Uruguay: democracia plena en Latinoamérica, ¿judicatura perfecta?
15 de Noviembre de 2023
Uruguay, líder en democracia en Latinoamérica, afronta desafíos en su sistema judicial, con preocupaciones sobre la independencia de la judicatura y la falta de transparencia en los ascensos de jueces.
Uruguay es el líder latinoamericano en el “Índice de Democracia 2020”, una clasificación global que identifica a 23 países como “democracias plenas”, según los datos publicados por The Economist Intelligence Unit. La estabilidad democrática del país se ve reflejada en el Estado de derecho, con el Índice para el Estado de Derecho del World Justice Project que ubica a Uruguay en el primer lugar en la región.
Un Estado de derecho sólido y robusto se manifiesta también en otros aspectos, tales como la lucha contra la corrupción. Uruguay ocupa el puesto 14 de 180 países del “Índice de Percepción de la Corrupción”, elaborado anualmente por Transparencia Internacional, y la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica del Vance Center for International Justice otorga a Uruguay un ranking de 8.36 sobre 10.
Aun con este liderazgo consolidado en varios frentes de gobernanza pública, Uruguay enfrenta algunos desafíos en materia de independencia judicial. Es importante examinar estos retos desde una perspectiva comparada para brindar herramientas de apoyo a países que enfrentan escenarios más complejos y para evitar un retroceso interno que afecta el liderazgo democrático. Las principales áreas de oportunidad están relacionadas con la concentración de poderes y el elevado grado de discrecionalidad ejercido por la Suprema Corte de Justicia (S.C.J.). La alta discrecionalidad se origina en la posición central que ocupa la SCJ en la administración de la judicatura, ya que ejerce control exclusivo sobre asuntos disciplinarios y administrativos como la máxima autoridad en el sistema judicial de Uruguay, sin criterios objetivos y claramente predefinidos.
En lo que respecta a la seguridad jurídica, es importante destacar que juezas y jueces en Uruguay no tienen inmunidad procesal. Esto significa que pueden ser objeto de investigaciones y enfrentar posibles condenas sin que haya un paso previo para retirar esta inmunidad. En algunos países esta inmunidad protege a personas impartidoras de justicia de denuncias sin fundamento. En consecuencia, los jueces tienden a ejercer cautela al expresar sus opiniones y al desempeñar sus funciones judiciales, ya que carecen de inmunidad por sus actos oficiales. Debido a esta carencia de protección contra represalias, los jueces uruguayos son particularmente vigilantes al emitir sus opiniones y dictar sentencias, temiendo posibles represalias de la S.C.J. en respuesta a críticas que podrían tener implicaciones en sus futuras carreras judiciales. Esta falta de inmunidad es notable en una jurisdicción que cuenta con un marco institucional y legal fuerte, que debería establecer una barrera de protección al trabajo que hacen las personas que imparten justicia y que refuerza la estabilidad de este ejercicio judicial. La existencia de esta inmunidad hace parte de los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados por las Naciones Unidas.
Otro de los aspectos que ha suscitado preocupación y denuncias, por parte de la Asociación de Magistrados del Uruguay, se relaciona con la alta discrecionalidad que ejerce la S.C.J. en lo que respecta a la administración de la carrera judicial. Los múltiples esfuerzos por establecer e implementar una carrera judicial transparente han sido opacados por obstáculos al interior del propio Poder Judicial.
El proceso de ingreso a la judicatura se desarrolla como un proceso competitivo basado en oposición y méritos, y culmina con una resolución administrativa. No obstante, el mayor desafío del sistema judicial uruguayo radica en la falta de transparencia del mecanismo de ascensos y traslados, que se basa en calificaciones secretas y anónimas emitidas por jueces superiores procesales, lo que dificulta la evaluación justa de algunos magistrados y sus oportunidades de ascenso. Esto ha llevado a la Asociación de Magistrados del Uruguay a exponer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, generando inquietudes sobre la independencia de las personas que imparten justicia.
La Constitución uruguaya otorga a la S.C.J. la autoridad para ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los tribunales, juzgados y otras dependencias del Poder Judicial. Además, tiene el poder de nombrar a los jueces letrados de todos los grados y denominaciones, con la única condición de requerir la mayoría absoluta de sus miembros, sin ningún otro control adicional.
En este contexto, la falta de reglas claras para evaluar el desempeño y los ascensos de los jueces tiene un impacto negativo en la independencia judicial, ya que afecta la autonomía interna de los magistrados. Por otro lado, la reglamentación emitida por la S.C.J. enumera una serie de criterios de evaluación, pero no especifica su ponderación, lo que crea incertidumbre y falta de control. Además, no se considera la antigüedad como un factor de calificación, a pesar de su importancia en la experiencia de los magistrados, según la Asociación de Magistrados.
En respuesta a esta preocupante situación, en 2019 se promulgó una ley que establece requisitos para el ingreso, traslado y ascenso de magistrados, basada en concursos de oposición y méritos. Sin embargo, la S.C.J. impugnó esta ley por inconstitucionalidad. La Asociación de Magistrados del Uruguay elaboró un proyecto de reglamento de carrera judicial con el propósito de lograr una regulación más objetiva y transparente. Lamentablemente, no ha logrado un diálogo efectivo para introducir cambios en el sistema, dada la falta de participación en su regulación.
En este punto es relevante resaltar el papel de la Asociación de Magistrados de Uruguay, que ha buscado soluciones desde el diálogo y la negociación representando la incomodidad de juezas y jueces de diferentes niveles en todo el territorio nacional. Son estos espacios los que visibilizan en escenarios nacionales e internacionales aquellas dificultades que enfrenta la judicatura, y amplifican voces individuales de manera colectiva y organizada. Es preocupante que la S.C.J. en Uruguay, como país con una tradición democrática sólida, tenga un amplio espacio de discrecionalidad que presenta un alto riesgo para la independencia judicial. La falta de reglas y criterios claros pueden ser usados como una forma de presionar a jueces y magistrados con el fin de influir en el sentido de sus resoluciones, como se ve en otros países de la región como Guatemala.
Las judicaturas más fuertes se caracterizan por el establecimiento de parámetros detallados en todos los asuntos relativos a la carrera judicial, sin eliminar del todo la discrecionalidad de funcionarias y funcionarios, pero haciendo de ella una discrecionalidad reglada y controlada por criterios objetivos. También se destacan por su desconcentración de poderes administrativos y jurisdiccionales, que permiten a las altas cortes concentrar sus operaciones en la administración de justicia, delegando los asuntos de gobierno judicial. Finalmente, es importante examinar si el marco institucional y legal de los asuntos de funcionamiento de la judicatura se apega a los estándares internacionales y a las buenas prácticas, lo que al final protege a la ciudadanía y el derecho del acceso a la justicia.
Citación académica sugerida: Chávez Alor, Jaime. Uruguay: democracia plena en Latinoamérica, ¿judicatura perfecta? Agenda Estado de Derecho 2023/11/15. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/uruguay-democracia-plena-en-latinoamerica-judicatura-perfecta/
Palabras clave: Uruguay, independencia judicial, judicatura.
Director de Políticas para Latinoamérica en el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, un programa de la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Jaime coordina la Red Pro Bono de las Américas y lidera iniciativas en temas como la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el espacio cívico. Antes de incorporarse al Vance Center, Jaime ocupó varios puestos destacados en el gobierno federal mexicano, entre ellos titular de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses en la Secretaría de la Función Pública y como titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Procuraduría General de la República. Previo a ello, fue asesor senior en el Senado mexicano y asesor del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jaime obtuvo su título de licenciatura por la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México y una maestría en derecho por la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
