Para comenzar a entender este asunto en la esfera internacional, es clave comprender el concepto general de “víctima” y de “víctima de corrupción”, puntualizando que el daño que sufre esta víctima particular resulta de una violación a sus derechos humanos, los cuales son reconocidos por instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y su protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales (“Protocolo de San Salvador”).

La ONU adoptó la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder en 1985 la cual define a la “víctima” como toda persona que “haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente”. Esta definición reconoce los casos de afectaciones individuales y colectivas, las cuales habilitan automáticamente que la víctima pueda acceder a mecanismos judiciales y a una pronta reparación del daño. 

Esta definición fue desarrollada posteriormente con la aprobación de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas a violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del DIH a interponer recursos y obtener reparaciones, por la Asamblea General de la ONU en 2005, mediante los cuales se recalca esta definición y se expande el contenido del derecho a la reparación exigida, resaltando que esta debe ser adecuada, efectiva y rápida, así como proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.  

Tradicionalmente, la corrupción ha sido abordada desde su persecución como delito penal, reconociendo así al Estado como la víctima primaria, en tanto la corrupción afecta gravemente, entre otros bienes jurídicos, al patrimonio público y la fe pública. No obstante, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 reconoce la protección de las víctimas de la corrupción que sirvan como testigos y peritos contra represalias por prestar testimonios, así como a sus familias, en su artículo 32. Igualmente, el artículo 35 de este instrumento internacional establece la obligación de los Estados de adoptar medidas para garantizar el derecho de las víctimas a iniciar una acción legal contra los responsables de los actos y perjuicios derivados de la corrupción, a fin de obtener una indemnización.

En el ámbito regional, la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 no incluye mención expresa de las víctimas de la corrupción o de las obligaciones de los Estados parte del tratado en este sentido. Sin embargo, la CIDH en su Informe sobre Corrupción y Derechos Humanos de 2019 destacó la necesidad de implementar un enfoque de centralidad de las víctimas y de implementación de medidas adecuadas de protección, como uno de los principios para resolver las afectaciones que causa la corrupción en el respeto y garantía de los derechos humanos.

El Comité Jurídico Interamericano, por su parte, adoptó en 2024 el informe sobre “Participación de las víctimas en los procesos penales contra actos de corrupción” que trae una definición explícita de víctimas de corrupción como “todas aquellas personas, individuales o colectivas, que haya sufrido un daño en sus derechos, directa o indirectamente, como consecuencia de un acto de corrupción”