¿Qué avances y retos reflejan los litigios promovidos en Latinoamérica para revertir los efectos ecológicos y sociales de la crisis climática?
Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el blog de Ámbito Jurídico .
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Debido a la gravedad y urgencia de la crisis climática, a nivel global se ha observado un incremento en el número de litigios relacionados con este fenómeno desde 2015. Cada vez es más frecuente que se recurra a los tribunales nacionales en un esfuerzo por mitigar el aumento en la temperatura global y sus efectos adversos. Para el 2022, se reportaron 77 casos de este tipo en siete países de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, México y Perú). Gracias a la herencia del constitucionalismo latinoamericano, la mayoría de ellos han sido presentados mediante mecanismos de protección constitucional de derechos fundamentales. Esto posiciona a América Latina como la tercera región del mundo, solo superada por Estados Unidos y Europa, con la mayor cantidad de litigios climáticos basados en derechos humanos ante cortes nacionales.
No obstante, a diferencia de las regiones pertenecientes al denominado “Norte Global”, los litigios climáticos en los países latinoamericanos se desenvuelven en un escenario caracterizado por profundas desigualdades. Este contexto hace que las vulnerabilidades climáticas, objeto de los litigios, sean el resultado no solo de la exposición a patrones climáticos cambiantes, sino también de brechas sociales que agudizan sus efectos perjudiciales. Se trata, de nuevos y complejos desafíos que engloban no solo una dimensión ecológica, sino también, una importante dimensión social, por lo que cada vez están más ligados a la defensa y remediación de estos derechos.
Dos casos ilustran las fronteras de los mecanismos constitucionales frente a esos nuevos desafíos: los de Ecuador y México. Aunque ambos países comparten los retos de los crecientes impactos climáticos y la desigualdad, presentan contrastes en términos de la arquitectura de dichos mecanismos. El argumento central aquí es que una respuesta judicial integral y equitativa a la crisis climática requiere re-imaginar la legitimación activa y posibilidades remediales en consonancia con la dualidad ecológica y social de la crisis—una sinergia hasta ahora poco identificada desde la perspectiva judicial.
En el marco del neoconstitucionalismo latinoamericano, Ecuador adoptó una nueva constitución en 2008 para confrontar las históricas brechas sociales. Entre sus innovaciones, figura la acción de protección (artículo 88), que garantiza derechos constitucionales y reconoce legitimación activa amplia especialmente para poblaciones vulnerables, facultando a los tribunales ordenar reparaciones integrales (artículo 86, párrafo 3). Este mecanismo constitucional ha sido clave en los tres litigios climáticos registrados a la fecha en el país, destacando el caso de Niñas vs. Gobierno, el cual subraya la interrelación entre cambio climático y los derechos sociales.
En 2020, un grupo de niñas de Sucumbíos y Orellana—de las provincias con mayor pobreza del país—demandaron a los Ministerios de Energía y Recursos Naturales y a la Procuraduría General del Estado, entre otras, por autorizar la quema de gas (“mecheros”) en sus áreas residenciales. Entre otros derechos, las demandantes alegaron violaciones a su derecho a la salud. En primer lugar, señalaron la incapacidad de las autoridades para prevenir y controlar las llamas de gas que emiten partículas tóxicas, contribuyendo al cambio climático (dimensión ecológica). En segundo lugar, destacaron su fracaso en implementar medidas para mitigar las desigualdades existentes (dimensión social), como por ejemplo proporcionar servicios de salud esenciales para tratar las afecciones de salud exacerbadas por estas actividades.
Aunque inicialmente el caso fue desestimado por el juzgado de primera instancia, en julio de 2021 la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos falló a favor de las demandantes. Esta corte de segunda instancia otorgó una reparación integral al determinar que el Estado ecuatoriano había violado sus derechos a un ambiente sano y a la salud. Como resultado, instruyó a los demandados a erradicar de manera progresiva la quema de gas y a limitar la emisión de nuevos permisos para dicha actividad. Paralelamente, el tribunal ordenó al Ministerio de Salud llevar a cabo una investigación y realizar un estudio de para evaluar el impacto en la salud de las actividades de hidrocarburos en las comunidades que viven en áreas aledañas. Si dicha investigación revelaba un número sustancial de personas afectadas, se ordenó la creación de una unidad clínica de oncología.
Si bien las medidas de reparación integral aspiran, al menos sobre el papel, a tener efectos positivos en la dimensión ecológica del problema al frenar la quema de gas (su implementación, sin embargo, ha sido discutible), su eficacia en el plano social es cuestionable. Particularmente, la orden dada al Ministerio de Salud no respondió a las necesidades que intensifican la vulnerabilidad de las demandantes a un entorno contaminado. Al condicionar la provisión de servicios de salud a la existencia de un alto número de personas afectadas, desestimó las obligaciones de efecto inmediato de no discriminar y adoptar medidas para proporcionar dichos servicios. Este enfoque contrasta con los avances judiciales en defensa de los derechos sociales en el país, mismos que han aplicado la amplia posibilidad remedial de la acción de protección para mitigar las violaciones en contextos de pobreza, como la falta de servicios de salud esenciales (evidenciado, por ejemplo, en la sentencia No. 074-16-SIS-CC).
