Uruguay: democracia plena en Latinoamérica, ¿judicatura perfecta?

15 de Noviembre de 2023
Uruguay: democracia plena en Latinoamérica, ¿judicatura perfecta?
Foto. El Observador.

Uruguay, líder en democracia en Latinoamérica, afronta desafíos en su sistema judicial, con preocupaciones sobre la independencia de la judicatura y la falta de transparencia en los ascensos de jueces.

Estabilidad democrática en Uruguay

Uruguay es el líder latinoamericano en el “Índice de Democracia 2020”, una clasificación global que identifica a 23 países como “democracias plenas”, según los datos publicados por The Economist Intelligence Unit. La estabilidad democrática del país se ve reflejada en el Estado de derecho, con el Índice para el Estado de Derecho del World Justice Project que ubica a Uruguay en el primer lugar en la región.

Un Estado de derecho sólido y robusto se manifiesta también en otros aspectos, tales como la lucha contra la corrupción. Uruguay ocupa el puesto 14 de 180 países del “Índice de Percepción de la Corrupción”, elaborado anualmente por Transparencia Internacional, y la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica  del Vance Center for International Justice otorga a Uruguay un ranking de 8.36 sobre 10.

Desafíos en la independencia judicial

Aun con este liderazgo consolidado en varios frentes de gobernanza pública, Uruguay enfrenta algunos desafíos en materia de independencia judicial. Es importante examinar estos retos desde una perspectiva comparada para brindar herramientas de apoyo a países que enfrentan escenarios más complejos y para evitar un retroceso interno que afecta el liderazgo democrático. Las principales áreas de oportunidad  están relacionadas con la concentración de poderes y el elevado grado de discrecionalidad ejercido por la Suprema Corte de Justicia (S.C.J.). La alta discrecionalidad se origina en la posición central que ocupa la SCJ en la administración de la judicatura, ya que ejerce control exclusivo sobre asuntos disciplinarios y administrativos como la máxima autoridad en el sistema judicial de Uruguay, sin criterios objetivos y claramente predefinidos.

En lo que respecta a la seguridad jurídica, es importante destacar que juezas y jueces en Uruguay no tienen inmunidad procesal. Esto significa que pueden ser objeto de investigaciones y enfrentar posibles condenas sin que haya un paso previo para retirar esta inmunidad. En algunos países esta inmunidad protege a personas impartidoras de justicia de denuncias sin fundamento.  En consecuencia, los jueces tienden a ejercer cautela al expresar sus opiniones y al desempeñar sus funciones judiciales, ya que carecen de inmunidad por sus actos oficiales. Debido a esta carencia de protección contra represalias, los jueces uruguayos son particularmente vigilantes al emitir sus opiniones y dictar sentencias, temiendo posibles represalias de la S.C.J. en respuesta a críticas que podrían tener implicaciones en sus futuras carreras judiciales. Esta falta de inmunidad es notable en una jurisdicción que cuenta con un marco institucional y legal fuerte, que debería establecer una barrera de protección al trabajo que hacen las personas que imparten justicia y que refuerza la estabilidad de este ejercicio judicial. La existencia de esta inmunidad hace parte de los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados por las Naciones Unidas.

Falta de Transparencia en Ascensos y Administración de la Carrera Judicial

Otro de los aspectos que ha suscitado preocupación y denuncias, por parte de la Asociación de Magistrados del Uruguay, se relaciona con la alta discrecionalidad que ejerce la S.C.J. en lo que respecta a la administración de la carrera judicial. Los múltiples esfuerzos por establecer e implementar una carrera judicial transparente han sido opacados por obstáculos al interior del propio Poder Judicial.

El proceso de ingreso a la judicatura se desarrolla como un proceso competitivo basado en oposición y méritos, y culmina con una resolución administrativa. No obstante, el mayor desafío del sistema judicial uruguayo radica en la falta de transparencia del mecanismo de ascensos y traslados, que se basa en calificaciones secretas y anónimas emitidas por jueces superiores procesales, lo que dificulta la evaluación justa de algunos magistrados y sus oportunidades de ascenso. Esto ha llevado a la Asociación de Magistrados del Uruguay a exponer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, generando inquietudes sobre la independencia de las personas que imparten justicia.

