La JEP avanza en el macrocaso 003 o de “falsos positivos”–. Este artículo, ofrece un análisis sobre el valor del enfoque restaurativo de la justicia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, creada tras el Acuerdo de Paz celebrado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, es la encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado interno, ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016. La competencia de la JEP se extiende de forma obligatoria a los ex miembros de las FARC-EP y a los miembros de la fuerza pública colombiana, aunque terceros (agentes del Estado y civiles) y personas procesadas por protesta social también pueden comparecer de forma voluntaria.
En el marco de su estrategia de priorización, la JEP ha avocado el conocimiento de siete macrocasos para identificar a los máximos responsables de los planes, políticas y patrones de macrocriminalidad ejecutados durante el conflicto. Dentro de estos, se encuentra el 003, conocido como el caso de los “falsos positivos” y que se centra en los asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado colombiano.
En el mes de julio, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP (la Sala) profirió dos autos de determinación de hechos y conductas, los Autos 125 y 128 de 2021, en los cuales imputó crímenes internacionales a miembros del ejército colombiano, en el macrocaso 003. El primero de estos autos fue expedido dentro del subcaso Norte de Santander y el segundo, dentro del subcaso Costa Caribe. Aunque estos autos pueden ser analizados desde diferentes ángulos, en este artículo se analizarán desde la óptica de la justicia restaurativa.
En estas decisiones, tras una rigurosa labor de contrastación y de análisis del vasto acervo probatorio de los subcasos, la Sala relató la forma en la que al parecer surgieron y se consolidaron organizaciones criminales en paralelo a las unidades militares investigadas, el Batallón Santander y la Brigada Móvil 15, en el subcaso Norte de Santander, y el Batallón de Artillería Núm. 2 La Popa, en el subcaso Costa Caribe. En cada auto, la Sala narró con un alto grado de detalle cómo algunos integrantes de estas unidades militares presuntamente participaron en patrones de macrocriminalidad encaminados a presentar asesinatos de civiles como bajas en combate.
Estas decisiones, que jurídicamente pueden ser equiparadas a actos de imputación, llaman la atención ya que no sólo se limitaron a poner a disposición de los comparecientes los hechos y los crímenes imputados, sino que, además, realizaron una descripción de los daños y afectaciones sufridas por las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas. Se debe destacar esta inclusión, especialmente, por cuanto el marco jurídico nacional, en principio, no contemplaba un mandato obligatorio de caracterización de daños causados a las víctimas, por parte de la Sala, en esta etapa procesal.
La Sala, siguiendo los principios de centralidad y participación de las víctimas, justicia restaurativa, verdad restaurativa, y el mandato general de identificar las “condiciones particulares” que “ocasionen afectaciones diferenciadas” a las víctimas, decidió incluir en sus autos los daños y sufrimientos que han padecido las víctimas de crímenes perpetrados por agentes del Estado, fruto de la comisión de estos delitos, pero también por la estigmatización y la falta de una respuesta institucional efectiva a la que se vieron enfrentadas. En palabras de la propia Sala, “los crímenes no solo incluyen las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia de los patrones macrocriminales […], sino también la experiencia de las víctimas individuales y colectivas […] al sufrir dichos crímenes. La restauración del daño causado comienza por su esclarecimiento y reconocimiento”.
Así, se evidencia cómo la Sala materializó dichos principios al no concebir el crimen como una afrenta exclusiva a los intereses del Estado, sino como una verdadera afectación a personas individualizadas (Laguado, 2021), a familias, a comunidades enteras e, incluso, al propio territorio. La Sala acudió a ejemplos y a casos específicos de víctimas para hacer eco y reconocer el tormento por el que miles de personas y familias han debido pasar en Colombia, superando el análisis aislado de los bienes jurídicos agraviados por los crímenes y la descripción fáctica destinada únicamente a probar la existencia de los hechos delictivos.
