Cuando la Constitución sucumbe ante la política: la reciente designación de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia venezolano

31 de Mayo de 2022
Cuando la Constitución sucumbe ante la política: la reciente designación de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia venezolano
Crédito Foto: Twitter Asamblea Nacional 2

¿Por qué la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es una vulneración al orden constitucional en Venezuela?

En enero de 2022 fue promulgada una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que ha significado una nueva vulneración al orden constitucional y democrático en Venezuela. Esta reforma legal, entre otros aspectos, redujo el número de magistrados de dicho Tribunal de 32 a 20 integrantes, lo cual fue aducido como pretexto para emprender una supuesta renovación en el máximo órgano judicial.

Es conocida la maniobra de ampliar el número de jueces, que en varios países ha sido ensayada o llevada a cabo por la mayoría gobernante para doblegar o capturar políticamente a una Suprema Corte. Se intentó en los Estados Unidos en 1937. Se hizo en la Argentina de Menem en 1990, esta vez sí logrando la expansión, dando lugar a la llamada “mayoría automática” progubernamental en esa alta instancia judicial. En Venezuela el oficialismo acudió a esa práctica en 2004-2005, al aumentar el número de magistrados de 20 a 32, con el fin de recuperar la hegemonía sobre el Tribunal Supremo de Justicia, que se había visto en parte resquebrajada desde 2002. Pero recientemente fue revertido ese incremento y se volvió a los 20 integrantes. Con apoyo en la reforma legal, se inició un proceso que conduciría a la elección de todos los magistrados y sus suplentes. 

¿Qué justifica esta última modificación en el número de miembros del Tribunal? ¿Cómo explicar que esa reducción se haya presentado como un paso hacia la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia y del poder judicial? Estos interrogantes no han recibido una respuesta jurídica atendible desde las esferas oficiales. Tal reducción hubiera podido tener sentido constitucional como parte de un proceso de auténtica rectificación, fruto de negociaciones hacia la democracia, en las cuales se hubiera acordado elegir un Tribunal Supremo de Justicia cumpliendo estrictamente la Constitución y dejando sin efecto previas decisiones legislativas y designaciones que se realizaron al margen de la Constitución. Pero nada de esto ha ocurrido. El gobierno emprendió unilateralmente una revisión de este Tribunal, dirigida no a dar marcha atrás a medidas arbitrarias sino a consolidar y prolongar su subordinación partidista. Se ha especulado que el propósito del gobierno al llevar a cabo la supuesta reforma del Tribunal Supremo de Justicia ha sido mostrar avances en materia judicial en virtud de las investigaciones que adelanta el Fiscal ante la Corte Penal Internacional u otras instancias internacionales. Sin embargo, la reciente designación de magistrados solo puede conducir a dificultar aún más la posición de los órganos del Estado venezolano y de quienes los dirigen ante tales instancias, dada la confirmación de la imposibilidad en que se encuentra la institucionalidad interna para examinar con independencia las denuncias de graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. 

No es renovación de magistrados sino de sus periodos

En la reforma legal de enero de 2022 se incluyó una disposición final en virtud de la cual quienes ocupaban el cargo de magistrados, sin que hubiera vencido el periodo correspondiente, podían participar en el procedimiento de designación que se convocaría, si aspiraban a continuar en ejercicio de esas funciones. La Constitución establece de manera prístina que los “magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único período de doce años” (art. 264), por lo que esa disposición final es abiertamente inconstitucional.

Para burlar la limitación temporal del periodo de los magistrados y la prohibición de su reelección, se introdujo esa disposición, con el objeto de permitir que varios de los miembros del Tribunal pudieran permanecer en sus cargos, por un tiempo mayor a 12 años y, además, entendiéndose que un plazo igual comenzaba a correr a partir de la nueva designación. 12 de los 20 magistrados designados en abril de 2022 ya integraban ese órgano y en relación con algunos de ellos estaba próximo a vencer ese periodo de 12 años. Con esta renovación, no de magistrados sino de sus periodos, y con la designación de otros miembros en el Tribunal, el gobierno se procuró un órgano judicial leal para un nuevo periodo de 12 años, pretendiendo con ello suprimir las oportunidades de elección de magistrados que hubieran correspondido a la sociedad organizada y a futuras Asambleas Nacionales, a medida que fueran venciendo los periodos de quienes lo conformaban hasta abril de 2022.  

