Atendiendo el llamado del poder judicial: los medios de comunicación y la justicia abierta

8 de Diciembre de 2021
Atendiendo el llamado del poder judicial: los medios de comunicación y la justicia abierta
Crédito foto: Canva

¿Por qué es importante promover el principio de justicia abierta? ¿Cuál es la función de los medios y cómo ha evolucionado su relación con el Poder Judicial en los últimos años?

En el caso Commission v. Patrick Breyer (2010), el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Michal Bobek, planteó a los magistrados del Tribunal, entre otras preguntas, ¿qué grado de apertura debía incorporar el TJUE en el desempeño de sus funciones judiciales? Este cuestionamiento motivó el debate de una vertiente poco explorada en el análisis de la independencia judicial y la noción del concepto de “justicia abierta”. La política de justicia abierta se ha afianzado como un mecanismo para la construcción de un poder judicial más accesible a la ciudadanía, institucionalmente capaz de contar con las herramientas necesarias para afrontar los retos que presenta la administración de justicia en el siglo XXI.

Para los promotores de esta política, la justicia abierta requiere del impulso de una gestión basada en distintos principios rectores, tales como la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración, a fin de garantizar el Estado de Derecho y fortalecer la democracia. Los fundamentos que sustentan el principio de la justicia abierta son plausibles. No obstante, existen otros cuestionamientos sobre cómo implementar esta política de manera efectiva y real. Cabe, entonces, examinar: ¿cuáles son los mecanismos para promover un poder judicial accesible para la sociedad civil? ¿Qué tipo de contenido judicial se quiere difundir y cómo se debe comunicar al público? ¿Cuál debe ser el uso, si es que lo hay, de los medios de comunicación para alcanzar ese fin? ¿Cuál es la función de los medios de comunicación para difundir el resultado del proceso de decisión judicial?

Hermetismo judicial

La relación entre los jueces y los medios de comunicación no es ni ha sido sencilla. En los años previos a la tercera ola de democracias, las sesiones y los procedimientos judiciales mediante los cuales eran tomadas las decisiones fueron objeto de un intenso escrutinio por parte de varios sectores de la sociedad. Ese escrutinio no solo se sustentaba en la ininteligibilidad de la parte sustantiva o procedimental, sino en la escasa información y la ausencia de razones judiciales contenidas en las sentencias. El proceso de decisión judicial se caracterizó, en diversos países, por el secretismo en la toma de decisiones, convirtiéndose en un poder judicial hermético y extraño a los medios de comunicación y a la ciudadanía.

Esa situación fue exacerbada por la inclusión de principios jurídicos y lenguaje rebuscado ajeno a actores no-jurídicos, provocando una incuestionable lejanía de los jueces con los integrantes de los medios de comunicación, y aumentando, con ello, la falta de confianza de la sociedad civil en las instituciones de justicia y en sus operadores, tal y como se ha reportado en diversas regiones del mundo (Latinoamérica, Europa, África). Así, simplemente no se comprendían las razones aducidas por los jueces en sus sentencias. Las sentencias eran dirigidas a los litigantes de la causa, dejando a un lado al resto de la sociedad. Además, prevalecía un desconocimiento general del funcionamiento del sistema de administración de justicia, en muchas ocasiones promovido o incentivado por el contexto político que predominaba en el siglo XX.

Apertura democrática y judicial

A mediados de los ochenta, organizaciones de la sociedad civil y académicas cuestionaron la falta de publicidad y el secreto con el que eran tomadas las decisiones en el poder judicial, considerándolas como el asidero de la existencia o sospecha de la corrupción. Entre las demandas más importantes se encontraba la falta de publicidad de las audiencias, pues impedía a los medios y a la opinión pública conocer los razonamientos, así como los procedimientos de deliberación de los magistrados y magistradas. Las demandas de mayor apertura por parte del poder judicial en diversas regiones se vieron reflejadas a través del surgimiento de movimientos sociales y/o en el impulso de legislación para sentar las bases de la apertura institucional, incluyendo al poder judicial. Así sucedió en México (2002); Perú (2003); Guatemala (2008); Brasil (2011); Colombia (2014), entre otros.

Además de esas iniciativas locales, en septiembre de 2011, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica adoptaron la Declaración de Gobierno Abierto para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción e implementar nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza, ello con una perspectiva internacional. A partir de esta Declaración, los tribunales nacionales en diversas jurisdicciones adoptaron medidas estructurales para la implementación y consecución de los acuerdos de la Declaración. Por ejemplo, ante la falta de confianza y descrédito en el poder judicial argentino, los jueces buscaron alternativas para estandarizar los procesos del trabajo judicial, y delimitar objetivos para promover la apertura de datos y el acercamiento con la sociedad a través de las tecnologías de la información.

A medida que los procesos democráticos se fueron consolidando a la par con las mencionadas políticas de transparencia y acceso a la información en diversas regiones del mundo, dicha apertura también creó oportunidades para los medios de comunicación, encargados de informar a la ciudadanía sobre el acontecer en la administración de justicia, las decisiones judiciales y los avances significativos en materia de administración de justicia de una manera clara y comprensible. Los medios de comunicación han contribuido a darle vigencia al principio de justicia abierta, en la medida que han transmitido de manera más efectiva y asequible la función de los tribunales.

