El crimen de ecocidio: ¿desde el Consejo de Europa hasta América Latina?

30 de Agosto de 2023
El crimen de ecocidio: ¿desde el Consejo de Europa hasta América Latina?
Foto de Unsplash.

La reciente resolución y recomendación del Consejo de Europa llama a que el ecocidio sea considerado delito internacional, ¿cuáles son las consecuencias para América Latina?

El pasado 25 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (CdE) adoptó una resolución (2447/2023) y una recomendación (2247/2023) sobre el impacto medioambiental de los conflictos armados. En primer lugar, hace clara referencia a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, se destaca la inclusión del ‘ecocidio’ en ambos documentos, por primera vez, explicándolo como una “destrucción severa o deterioro severo de la naturaleza, que […] puede ocurrir en tiempos de paz o guerra”. Además, se hace hincapié en el llamado a los Estados miembros del CdE, de incluir y codificar el ecocidio en sus códigos penales, y también de iniciar el proceso de modificación del Estatuto de Roma, lo cual tendría un impacto gigantesco en el Derecho Internacional, sobre todo el Derecho Penal Internacional.

Desde la perspectiva latinoamericana, surge la pregunta de qué implicancias genera la inclusión del ecocidio, por parte del CdE, para la región. Para ilustrarlo, procederé a analizar el caso a partir de los frecuentes derrames de petróleo en Perú y Ecuador.

Derrames de petróleo y otros desastres

Tras el gran derrame que ocurrió en enero de 2022 en Ventanilla, Callao, Perú, se desbordó una cantidad de casi 12.000 barriles de petróleo crudo, lo que afectó a 700 mil personas y destruyó gran parte de la vida marítima de la zona. Como consecuencia de ello, el Gobierno del Perú, representado por INDECOPI  demandó a seis empresas y organizaciones por los daños físicos y morales causados. El asunto sigue sin resultado concreto hasta la fecha.

Y esto no tiene en cuenta los cientos de otros derrames ocurridos en la zona. Entre 2016 y 2019, sólo en la costa peruana, se han registrado oficialmente 404 derrames de petróleo. Por si fuera poco,  también en la Amazonía los derrames ocurren con frecuencia, tanto en Perú como en Ecuador. Así, se cree que en los pequeños oleoductos se producen fugas de forma permanente.

Los derrames ocurridos en las selvas afectan sobre todo a los pueblos indígenas que habitan la zona, destruyendo gran parte de sus territorios, su subsistencia y su forma de vida ancestral. Además, los derrames tienen un impacto negativo más grande en las mujeres en específico, poniendo énfasis en la importancia de un abordaje con perspectiva de género.

Ecocidio como concepto jurídico

En todos estos casos se podría hablar de ecocidio, o “cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves, que sean extensos o duraderos al medio ambiente”, definición de la organización Stop Ecocidio.

Los derrames son sólo un ejemplo de todos los graves daños y destrucciones ambientales que afectan a América Latina y el mundo entero, pero muchos de estos nunca son llevados a las Cortes. Por lo tanto, algo hay que cambiar.

Aprovechar el momentum internacional

La resolución y recomendación del CdE es un hito en el proceso que se vive a nivel internacional. Cada vez más Estados, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil están incluyendo el ecocidio en las leyes nacionales, y deseando su inclusión en el Estatuto de Roma y en el contexto penal internacional.

No obstante, modificar el Estatuto de Roma es un proceso largo, que puede tomar años y no podemos esperar tanto. En tal sentido, considero que los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA), y su Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte IDH), deberían aprovechar este momentum internacional. Permítanme explicarme, partiendo de la conexión entre el ecocidio y los derechos humanos.

En julio de 2022, la Asamblea General de la ONU declaró que el acceso a un medio ambiente limpio y saludable es un derecho humano universal. En esta misma línea de pensamiento, se puede posicionar la solicitud de opinión consultiva (OC) a la Corte IDH sobre emergencia climática y derechos humanos por parte de Colombia y Chile de enero de 2023. Ya analizado este caso en este blog por Patricia Tarre, la solicitud de OC también pone hincapié en la intrínseca relación entre los derechos humanos y el medioambiente y pide que la Corte IDH establezca directrices a seguir para los Estados, entre otros.

Para mí esta relación es obvia. Los seres humanos somos naturaleza y necesitamos de nuestro entorno natural. Además, ni hablar de los efectos que el ecocidio pueda tener en nuestra salud, acceso al agua potable, acceso a alimentos, y nuestra subsistencia en general.

De esta manera, el crimen del ecocidio tiene un impacto directo en nuestros derechos humanos. Por lo tanto, es necesario que su debida aplicación en la defensa de los derechos humanos en la región. Si bien el SIDH no aplica leyes penales, las consecuencias del ecocidio sí tienen un impacto en los derechos humanos. Además, la Corte IDH debería establecer las directrices a seguir para que los Estados, que sí aplican leyes penales, implementen el crimen del ecocidio en sus códigos penales.

Pasos a seguir

Así, mi recomendación para América Latina sería triple. En primer lugar, los Estados de la región deberían codificar el ecocidio como crimen en sus propios sistemas jurídicos. En segundo lugar, la Asamblea General de la OEA debería reconocer las consecuencias del ecocidio como causa de violaciones de los derechos humanos, establecer las directrices a seguir para los Estados, y hacer un llamado a la modificación del Estatuto de Roma, tal como lo hizo el CdE. En tercer lugar, se debe concretizar esta modificación, para que los perpetradores del ecocidio puedan ser castigados en la Corte Penal Internacional. Sólo con mayor cobertura jurídica, y el cumplimiento de las sentencias resultantes de esta normativa, se puede hacer justicia de verdad para los casos devastadores que he expuesto en este artículo, y que vemos diariamente en nuestro entorno.

El problema es enorme – los ejemplos de Perú y Ecuador no son ni una sola gota en el mar de todos los crímenes medioambientales que ocurren en el mundo – pero codificar el ecocidio como crimen, y su debida persecución, tendrá un impacto igual de grande. Deberíamos utilizar las herramientas jurídicas para poner fin a la destrucción de nuestra Pachamama, y hacer responsables a los actores que hacen aquello. Este es el momentum. Aprovechémoslo.

 

Citación académica sugerida: Kuipers, Stijn. El crimen del Ecocidio: ¿desde el Consejo de Europa hasta América Latina? Agenda Estado de Derecho 2023/08/30. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-crimen-de-ecocidio-desde-el-consejo-de-europa-hasta-america-latina/

Palabras clave: Ecocidio, crimen medioambiental, derrame de petróleo, derechos humanos y medioambiente, justicia climática, Consejo de Europa, Corte Interamericana de Derechos Humanos

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ACERCA DEL AUTOR
Stijn Kuipers

Actualmente se desempeña como consejero político para el comercio internacional y los derechos humanos en el Parlamento Europeo. Cuenta con experiencia laboral en América Latina y Europa. Estudió en la Universidad de Leiden (Países Bajos), la Universidad Diego Portales (Chile), la Universidad de Gante (Bélgica) y la Universidad Carlos III de Madrid (España). Le apasionan los derechos de los pueblos indígenas, de las personas de la diversidad sexual y de género, y de las mujeres, entre otros. Cree que a través de la cooperación internacional, se puede crear un mundo más justo, sostenible y equitativo para todas las personas.

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