Demoliendo la Constitución

Todo esto es evidentemente inconstitucional. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al conocer de dos impugnaciones contra la reforma de la citada ley orgánica, desestimó expeditivamente los recursos interpuestos. Al abordar los alegatos referidos a la inconstitucionalidad de la mencionada disposición final, que permitió la reelección de magistrados, y a la remoción indirecta de magistrados que habría significado la reforma legal, dicha Sala afirmó insólitamente que se estaba impulsando un: “…proceso de reestructuración que se inicia con la reforma de la ley que regula este Alto Tribunal producto de circunstancias sobrevenidas, no previstas por el constituyente originario de 1999”.

Tales hechos consistirían en “la situación internacional de acoso y bloqueo con fines de aislamiento y caotización institucional  a la cual ha sido sometido unilateralmente el Estado por una serie de países y organizaciones internacionales que conforman el Bloque Atlántico”. Se añadió que: “No podía el constituyente de 1999, prever este escenario geopolítico conflictual que ha afectado directamente el funcionamiento del Estado de Derecho y el Bienestar Común de la ciudadanía, a este evento no escapa el Sistema de Justicia. De allí que, los altos organismos estratégicos del Estado venezolano hayan diseñado políticas generales que se adecuan a las circunstancias que se enfrentan coyunturalmente en el modelo de gestión pública, en especial del Sistema de Justicia y que proyectan una nueva etapa de transformación y reinstitucionalización del Estado, con estricta sujeción al modelo de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia” (sic). La Sala concluye que: “De lo que se trata, es de responder excepcionalmente ante eventos sobrevenidos a los tiempos constituyentes originarios”, y que “con esta reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia debe entenderse que se inicia ese único período…”. 

Según esta decisión judicial, hay que asumir la reducción de magistrados prevista en la reforma legal como la determinación del legislador de acometer una “reestructuración total” del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual encontraría asidero en las señaladas circunstancias sobrevenidas y justificaría prescindir de lo establecido en la Constitución. Esto implica negar completamente su supremacía y fuerza normativa, pues las Constituciones, por su generalidad y vocación de permanencia, pretenden regir precisamente para situaciones no pensadas, frente a las cuales el Estado de Derecho exige someterse a la juridicidad. Es inaceptable que un órgano jurisdiccional admita que, cuando las circunstancias lo aconsejen, puede dejarse de lado la Constitución, en un tema además tan propio de la esencia de la jurisdicción como lo es el de la independencia judicial. Más grave aún es que para fundamentar este desafuero se invoquen las “políticas generales” fijadas por los “altos organismos estratégicos del Estado venezolano”. ¿Dónde queda la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la separación de poderes cuando los altos organismos estratégicos del Estado venezolano, es decir, las instancias políticas o de gobierno, pueden, sin control alguno, decidir salirse del marco constitucional para tomar las medidas que estimen necesarias ante situaciones especiales?; sin entrar ahora a comentar la explicación, apegada a la tesis oficialista, que hace la Sala sobre lo que sucede en Venezuela. Resulta cínico adicionalmente que se argumente todo esto cuando no ha habido ninguna “reestructuración” sino más bien una consolidación de lo que teníamos.

Esta pretendida reestructuración se está concibiendo como el primer paso para una completa renovación del poder judicial, con selección y nombramiento de todos los jueces del país. Ya sabemos lo que es una “renovación” en el actual proceso plagado de artificios continuistas. Hay que hacer todo lo posible para que no se repita en todo el poder judicial lo que ocurrió con el Tribunal Supremo de Justicia. Un poder judicial tributario de la captura política de este alto tribunal seguirá siendo incapaz de proteger los derechos humanos y de ofrecer una verdadera administración de justicia.

Citación académica sugerida: Casal, Jesús María. Cuando la Constitución sucumbe ante la política: la reciente designación de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Agenda Estado de Derecho, 2022/05/31. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-reciente-designacion-de-magistrados-en-el-tribunal-supremo-de-justicia-venezolano/

Palabras clave: independencia judicial, magistrados, Tribunal Supremo de Justicia, Venezuela

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ACERCA DEL AUTOR
Jesús María Casal Hernández

Jesús María Casal Hernández es Abogado Summa Cum Laude de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas/Venezuela) y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Postdoctorado de Investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (Heidelberg/Alemania). Profesor de Derecho Constitucional y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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