Todo esto es evidentemente inconstitucional. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al conocer de dos impugnaciones contra la reforma de la citada ley orgánica, desestimó expeditivamente los recursos interpuestos. Al abordar los alegatos referidos a la inconstitucionalidad de la mencionada disposición final, que permitió la reelección de magistrados, y a la remoción indirecta de magistrados que habría significado la reforma legal, dicha Sala afirmó insólitamente que se estaba impulsando un: “…proceso de reestructuración que se inicia con la reforma de la ley que regula este Alto Tribunal producto de circunstancias sobrevenidas, no previstas por el constituyente originario de 1999”.

Tales hechos consistirían en “la situación internacional de acoso y bloqueo con fines de aislamiento y caotización institucional  a la cual ha sido sometido unilateralmente el Estado por una serie de países y organizaciones internacionales que conforman el Bloque Atlántico”. Se añadió que: “No podía el constituyente de 1999, prever este escenario geopolítico conflictual que ha afectado directamente el funcionamiento del Estado de Derecho y el Bienestar Común de la ciudadanía, a este evento no escapa el Sistema de Justicia. De allí que, los altos organismos estratégicos del Estado venezolano hayan diseñado políticas generales que se adecuan a las circunstancias que se enfrentan coyunturalmente en el modelo de gestión pública, en especial del Sistema de Justicia y que proyectan una nueva etapa de transformación y reinstitucionalización del Estado, con estricta sujeción al modelo de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia” (sic). La Sala concluye que: “De lo que se trata, es de responder excepcionalmente ante eventos sobrevenidos a los tiempos constituyentes originarios”, y que “con esta reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia debe entenderse que se inicia ese único período…”. 

Según esta decisión judicial, hay que asumir la reducción de magistrados prevista en la reforma legal como la determinación del legislador de acometer una “reestructuración total” del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual encontraría asidero en las señaladas circunstancias sobrevenidas y justificaría prescindir de lo establecido en la Constitución. Esto implica negar completamente su supremacía y fuerza normativa, pues las Constituciones, por su generalidad y vocación de permanencia, pretenden regir precisamente para situaciones no pensadas, frente a las cuales el Estado de Derecho exige someterse a la juridicidad. Es inaceptable que un órgano jurisdiccional admita que, cuando las circunstancias lo aconsejen, puede dejarse de lado la Constitución, en un tema además tan propio de la esencia de la jurisdicción como lo es el de la independencia judicial. Más grave aún es que para fundamentar este desafuero se invoquen las “políticas generales” fijadas por los “altos organismos estratégicos del Estado venezolano”. ¿Dónde queda la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la separación de poderes cuando los altos organismos estratégicos del Estado venezolano, es decir, las instancias políticas o de gobierno, pueden, sin control alguno, decidir salirse del marco constitucional para tomar las medidas que estimen necesarias ante situaciones especiales?; sin entrar ahora a comentar la explicación, apegada a la tesis oficialista, que hace la Sala sobre lo que sucede en Venezuela. Resulta cínico adicionalmente que se argumente todo esto cuando no ha habido ninguna “reestructuración” sino más bien una consolidación de lo que teníamos.

Esta pretendida reestructuración se está concibiendo como el primer paso para una completa renovación del poder judicial, con selección y nombramiento de todos los jueces del país. Ya sabemos lo que es una “renovación” en el actual proceso plagado de artificios continuistas. Hay que hacer todo lo posible para que no se repita en todo el poder judicial lo que ocurrió con el Tribunal Supremo de Justicia. Un poder judicial tributario de la captura política de este alto tribunal seguirá siendo incapaz de proteger los derechos humanos y de ofrecer una verdadera administración de justicia.