Adicionalmente, se debe destacar el enfoque diferencial e interseccional utilizado por la Sala para describir los daños padecidos por las víctimas. Los asesinatos y las desapariciones forzadas repercutieron en las vidas y en los entornos de las víctimas de forma diferenciada dependiendo de si eran mujeres, niñas, adolescentes, indígenas o personas en situaciones de discapacidad cognitiva. Lo anterior no sólo tiene una relevancia intrínseca, sino que marca un precedente para la eventual construcción de sanciones propias con enfoques diferenciales, precisamente porque el daño causado es uno de los fundamentos para la imposición de dichas sanciones, con elementos restaurativos y reparadores.
Estas actuaciones de la Sala indican, desde un momento muy temprano del proceso en la JEP, una clara intención de que se cumpla con el componente restaurativo, propio del Sistema Integral, sin alejarse de los mandatos jurídicos inherentes a su labor como órgano de justicia. A diferencia de lo sucedido, por lo menos, en las primeras etapas de funcionamiento de la Corte Penal Internacional y, en un contexto local, de los tribunales de Justicia y Paz, la JEP es consciente de la importancia de las funciones restaurativas de la narración y la asunción explícita de los daños causados a las víctimas en los procesos de reconocimiento de los comparecientes.
Típicamente, en los modelos penales de la CPI o de Justicia y Paz, se establecía una relación entre el injusto y la pena y entre el daño y la reparación, pero pocas veces se refería a la relación entre el victimario y la víctima. Sin embargo, en la medida en que ambos sistemas evolucionaron, se empezó a dar un mayor protagonismo a las víctimas. En el caso del sistema de justicia penal internacional, se puede resaltar la decisión en el asunto Lubanga, en la que la Sala estableció los principios que deben ser observados y aplicados en la reparación de las víctimas de ciertos crímenes de guerra. Aunque la Sala indicó que los principios sólo se aplicarían al caso en concreto, las decisiones dictadas en los asuntos Katanga y Al Mahdi han aplicado los mismos principios que los desarrollados en el asunto Lubanga. Por su parte, en el caso del sistema de Justicia y Paz, se puede resaltar una sentencia que resuelve un incidente de reparación integral, donde se hizo énfasis en la intervención de las víctimas y la importancia de que el derecho a la reparación vaya más allá del restablecimiento de la pérdida patrimonial y la compensación por el daño causado.
La mención de estos sistemas penales permite observar que, si bien los daños de las víctimas han sido tenidos en cuenta en etapas procesales posteriores a la imputación, los dos Autos de la JEP representan un avance en el fortalecimiento del enfoque restaurativo desde etapas tempranas del procedimiento. De esta manera, los órganos judiciales no deben desconocer el principio de prontitud, puesto que, entre más tiempo transcurra entre los hechos victimizantes y la implementación de medidas de reparación, aun cuando sean simbólicas o inmateriales, como ocurre en el caso de la JEP, más difícil será reparar el daño de manera efectiva.
En definitiva, aunque la caracterización de los daños en los Autos 125 y 128 de 2021 de la JEP no se traduce en su tasación, sí sirve para reconocer institucionalmente el dolor de las víctimas, establecer criterios para que el reconocimiento de verdad y responsabilidad de los comparecientes tenga efectos restaurativos y, adicionalmente, para la creación y el diseño de sanciones propias con enfoques diferenciales. Resaltamos que este último punto será uno de los retos más importantes de la JEP en el futuro. Es crucial que, además de seguir implementando enfoques restaurativos, simbólicos e inmateriales durante el procedimiento, la JEP imponga sanciones propias que sean verdaderamente reparadoras para las víctimas y que tengan en cuenta, entre otros, el enfoque de género, los daños colectivos padecidos por pueblos étnicos, grupos campesinos y los daños individuales de sus integrantes.
Citación académica sugerida: Rodríguez, Natalia; Martín Prada, Andrés Felipe; Echeverry Cano, Daniel. La justicia restaurativa en la JEP: su concreción en el caso de los “falsos positivos”. Agenda Estado de Derecho. 2021/10/21. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-justicia-restaurativa-en-la-jep-su-concrecion-en-el-caso-de-los-falsos-positivos/
Palabras claves: Colombia, daños y afectaciones, verdad, reparación.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.