Los derechos y el derecho ante la emergencia sanitaria

27 de Agosto del 2020
Los derechos y el derecho ante la emergencia sanitaria

I. Los derechos y libertades

Pocas veces como ahora nos damos cuenta que los derechos y libertades de las que somos portadores nos acompañan todo el tiempo, en calidad de escuderos que despejan el camino para que alcancemos el proyecto de vida que hemos elegido. Es verdad que hasta hoy nadie no los ha quitado, pero es igualmente cierto que la pandemia ha venido a afectar profundamente las posibilidades de miles o millones de personas para ejercerla.

Precisamente por ser una emergencia sanitaria, la vida y la salud de todos nosotros se ha visto comprometida, desvelando que aún nos hace falta mucho para lograr una atención medica universal, oportuna y de calidad de los padecimientos comunes, y ya ni se diga de las enfermedades emergentes que nos toman desprevenidos. Las imágenes de los hospitales saturados y de los enfermos esperando el acceso a un respirador, sin tener contacto con sus familiares en el exterior, son cada vez más dramáticas. Es injusto que la carencia de infraestructura e insumos impida el acceso a las pruebas del COVID-19 y orille a nuestros médicos a elegir qué vidas priorizar.

Ni qué decir tiene que el empleo se ha visto seriamente comprometido porque la detención de la actividad económica ha orillado al despido masivo de trabajadores, la reducción de los salarios, o la postergación de las contrataciones, desvelando las carencias de millones de personas en la región, quienes viven al día, en la economía informal, sin una fuente de ingresos fija que les permita quedarse en casa mientras pasa la emergencia. Es injusto que muchos estemos resguardados mientras que otros se dejan la vida en las calles por el sustento diario de sus familias, como también lo es que desde algunos gobiernos no se prevean apoyos complementarios a los grupos sociales más desfavorecidos.

El acceso a la justicia también ha sufrido los estragos de la pandemia. Muchísimas personas en prisión de repente vieron detenerse decisiones clave sobre su condición jurídica, y se quedaron en la antesala de retomar su libertad o de recibir su condena, de promover un recurso o sencillamente de obtener una respuesta de las autoridades. El desamparo de la justicia se extendió durante varios meses, pues los tribunales dejaron de reaccionar adecuadamente, hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de la ONU  sobre la independencia de jueces y abogados levantaron la voz en torno a la urgencia de utilizar las tecnologías de la información para continuar resolviendo los asuntos de su competencia, con énfasis en los más urgentes.

Hoy esas injusticias siguen muy presentes en diversos países de la región, ya que mientras el derecho a la defensa se encuentra detenido, distintas procuradurías y fiscalías parecen sigilosamente avanzar para ajustar cuentas con el pasado, buscando que no quede mucho rastro para no exhibir su total dependencia de los ejecutivos.

No debe pasar desapercibido, sin embargo, que, así como algunos de nuestros derechos adolecen durante la pandemia, otros adquieren necesariamente una nueva connotación ante ella.

Frente a una emergencia en donde las decisiones se han venido tomando con la mayor celeridad y libertad, el acceso a la información será, probablemente, una de las herramientas que en el corto plazo nos permitirá la reconstrucción de la discrecionalidad gubernamental, para ponderar si la misma estuvo justificada, si fue débil o excesiva, o si de ella se desprenden responsabilidades ulteriores.

Necesitamos preservar la transparencia si aspiramos a salvaguardar la memoria documental de la gestión gubernamental durante la pandemia que ya tiene un lugar asegurado en la historia de la humanidad. Este banco de información,  escrupulosamente conservada en archivos de acceso público, en donde se alojen los decretos de emergencia, las medidas mitigatorias, las regulaciones legislativas, las resoluciones jurisdiccionales, y las decisiones gubernamentales, de la naturaleza que sean, será esencial para la rendición de cuentas de los representantes populares, porque de lo que no hay duda es de que la gestión política del Coronovirus será el principal eje de las próximas contiendas electorales, en donde estaremos convocados a definir, mediante un voto informado, razonado y consciente a aquéllos que tendrán a su cargo la reconstrucción del tejido social durante la postpandemia.

Es inaducuado que se piense siquiera en postergar el llamado a elecciones, como se ha especulado en algunos países. De hecho, ya se han celebrado elecciones en tiempos de pandemia, y ello ha servido para que la Organización de Estados Americanos haya elaborado una guía con las medidas sugeridas para garantizar el ejercicio del sufragio con pleno resguardo de la salud de los votantes.

Esta es una señal esperanzadora, porque no hay duda que la recuperación regional e, incluso mundial, depende, en buena medida, de la salud de los respectivos sistemas representativos y democráticos, pues el reto que se avizora es tan grande que, en algunos ámbitos, más que retomar el paso, se requerirá de un auténtico nuevo comienzo.

II. El derecho

No decimos nada nuevo al afirmar que ninguna sociedad se encuentra prevenida para una catástrofe y mucho menos para la potencial extinción de la vida. Todos los esfuerzos de las sociedades modernas se encuentran orientados más bien, hacia la búsqueda del desarrollo y la prosperidad, suponiendo que más allá de los acontecimientos vitales que escapan a nuestro control, la vida habrá de continuar.

Precisamente por ello, el ámbito temporal que ha prolongado la pandemia de la Covid-19 ha desvelado que el derecho tampoco se encuentra preparado para enfrentar con prontitud y eficacia este tipo de situaciones extremas derivadas de emergencias sanitarias, ni tampoco las que provienen de cataclismos naturales, calamidades públicas o conflagraciones armadas.