Siguiendo la tendencia del constitucionalismo contemporáneo regional, la Constitución de México de 1917, ha sufrido diversas reformas desde finales de los años noventa para incluir los derechos de los grupos vulnerables. Destaca en particular la reforma de “derechos humanos” de 2011 que modificó el juicio de amparo (artículos 103 y 107), un mecanismo clave para garantizar dichos derechos. Aunque la reforma flexibilizó los requisitos procesales de este mecanismo, su estructura, en comparación con la acción de protección de Ecuador, aún limita la legitimación activa amplia y la reparación integral.
En el contexto de los litigios climáticos en México, el amparo ha sido una herramienta principal, ya que se ha utilizado en 17 de los 18 casos presentados hasta mayo de 2023. Estos litigios se han basado principalmente en el derecho a un ambiente sano, resaltando su interdependencia con ciertos derechos sociales; sin embargo, no han abordado las desigualdades que intensifican los efectos de la crisis climática en grupos con carencias sociales. Se han centrado principalmente en la dimensión ecológica de la crisis climática, combatiendo regulaciones favorables a los combustibles fósiles, como se demuestra en los casos de Greenpeace México v. Secretaría de Energía y en la Decisión sobre la Modificación de la Regla de Combustible de Etanol.
No obstante, las lecciones derivadas de litigios relativos a los derechos sociales en México brindan perspectivas esclarecedoras al exponer dónde yacen las fronteras del juicio de amparo para tratar las persistentes desigualdades. El caso paradigmático relativo al derecho a la salud de la comunidad indígena Mini Numa ilustra las limitaciones en la determinación de la legitimación activa de grupos en situación de vulnerabilidad, así como en las reparaciones integrales. En 2007, los demandantes, afectados por enfermedades asociadas a la pobreza, promovieron un amparo contra la negativa del Estado de suministrar atención médica esencial, circunstancia que había causado la muerte de varios miembros de la comunidad. A pesar de que el juez emitió un fallo a favor de los demandantes, ordenando la construcción de un centro de salud, las medidas de reparación pasaron por alto la urgencia de proveer atención médica inmediata y compensación a los demandantes perjudicados. Además, no se definieron medidas de no repetición, tales como modificaciones de políticas para prevenir que otras comunidades en el país sufran negligencias similares. Esto sin tener en cuenta que el juez dedicó una considerable parte de su razonamiento tan sólo a reconocer el interés jurídico de los demandantes para poder abordar el fondo del asunto.
Los casos de Ecuador y México nos proporcionan una ventana hacia las fronteras de los mecanismos de protección constitucional para responder a las vulnerabilidades climáticas que las desigualdades sociales agudizan. Aunque la acción de protección ecuatoriana facilita una legitimación activa y una estructura remedial más amplias que el juicio de amparo mexicano, este potencial aún no ha sido plenamente explotado en litigios climáticos. Ello evidencia la necesidad de que los tribunales nacionales adquieran una mayor comprensión de la dualidad ecológica y social inherente a los nuevos desafíos climáticos. Pareciera que alcanzar este entendimiento resultaría más fructífero en el caso ecuatoriano que en el mexicano, debido a las mayores barreras que presenta la arquitectura del amparo. Sin embargo, presentar a jueces y juezas la compleja sinergia socio-ecológica característica de la crisis climática abriría una primera—pero importante—pauta para identificar y por ende, re-imaginar los alcances de los recursos de garantía constitucionales. Esto, desde luego, sin descuidar el análisis de otras tantas condiciones legales y socio-políticas inherentes a los litigios, como la independencia judicial, por ejemplo, que igualmente juegan un papel importante en la lucha contra el cambio climático y la desigualdad.
El ímpetu de concebir respuestas judiciales integrales y equitativas no se desvía del espíritu del constitucionalismo transformador de América Latina. Si bien se trata de nuevos y más complejos desafíos, dicha visión adquiere mayor relevancia ante la creciente frecuencia con la que se deja en manos de los tribunales nacionales la responsabilidad de enfrentar la crisis climática en la región.
Citación académica sugerida: Viveros, Thalía. Litigios climáticos y desigualdad en América Latina: Nuevos desafíos, viejas fronteras judiciales. Agenda Estado de Derecho. 2023/07/28. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/litigios-climaticos-y-desigualdad-en-america-latina/
Palabras clave: Cambio climático, constitucionalismo, derechos sociales, desigualdad, Ecuador, México.
Abogada, Maestra en Derecho y Políticas Ambientales y Doctora en Inclusión y Desarrollo. Actualmente es investigadora afiliada al Centro de Derecho y Transformación Social de la Universidad de Bergen y Relatora para México de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
