Desde el 28 de abril Colombia ha visto protestas masivas en Bogotá, Cali, Medellín, Palmira y otros rincones del país. Al inicio el pueblo colombiano salió a protestar contra una propuesta del Gobierno de reforma fiscal asociada a la pandemia, la cual fue retirada el 2 de mayo. El Presidente Duque confirmó el 1 de mayo que las Fuerzas Armadas apoyarían a la Policía Nacional a controlar las protestas. Las movilizaciones sociales y la correspondiente respuesta estatal han tenido consecuencias trágicas, incluyendo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al 7 de mayo, 234 personas heridas, 37 muertas, 43 desaparecidas y 11 casos de violencia sexual. Los medios de comunicación y las redes sociales han reproducido noticias que muestran la violencia policial y no policial, en donde entre otras cosas, se ve a un joven que murió en Cali por un disparo que recibió tras darle una patada a la motocicleta de un policía y el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos directamente a manifestantes.

Esta situación se ha reiterado en Colombia en los últimos tres años. En el contexto del Paro Nacional de noviembre 2019, un joven de 18 años, Dilan Cruz, marchaba pidiendo garantías para acceder a educación superior y fue víctima fatal de las actuaciones de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD). En septiembre 2020 la población de Bogotá se volcó a las calles en protesta al brutal asesinato, en manos de la Policía, de Javier Ordoñez, quien supuestamente incumplió las restricciones estatales impuestas por la pandemia. El resultado de los hechos de 2020 fueron más de 10 personas fallecidas y al menos 75 heridas.

Frente a la violencia policial, la Corte Suprema de Justicia de Colombia se pronunció en 2020 en una acción de tutela protegiendo el derecho a la protesta. La Corte llamó al Estado a prevenir y sancionar la “intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas” y el “uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos”.  Además, señaló que el ESMAD “no refleja capacitación ni mesura en sus actos y, menos aun interés [de] salvaguardar la integridad de las personas” y ordenó la suspensión de la escopeta de calibre 12 hasta tanto se den las garantías para su reutilización responsable. Con respecto al lanzamiento de gases químicos, la Corte mostró preocupación ante su uso “en lugares donde se presentan grandes aglomeraciones […] sin razón alguna”. Por último, calificó la conducta del ESMAD como “reprensible, pues bajo ninguna premisa están facultados para agredir masivamente a quienes pacíficamente se expresan a través de la protesta”. (Recomendado: Derecho a la protesta en Colombia y violencia policial: retos y discusiones pendientes)

El derecho a protestar se encuentra protegido por derechos humanos esenciales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, como el derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión, la libertad de asociación y los derechos políticos. La protesta social es el canal mediante el cual grupos minoritarios y los sectores más vulnerables de la sociedad pueden hacer oír su voz y reclamar el respeto de sus derechos. Similar a las elecciones, las protestas son parte esencial de la participación pública democrática pues a través de ellas se expresa la voluntad del pueblo y se exige al Estado rendición de cuentas. La Constitución colombiana consagra este derecho al establecer que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” y que “sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. La Corte Constitucional ha reconocido el derecho a reunirse y manifestarse públicamente como un derecho fundamental y ha resaltado el rol importante que juega en una democracia al “llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre una problemática específica y sobre las necesidades de ciertos sectores, en general minoritarios”. 

A pesar de las obligaciones internacionales de los Estados de respetar, garantizar y facilitar el derecho a la protesta, este derecho sufre diversas limitaciones ilegítimas en la región, incluyendo reiteradas violaciones a los derechos humanos de las personas manifestantes, principalmente mediante el uso excesivo de la fuerza, generando silenciamiento, temor y daños físicos, muertes y desapariciones. Así, en los últimos dos años hemos visto la pérdida de vidas y otras graves violaciones a los derechos humanos en situaciones similares en Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, entre otros países de América.

El uso desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas sociales tiene diversas causas, incluyendo la ausencia de normativas que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos, la falta de entrenamiento adecuado y la impunidad. En Colombia, la Corte Constitucional ha ordenado que se legisle sobre el derecho de reunión a través de una Ley Estatutaria, la cual está pendiente desde junio de 2019. También, en el Acuerdo Final para la Paz de 2016 se señala de manera específica que, en un escenario de fin del conflicto, se deben garantizar espacios para canalizar las demandas ciudadanas incluyendo garantías para la movilización y protesta. Recientemente, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema mencionada anteriormente, el Ministerio de Interior expidió el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana, el cual privilegia el diálogo y la mediación dentro de las actuaciones de la policía en las manifestaciones públicas, señalando que la formación y capacitación de la Policía conducirán “a un actuar profesional soportado en la legislación nacional e internacional”. 

Urge que Colombia cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales y, entre otras cosas, legisle sobre el derecho de reunión, garantice espacios seguros para protestar e investigue los hechos acaecidos para evitar la impunidad. También debe capacitar a la Policía Nacional y al ESMAD en derechos humanos, y en particular sobre el derecho a la protesta y el uso de la fuerza, para que protejan a las personas manifestantes y no se conviertan en los que violentan sus derechos, y a su vez, cuenten con adecuados controles internos y externos de su accionar en estos espacios. Estas acciones deben, además, contar con espacios participativos para su adopción, en donde se escuche a víctimas y familiares de las represiones en el marco de las protestas, como a organizaciones de la sociedad civil y personas expertas nacionales e internacionales. 

Además, Colombia debe seguir las recomendaciones de los organismos internacionales y no utilizar las fuerzas militares para controlar las protestas como está ocurriendo. La CIDH ha establecido claramente que la función de seguridad interior, que incluye disturbios o violencia interna, corresponde a la Policía y no a las Fuerzas Armadas, cuya función es la defensa nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha recordado en su jurisprudencia que la regla general es que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles y que cuando excepcionalmente las fuerzas armadas intervengan en tareas de seguridad su participación debe ser extraordinaria, lo cual incluye que debe ser temporal y estar restringida a lo estrictamente necesario; subordinada y complementaria a las labores de las fuerzas civiles; regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza; y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. 

La lamentable situación en Colombia debe servir para mantener en la agenda pública regional la importancia que la protesta social tiene y seguirá teniendo como pilar de la democracia. Ante ello, los Estados tienen la obligación de estar preparados para proteger el derecho a protestar con una normativa acorde a sus obligaciones internacionales y con fuerzas de seguridad que entiendan que la fuerza sólo debe usarse como último recurso y de manera proporcional al peligro existente. Su labor principal es la facilitación de las protestas pacíficas y no su contención.