Además, si se tratare de canalizar reclamos o exigencias imperiosas de la sociedad política venezolana, habría que subrayar que hay cuestiones pendientes en el país en materia de cumplimiento de la Constitución, transparencia electoral y respeto de la voluntad popular, persecución política y violaciones a derechos humanos, indispensable instauración de un Estado de Derecho, y recuperación del tejido económico y social, entre otras, que deben ser abordadas con carácter prioritario.

Algunos partidarios de la reforma parten de la premisa de que al haber transcurrido 25 años de vigencia (formal) de la Constitución es aconsejable someterla a una amplia revisión o reforma. Esta es una falsa premisa, pues las Constituciones no son un producto con fecha de caducidad, desechable por el solo hecho de que el tiempo haya transcurrido.

En 2017, cuando se impuso una asamblea nacional constituyente, se adujo, para justificar la pretensión de cambio constitucional, que según un estudio del PNUD cada 19 años en promedio se reemplazaban las Constituciones. Este argumento es falaz, pues lo que señala dicho estudio, basado en una investigación desarrollada por Ginsburg, Melton y Elkins, es que, desde 1789 hasta la fecha de su trabajo, en los numerosos países considerados en distintas regiones del mundo, en promedio cada 19 años había un cambio constitucional, pero ello como dato empírico no como recomendación ni como estándar aceptable. Nótese que dicha investigación tuvo en cuenta toda clase de regímenes, así como las más variadas situaciones desencadenantes de una nueva producción constitucional.

Se habla de construir un gran consenso nuevo. No obstante, el único modo de lograrlo en Venezuela sería yendo más allá de las propias filas y banderas, incluyendo posiciones diversas, reunidas en torno a los principios fundamentales de una democracia constitucional. Existe el peligro de que el consenso al que se apele sea entre copartidarios, entre iguales, con la homogeneidad de la unilateralidad ideológica.

Las reservas se confirman si pasamos a considerar los cuatro objetivos genéricos de la reforma. Por un lado, no habría inconveniente en estimar admisibles modificaciones tendientes a ampliar la democracia participativa y protagónica, siempre que se ajustaran al federalismo, a la legitimación mediante el sufragio universal, directo y secreto y al pluralismo político, entre otras exigencias (artículos 4 y 6 de la Constitución, entre otros).      

Aunque habría que preguntar por qué no se dictan leyes sobre la participación política, como la de los referendos, y otras con las que se está en mora, en lugar de precipitar la reforma constitucional. Sabemos, sin embargo, que está presente la intención de formalizar el Estado comunal, que se ha venido instaurando en los últimos lustros, mediante decretos leyes, leyes y otros instrumentos, pese al rechazo popular del proyecto de reforma constitucional en 2007. El Estado comunal, en los perfiles que hasta ahora ha recibido resulta antidemocrático, por implicar una imposición ideológica, la del socialismo, y por socavar el ámbito y significación política de los Estados y Municipios y de las autoridades electas en estas entidades. Planteado así, estaríamos ante un serio riesgo para los principios fundamentales de la Constitución, inalterables mediante reforma constitucional, y para la idea misma de Constitución y de Democracia.

Por otro lado, vagamente se alude a los propósitos de definir los nuevos valores de la sociedad y el nuevo modelo económico, y de revisar el “engranaje” constitucional. Habrá que esperar al articulado para medir el alcance exacto de estas propuestas, pero sería una amenaza a la libertad el intento de imponer desde el Estado los valores sociales, y sería un error pretender fijar en la Constitución un modelo económico específico, más allá de las reglas generales que una Constitución puede contener sobre el orden económico, a partir de los derechos fundamentales que se proyectan sobre ese ámbito y de las tareas indispensables de regulación estatal. Sobre los pretendidos cambios en el engranaje constitucional es poco lo que ahora puede decirse.