Los órdenes constitucionales de América Latina contienen unas pocas disposiciones para que desde sus gobiernos se pueda enfrentar este tipo de situaciones, inicialmente a través de declaratorias que autorizan una acción más libre y discrecional de la autoridad mediante la suspensión de derechos y garantías, o bajo la previsión de instancia específicas en quienes recae la rectoría de las decisiones sanitarias en caso de una pandemia como la que estamos sufriendo.

Rápidamente ha quedado de manifiesto que el derecho se ha visto rebasado, tal y como ha sucedido también con los ordenamientos de muchos países, por su franca incapacidad para afrontar a escala nacional una emergencia de proporciones mundiales que en muy poco tiempo nos enseñó su poder para transitar por todas las fronteras, con sus muros divisorios incluidos.

Ha quedado claro que, en distintos países de la región, sus ordenamientos ni siquiera contienen las previsiones para ordenar internamente una respuesta articulada jurídicamente, soportada financieramente, pero sobre todo cohesionada políticamente para que las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales sean puntualmente acatadas e implementadas por todas las autoridades a nivel regional y local, sin excepción.

En esta crisis distintos gobiernos nacionales como el de Brasil, México, Perú, Colombia tardaron en reaccionar integralmente frente a la emergencia sanitaria, a pesar de haber visto lo que sucedía en el entorno europeo, y dicha inacción impulsó a miles de ciudadanos a tomar sus propias precauciones para que luego, distintas autoridades judiciales, universidades públicas y privadas, empresas nacionales y transnacionales hicieran lo propio con medidas regularmente bien orientadas, sin dejar de señalar que, en ocasiones, fueron los gobiernos sub nacionales los que impulsaron medidas ante la pasividad de las autoridades federales, tal y como ocurrió en San Paulo y Rio de Janeiro, en Brasil, o en Jalisco y Quintana Roo en México.

No faltaron también, aquellos gobiernos que por protagonismo o ignorancia llegaron al extremo de ordenar cuarentenas domiciliarias estrictas o toques de queda, autorizando a militares y policías a detener a quienes no la respetaran, como sucedió en El Salvador y El Ecuador, o de convocar a marchas de apoyo, sin respetar el aislamiento, como aconteció en Nicaragua. Ha sido, sin duda, la crónica de una emergencia desarticulada política y jurídicamente.

Es evidente que el derecho “de” y “ante” la emergencia ha quedado completamente desfasado, y que no está siendo una herramienta útil para estructurar la acción gubernamental, ni para promover la paz social dentro de la vorágine y desesperación no solo de una nación, un continente, sino del mundo entero, renunciando así a su propósito esencial de articular una ruta de navegación para salir bien librados de la tempestad.

Ningún país, por desarrollado que sea, tiene las herramientas para enfrentar una pandemia de esta envergadura desde su aislamiento nacional o, incluso, desde su poderío multinacional -la Unión Europea-, y semejante constatación debería obligar a las naciones a impulsar nuevos acuerdos con vocación mundial para establecer estructuras globales con capacidades más especializadas en pandemias, visto que estamos destinados a convivir con ellas.  

Y las naciones deben hacer lo propio hacia adentro, pues lo que no puede suceder en este tipo de emergencias, es que un federalismo desvertebrado o un centralismo exacerbado conduzca al olvido, la parálisis o la sobrerreacción, como dramáticamente se ha atestiguado ante la falta de suministros esenciales, ni que las diferencias políticas profundicen la desunión y llamen al rompimiento de los lazos de solidaridad al interior y entre los propios países, tal y como se advierte en las diferencias que los presidentes Trump, López Obrador y Bolsonaro han tenido con gobernadores y alcaldes de oposición, y en las constantes insinuaciones de Trump sobre los riesgos de México para los ciudadanos de EEUU.  

Ante este panorama, no parece existir otra salida que impulsar un nuevo derecho “de” y “ante” las emergencias, de alcance universal, impulsado desde el seno de la ONU, que por su propia naturaleza tenga una dimensión multinivel, para que tenga la posibilidad de ofrecer respuestas con vocación mundial, en donde la revisión de los alcances de la OMS se reflexionen nuevamente, propiciando, a su vez, el impulso de nuevos mecanismos rectores de alcance regional y nacional, orientados al reforzamiento de los sistemas de salud y, en específico, de los instrumentos de atención de las emergencias sanitarias, los cuales permitan la generación de respuestas articuladas conforme a las exigencias y necesidades de cada gobierno local.

Finalmente, no debe pasar desapercibida la necesidad de rescatar el valor del Estado de derecho. No debemos olvidar que cualquier emergencia, por su propia naturaleza, libera los condicionamientos, exacerba la discrecionalidad, acelera la toma de decisiones, modula los controles y posterga las responsabilidades. Y precisamente por eso, necesitamos que el derecho mantenga su capacidad de control político y ordenación social, para tenerlo de aliado, como la voz de la razón dentro del concierto de las decisiones improvisadas, políticamente interesadas y potencialmente devastadoras.

Para ello, apenas salgamos de la pandemia del COVID será necesaria una gran convocatoria entre las naciones del orbe, en la que se definan cuáles son las reformas necesarias, a nivel internacional o nacional para atender eficazmente las situaciones de emergencia de carácter global, a efecto de proveer sus instituciones rectoras,  protocolos de actuación, fondos financieros y personal especializado para atender de la mejor manera posible las emergencias sanitarias que inexorablemente acontecerán en el futuro. 

Citación académica sugerida: Astudillo, César: Los derechos y el derecho ante la emergencia sanitaria, 2020/08/27, Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/los-derechos-y-el-derecho-ante-la-emergencia-sanitaria/

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César Astudillo

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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