Donde la tortura manda, la dignidad desaparece: la situación en las prisiones ecuatorianas

16 de Junio de 2022
Donde la tortura manda, la dignidad desaparece: la situación en las prisiones ecuatorianas
Crédito foto: Pixabay

Desde 2021 cerca de 390 personas han sido asesinadas en el interior de centros penitenciarios en Ecuador ¿qué está pasando dentro de las cárceles?

¿Qué ocurre en las prisiones de ecuatorianas?

Uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta Ecuador es la crítica situación que sufre el Sistema Penitenciario. Aunque es sencillo señalar a los gobernantes más recientes, por el grado de complejidad que ha adquirido el problema, también sería irresponsable desconocer que se trata de algo que ha estado presente en el país desde hace aproximadamente dos décadas.

Lo preocupante actualmente es el grado de violencia en el interior de los centros. A nivel nacional e internacional se ha puesto en debate el cuestionamiento a la gestión penitenciaria ecuatoriana por los bruscos atropellos contra los derechos de las personas privadas de libertad.

De diciembre de 2020 a mayo de 2022 han tenido lugar aproximadamente 390 asesinatos en las cárceles ecuatorianas. En el 2021 ocurrieron 8 episodios violentos, en los que se pudo identificar que la mayoría de las víctimas eran jóvenes que estaban en prisión preventiva y personas que ya contaban con boleta de excarcelación. El nivel de violencia fue tan alto que se presentaron casos de incineración y desmembramiento corporal, dificultando la identificación de las víctimas.

Lo que no se cumple

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en varias ocasiones respecto al incumplimiento, por parte del Estado ecuatoriano, en garantizar condiciones de vida dignas en sus prisiones. Este ambiente hostil en su interior convierte a los presidios  del país suramericano en una institución netamente despersonalizadora, desocializadora y estigmatizadora     .

No se cumplen las Reglas “Nelson Mandela” para el Tratamiento de los Reclusos;      tampoco se siguen las recomendaciones destinadas a reducir la violencia, las muertes y las lesiones graves en las instalaciones de detención, establecidas por la Alta Comisionada en su informe de 2019 sobre los derechos humanos en la administración de justicia.

Además, no se considera lo establecido en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; no se toma en cuenta la hoja de ruta para la elaboración de Programas de Rehabilitación en las Cárceles; ni se sigue el Manual de Seguridad Dinámica e Inteligencia Penitenciaria, realizado por la UNODC.

Si entramos en mayor profundidad, también se puede decir que no se cumple con las Reglas “Bangkok” para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes; y, no se tienen presentes las Reglas de “Tokio” para evitar medidas que generen condiciones de hacinamiento dentro de los centros de detención.

Desde el ámbito regional, podemos afirmar que no se respeta el Pacto de San José, ni se ha cumplido con el compromiso de reconocer el derecho fundamental de las personas privadas de libertad a ser tratadas como seres humanos, establecido en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.

Este criterio de protección hacia quienes se encuentran en prisión ha sido desarrollado de manera amplia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacando el rol de garante del Estado sobre las personas privadas de libertad, debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Mismo que, como se puede observar, no ha podido ser cumplido en el caso ecuatoriano.

Lo que hay detrás del incumplimiento

Los males que rondan en las cárceles ecuatorianas están relacionados con una vulneración sistemática de derechos en el interior de los centros, generadas por las condiciones de vida deplorables a las que están sometidas las personas privadas de libertad. La forma en la que se han gestionado las prisiones, junto a un cúmulo de decisiones desacertadas que se han tomado con el pasar de los años, son factores decisores que han repercutido en la orientación de la política criminal ecuatoriana, la cual ha estado marcada por el punitivismo     .

Solamente para tener una idea, en la actualidad el  hacinamiento existente es casi del 30%, con un número aproximado de 40.000 personas en prisión, cuando la capacidad total del Sistema es para 30.000     .

Se señala que los principales factores que profundizan la crisis penitenciaria son: el aumento de penas y del catálogo de delitos que privilegian el encarcelamiento; el uso excesivo de prisión preventiva; el debilitamiento institucional; la corrupción interna; la escasez de recursos en las entidades del sistema penitenciario; la errónea política contra las drogas; la burocratización de procedimientos internos; y, la calidad de vida dentro de las prisiones.

Por esto, la persona condenada a prisión prácticamente es sometida a un doble castigo que se limita a aislar y neutralizar, olvidando la rehabilitación y la reinserción social. Lo complejo es que no se evidencian esfuerzos suficientes para asumir el problema con la responsabilidad técnica que merece; y, en su lugar, se ha optado por acudir a una narrativa que excluye la responsabilidad estatal sobre la situación y la reduce a un enfrentamiento entre bandas, sin tomar en cuenta otro tipo de factores que también se correlacionan con lo que ocurre.

Lo que se debería considerar

La situación descrita evidencia la necesidad urgente de una reforma integral del Sistema Penitenciario en su totalidad. Para conseguirlo, es necesario aunar esfuerzos con el objetivo principal de dignificar el castigo penal.

La tarea más compleja consiste en identificar correctamente todos los factores que se correlacionan con la problemática; lograr determinar la fuerza en la que lo hacen; y, plantear las soluciones adecuadas a cada uno. Sin embargo, hay varios factores de riesgo que resultan evidentes causantes de la complejidad del problema, como los expuestos en el apartado anterior.

Por lo tanto, la reforma deberá contemplar al menos los siguientes puntos:

i. Visibilizar la situación de las personas en prisión mediante mecanismos que generen más espacios de diálogo con ellas, sus familiares y las autoridades penitenciarias;      

ii. Direccionar recursos destinados a mejorar las condiciones internas de los centros, la calidad de vida influye en los procesos de rehabilitación;      

iii. Erradicar la corrupción interna mediante mejores condiciones laborales, más capacitación y mayor inclusión del personal de prisión en los objetivos esperados

iv. Dar apertura de las prisiones al público, con la finalidad de transparentar la gestión penitenciaria y visibilizar su crudeza, para reducir el alto grado de punitivismo que existe;      

v. Reforzar el catálogo de alternativas a prisión, otorgando un mayor margen de aplicación y favoreciendo el uso principal de estas medidas o sanciones;      

reducir la desigualdad económica y laboral, y fortalecer la presencia estatal en los sectores más vulnerables; y,      

vi. Reorientar las políticas contra el micro y narcotráfico.

Lo más importante de todo es reconocer la necesidad de una verdadera política criminal que aborde el fondo de la problemática, dando atención a la estructura social desigual en la que vivimos, con la finalidad de reducirla y evitar perennizar la situación de las personas menos favorecidas a través del castigo de prisión. Sin esto, las garantías y los derechos quedarán solamente en papel.

Citación académica sugerida: Citación académica sugerida: Punín Tandazo, Pablo. Donde la tortura manda, la dignidad desaparece: la situación en las prisiones ecuatorianas, Agenda Estado de Derecho, 2022/06/16. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-situacion-en-las-prisiones-ecuatorianas/

Palabras clave: Ecuador, cárceles, crisis.

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DEL AUTOR
Pablo D. Punín Tandazo

Miembro del Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal de la UPF; Especialista de Patrocinio Penal; Coordinador del Observatorio de Criminología, Política Criminal y Ejecución Penal del Ecuador (@observatorioCPE); y, Profesor de Teoría Penal. 

Artículos Relacionados

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Su investigación se enfoca en temas relacionados con Governanza Multinivel e Integración de Mercados, Regionalismo Comparado y Derecho Internacional Público. Obtuvo su PhD en la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Ha publicado en inglés y castellano, en Latinoamérica e internacionalmente.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.