechos humanos, no existe ninguno exclusivamente dedicado a la libertad académica. Por lo general, se asume que ésta es parte de la libertad de expresión o del derecho a la educación. Dado que los derechos humanos son interdependientes, esto es, en parte, cierto. Sin embargo, la libertad académica es un derecho autónomo y sus componentes impactan toda la sociedad y no únicamente lo que ocurre dentro de un salón de clase.

De ahí la importancia del informe de la Relatoría Especial de la ONU sobre Libertad de Expresión a la Asamblea General durante este mes. El objetivo de este artículo es analizar algunos de los componentes de este informe, contextualizando su importancia para América Latina. 

Junto pero no revuelto: Libertad académica, educación y libertad de expresión

El informe inicia presentando una definición simple sobre la libertad académica, esta podría ser  la posibilidad de  llevar a cabo actividades que impliquen el descubrimiento y la transmisión de información e ideas, y de hacerlo con la protección integral del derecho de los derechos humanos”.

Más allá del vínculo que se tiene entre la educación y la libertad de expresión, la libertad académica tiene un contenido propio que debe ser protegido por los Estados. De acuerdo con la Observación General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la libertad académica incluye la libertad de investigación y de expresión, la posibilidad que tienen los estudiantes, profesores e investigadores de desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otro agente externo, así como la capacidad de participación en organismos académicos profesionales o representativos.

Informe de la relatoría: Ataques globales y la necesidad de priorizar su protección

El informe de la Relatoría Especial de la ONU sobre Libertad de Expresión hace un llamado a que los Estados y los organismos internacionales incluyan este derecho en el debate público. El informe muestra cómo los ataques a la libertad académica representan un fenómeno global, que demandan de una protección reforzada por el Estado.      

Por ejemplo, muestra casos en Europa como la decisión del gobierno de Hungría de cerrar la Universidad Centroeuropea por tener departamentos sobre estudios de género o  casos en Asia como el ocurrido ePakistán, en 2015, donde se restablecieron los juzgados militares con el fin de enjuiciar a las denominadas personas “anti-estatales”, incluidos profesores y estudiantes. También muestra casos en África donde se informó un patrón de vigilancia y detención arbitraria de los estudiantes de la Universidad de Oromo (Etiopía) en 2014. 

La Relatoría muestra también una serie de casos de América Latina en la que se evidencia que académicas, académicos, estudiantes y universidades enfrentan permanentes represiones estatales y sociales por las investigaciones que llevan a cabo, por las protestas sociales que lideran, por los interrogantes e ideas que cuestionan a los gobiernos y a sus políticas.

El informe confirma que en los últimos años se han presentado múltiples amenazas a la libertad académica en América Latina relacionadas con: (i) restricciones a la autonomía universitaria y a la reducción de la financiación la educación superior en Venezuela y Brasil; (ii) el uso de la violencia contra estudiantes y profesores y la represión de las protestas estudiantiles como en ColombiaChileHonduras y Brasil; y (iii) actos de violencia sexual que quedan impunes en campus universitarios de  México y Chile.

Pero los ataques a la libertad académica son un fenómeno global. Recientemente, Estados Unidos ha ordenado la cancelación de cursos de formación interracial a sus funcionarios federales. En Canadá, ha habido un revuelo en la Universidad de Toronto pues el decano de la Facultad de Derecho suspendió la contratación de la nueva directora de la Clínica de Derechos Humanos –supuestamente por la presión y oposición de donantes privados- por el trabajo que ella había realizado sobre la situación de palestinos en Cisjordania.

El informe recomienda que los Estados examinen y revisen las leyes y políticas nacionales para garantizar la protección de la libertad académica. Esto incluye evitar el uso de instrumentos de coerción, como recortes de financiación; abstenerse de penalizar a las universidades y a sus miembros por las actividades que realizan; asegurar  la autonomía institucional de las universidades; y reconocer  que los campus universitarios deben ser espacios dinámicos para el ejercicio de los derechos de expresión, protesta pacífica y otras libertades fundamentales.

En las recomendaciones, se hace un llamado a que organismos internacionales no se marginen más del tema y que las ONG incluyan la libertad académica cuando examinen el estado de los derechos humanos en los diferentes países. A las organizaciones académicas, el informe solicita la adopción de políticas más inclusivas y transparentes. Finalmente, se alienta a los miembros de la sociedad civil a tomar parte activa en la protección de la libertad académica, denunciando los casos de violación o riesgo ante los órganos regionales e internacionales.

Conclusiones

Ante la falta de respuesta de los Estados, particularmente en América Latina, han sido los tribunales los encargados de velar por este derecho. Se pueden mencionar casos de éxito, aunque excepcionales, donde la ley ha protegido el derecho a la libertad académica de profesores latinoamericanos como la profesora Mónica Godoy en Colombia, quien había sido retirada de su cargo tras adelantar una documentación de presuntos casos de violencia sexual ocurridos al interior de una Universidad o la reciente decisión de la Corte Constitucional de Ecuador, que protegió el presupuesto de las universidades públicas. Y actualmente está pendiente la decisión de la Corte Interamericana sobre la sanción que el juez Urrutia recibió por el Poder Judicial de Chile por escribir un trabajo de investigación      sobre la judicatura durante el régimen militar para obtener un grado universitario.

Sin duda, se necesitan actores estratégicos que visibilicen el problema y den prioridad a la tarea de ubicar la libertad académica entre los primeros lugares de la lista de derechos a proteger. Por ejemplo, si el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fortaleciera su liderazgo en el tema, los tribunales de la región de seguro lo secundarían en la defensa de las comunidades académicas.

La defensa de la libertad académica es un trabajo de todas y todos. Las universidades y sus comunidades son los que innovan, los que producen conocimiento, los que hacen preguntas, y los que cuestionan las verdades asumidas. No podemos dejar de lado el papel que juegan las universidades en el fortalecimiento de la democracia y en la construcción de una sociedad crítica y libre. El informe de la relatoría no sólo demuestra que los ataques a libertad académica son un fenómeno global sino que hace un llamado para visualizar un derecho que ha sido injustamente relegado.

Citación académica sugerida: Arango Patiño, Catalina; Herencia-Carrasco, Salvador: Un derecho en el olvido: La Libertad Académica en América Latina, 2020/10/23, https://agendaestadodederecho.com/la-libertad-academica-en-america-latina

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ACERCA DE LOS AUTORES
Catalina Arango Patiño

Coordinadora del proyecto sobre Libertad Académica en las Américas de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. 

Salvador Herencia-Carrasco

Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. 

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.