Con sus excepciones, durante los últimos años el principio de justicia abierta a nivel mundial no solo ha operado como un principio general que sirve de guía al proceso de deliberación judicial. Además, sus promotores han establecido una serie de reglas específicas que los jueces deben aplicar al momento de ejercer su función, tales como emitir sentencias y llevar a cabo procedimientos en audiencias públicas, así como promover la elaboración de informes de labores accesibles a los medios de comunicación.

Los medios de comunicación y la función judicial

Como parte del movimiento de apertura institucional, también se promovió, al interior de los poderes judiciales, la capacitación de periodistas, especialmente aquellos encargados de cubrir la función del poder judicial. La relación entre el poder judicial y los medios de comunicación es un fenómeno que en los últimos años ha recibido una atención creciente. Ello se explica por diversas razones. La falta de entendimiento de las decisiones de casos complejos o de aquellos que tienen un impacto social significativo, se agrava por la falta de capacitación de los medios de comunicación para cubrir y explicar de manera simple las cuestiones judiciales. Esa falta de capacitación también perjudica la legitimidad y percepción ciudadana del sistema de administración de justicia.

De ahí que, en diversos países de la región, se apoyaron iniciativas para aminorar ese problema. En Perú, por ejemplo, la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia y el Consejo de Prensa Peruano apoyaron un proyecto diseñado para establecer canales de comunicación entre el sistema de justicia y los periodistas, capacitando a los medios para entender el funcionamiento del poder judicial. Asimismo, se crearon espacios para que los jueces pudieran contribuir con el trabajo de los medios de comunicación. Un ejemplo similar fue impulsado en Argentina. En este caso, organizaciones no gubernamentales enfocadas en el sector de la justicia (Poder Ciudadano) y periodistas, junto con varios poderes judiciales locales, desarrollaron programas de acción (talleres, manuales de operación del poder judicial, etc.) orientados a mejorar la relación de los medios con el poder judicial.

Más allá de Latinoamérica, el European Network of Councils for the Judiciary llevó a cabo un esfuerzo regional de la misma naturaleza. En 2011, la Red Europea lideró un proyecto denominado Justice, Society and the Media, que tuvo como objetivo identificar y analizar las mejores prácticas para determinar cómo los poderes judiciales europeos podrían estar mejor comunicados con la sociedad y cuál podría ser la función de los medios de comunicación para lograr ese objetivo. Este proyecto es significativo también por varias razones. El Grupo de Trabajo de la Red Europea acordó que todos los países deberían desarrollar y utilizar un sistema de portavoz judicial mediante los denominados “jueces de prensa” y asesores de comunicación, quienes debían contar con capacitación y un profundo conocimiento sobre el funcionamiento del poder judicial, de manera que los jueces de prensa estuvieran en posibilidad de informar al público, con un lenguaje claro y comprensible, la naturaleza y el alcance de las decisiones de los tribunales y promover en todo momento la transparencia de la función pública judicial. Las recomendaciones y las mejores prácticas identificadas en este proyecto fueron adoptadas por la Asamblea General en Dublín en 2012.

Consideraciones finales

En 2003, Lord Chief Justice Woolf se planteaba si los jueces debían estar en comunicación con los medios. Pareciera que la pregunta es simple, especialmente si no se considera la historia y la relación compleja desarrollada entre los medios de comunicación y las instituciones judiciales no solo en Latinoamérica, sino en otras regiones del mundo. Como se ha expuesto en el presente artículo, los avances en materia de transparencia y acceso a la información en la región han sido significativos. No obstante, quedan temas pendientes de abordar, tales como ¿qué tipo de información se debería priorizar en los sitios de Internet de justicia abierta? ¿Cómo debe diseñarse una política integral de justicia abierta que incluya a otros operadores de justicia, además del poder judicial? ¿Qué estrategias adicionales deben implementarse para promover acciones transformadoras tendientes a generar mayor apertura de la justicia, a fin de que alcance a regiones más alejadas de las principales ciudades? Espacios como este nos permitirán seguir reflexionado no solo sobre el relevante planteamiento del Juez Woolf, sino también los expuestos en este apartado. Especialmente, en países donde la confianza en las instituciones de justicia permanece a la baja, o los niveles de corrupción y secretismo se mantienen al alza.

Citación académica sugerida: : Castillejos-Aragón, Mónica. Atendiendo el llamado del poder judicial: los medios de comunicación y la justicia abierta, Agenda Estado de Derecho, 2021/12/08. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/llamado-del-poder-judicial-los-medios-de-comunicacion-y-la-justicia-abierta/

Palabras clave: justicia abierta, medios de comunicación, Poder Judicial.

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ACERCA DE LA AUTORA
Mónica Castillejos-Aragón

Profesora del Departamento de Estudios Jurídicos, Universidad de California, Berkeley. Doctora y maestra en Derecho por la Universidad de California, Berkeley, School of Law. Abogada por el ITAM, Mexico. Especialista en temas de acceso a la justicia, derechos humanos y sociología del derecho.

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