La Constitución uruguaya otorga a la S.C.J. la autoridad para ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los tribunales, juzgados y otras dependencias del Poder Judicial. Además, tiene el poder de nombrar a los jueces letrados de todos los grados y denominaciones, con la única condición de requerir la mayoría absoluta de sus miembros, sin ningún otro control adicional.

En este contexto, la falta de reglas claras para evaluar el desempeño y los ascensos de los jueces tiene un impacto negativo en la independencia judicial, ya que afecta la autonomía interna de los magistrados. Por otro lado, la reglamentación emitida por la S.C.J. enumera una serie de criterios de evaluación, pero no especifica su ponderación, lo que crea incertidumbre y falta de control. Además, no se considera la antigüedad como un factor de calificación, a pesar de su importancia en la experiencia de los magistrados, según la Asociación de Magistrados.

Intentos de mejorar el sistema

En respuesta a esta preocupante situación, en 2019 se promulgó una ley que establece requisitos para el ingreso, traslado y ascenso de magistrados, basada en concursos de oposición y méritos. Sin embargo, la S.C.J. impugnó esta ley por inconstitucionalidad. La Asociación de Magistrados del Uruguay elaboró un proyecto de reglamento de carrera judicial con el propósito de lograr una regulación más objetiva y transparente. Lamentablemente, no ha logrado un diálogo efectivo para introducir cambios en el sistema, dada la falta de participación en su regulación.

En este punto es relevante resaltar el papel de la Asociación de Magistrados de Uruguay, que ha buscado soluciones desde el diálogo y la negociación representando la incomodidad de juezas y jueces de diferentes niveles en todo el territorio nacional. Son estos espacios los que visibilizan en escenarios nacionales e internacionales aquellas dificultades que enfrenta la judicatura, y amplifican voces individuales de manera colectiva y organizada. Es preocupante que la S.C.J. en Uruguay, como país con una tradición democrática sólida, tenga un amplio espacio de discrecionalidad que presenta un alto riesgo para la independencia judicial. La falta de reglas y criterios claros pueden ser usados como una forma de presionar a jueces y magistrados con el fin de influir en el sentido de sus resoluciones, como se ve en otros países de la región como Guatemala.

Conclusiones

Las judicaturas más fuertes se caracterizan por el establecimiento de parámetros detallados en todos los asuntos relativos a la carrera judicial, sin eliminar del todo la discrecionalidad de funcionarias y funcionarios, pero haciendo de ella una discrecionalidad reglada y controlada por criterios objetivos. También se destacan por su desconcentración de poderes administrativos y jurisdiccionales, que permiten a las altas cortes concentrar sus operaciones en la administración de justicia, delegando los asuntos de gobierno judicial. Finalmente, es importante examinar si el marco institucional y legal de los asuntos de funcionamiento de la judicatura se apega a los estándares internacionales y a las buenas prácticas, lo que al final protege a la ciudadanía y el derecho del acceso a la justicia.

Citación académica sugerida: Chávez Alor, Jaime. Uruguay: democracia plena en Latinoamérica, ¿judicatura perfecta? Agenda Estado de Derecho 2023/11/15. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/uruguay-democracia-plena-en-latinoamerica-judicatura-perfecta/

Palabras clave: Uruguay, independencia judicial, judicatura.

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ACERCA DEL AUTOR
Jaime Chávez-Alor

Director de Políticas para Latinoamérica en el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, un programa de la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Jaime coordina la Red Pro Bono de las Américas y lidera iniciativas en temas como la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el espacio cívico. Antes de incorporarse al Vance Center, Jaime ocupó varios puestos destacados en el gobierno federal mexicano, entre ellos titular de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses en la Secretaría de la Función Pública y como titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Procuraduría General de la República. Previo a ello, fue asesor senior en el Senado mexicano y asesor del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jaime obtuvo su título de licenciatura por la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México y una maestría en derecho por la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.