La Oroya vs. Perú: innovaciones interamericanas sobre el derecho al medio ambiente sano

17 de Mayo de 2024
La Oroya vs. Perú: innovaciones interamericanas sobre el derecho a un medio ambiente sano

¿Por qué la sentencia de la Corte IDH sobre el caso La Oroya vs. Perú es un caso hito en el Sistema Interamericano y en la protección del medio ambiente?

Por primera vez en su medio siglo de historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte) estableció estándares para el derecho al medio ambiente sano en un caso contencioso que no involucra a pueblos indígenas, con su fallo en La Oroya v. Perú en noviembre de 2023. Esta decisión histórica, una de las aproximadamente 500 emitidas hasta ahora por la Corte y la número 110 que involucra a Perú, declaró a este Estado responsable de violar dicho derecho, entre otros más, debido a la degradación ambiental y las crisis de salud en La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del mundo.

Varias innovaciones surgen de esta sentencia, que han sido comentadas aquí, aquí, y aquí. Específicamente, en términos del derecho al medio ambiente sano, la Corte aborda por primera vez problemas de contaminación del aire, agua y suelo, marcando un punto de divergencia respecto a los casos anteriores centrados en derechos de propiedad comunal y deforestación, y llega, incluso, a referirse a la protección del medio ambiente como una norma de jus cogens. Otras innovaciones incluyen el establecimiento de estándares para la diligencia debida del Estado en relación con actores empresariales, así como reparaciones de alcance colectivo. 

Esta contribución sostiene que tales innovaciones no habrían sido posibles sin el horizonte en constante progresión de la jurisprudencia y práctica interamericanas, las cuales, distintivamente, se apoyan en el diálogo con tribunales supranacionales y nacionales, así como con un vibrante ecosistema de comunidades de práctica en derechos humanos en la región. Después de una breve introducción sobre (1) el contexto del caso, se explorarán las innovaciones en (2) las excepciones preliminares, el fondo y reparaciones de la decisión, situándolas dentro de la práctica interamericana, y concluyendo con una (3) reflexión sobre los desafíos pendientes.

I. Un siglo de contaminación llega a la Corte: antecedentes del caso, hechos y procedimiento

Ubicado en las tierras altas centrales del Perú, el distrito de La Oroya ha lidiado con un siglo de degradación ambiental y crisis de salud debido a las operaciones del Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO). Establecido en 1922 por la corporación estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation, el complejo ha cambiado de manos en diversas ocasiones: fue nacionalizado en 1974 y luego privatizado en 1997 a la empresa estadounidense Doe Run. Sin embargo, la constante ha sido la emisión de una mezcla nociva de metales pesados y otros contaminantes, afectando gravemente la salud de sus más de 33,000 residentes (párr. 67). En 2006, estas emisiones otorgaron a La Oroya la reputación de ser una de las ciudades más contaminadas del mundo

El camino hacia la Corte comenzó en diciembre de 2006, cuando la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earth Justice y la Asociación Pro Derechos Humanos (los representantes) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión) en nombre de los residentes de La Oroya. Esta acción se llevó a cabo tras agotar los recursos internos, dado el incumplimiento del gobierno peruano a la sentencia de mayo de 2006 del Tribunal Constitucional de ese país, que había ordenado medidas de reparación ante violaciones relacionadas con los derechos a la salud y al medio ambiente de los habitantes de La Oroya.

En noviembre de 2020, la Comisión emitió su Informe de Fondo No. 330/20, en el que concluyó que Perú era responsable de violaciones a diversos derechos y recomendó al Estado implementar una serie de medidas de reparación. Al no recibir información sobre el cumplimiento de estas recomendaciones, la Comisión decidió someter el caso a la Corte en septiembre de 2021.

En sus alegatos, la Comisión argumentó que la ausencia de un marco regulatorio claro, la falta de supervisión e imposición de sanciones permitieron que el CMLO produjera altos niveles de contaminación. Esto, sostuvo la Comisión, violaba varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la Convención): 4.1 (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal), 13.1 (derecho al acceso a la información), 19 (derechos de la niñez), 23.1.a (derecho a la participación pública) y 26 (realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales), en detrimento de 80 víctimas, incluidos 23 niños y niñas al momento de la petición inicial. Los representantes también enfatizaron que los derechos a la vida y a la integridad personal de las mujeres, mujeres gestantes y personas mayores estaban particularmente comprometidos.

Perú negó cualquier responsabilidad internacional, afirmando que, tras la sentencia de 2006 del Tribunal Constitucional, había tomado medidas para reducir la contaminación ambiental y garantizar la participación de las personas interesadas en la toma de decisiones ambientales. Además, cuestionó cualquier relación de causalidad entre las condiciones ambientales en La Oroya y los fallecimientos que ocurrieron en el área y la sintomatología presentada por las víctimas.

La Corte emitió su sentencia en un plazo de dos años, período durante el cual celebró una audiencia pública fuera de su sede en San José, en octubre de 2022, en Montevideo, Uruguay y recibió 17 escritos de amicus curiae de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, lo que resulta un número mayor que en casos contenciosos anteriores relacionados con el medio ambiente, como Sarayaku v. Ecuador (2012) y Lhaka Honhat v. Argentina (2020), que recibieron 9 y 8 escritos, respectivamente.

II. Innovaciones interamericanas sobre el derecho al medio ambiente sano

Excepciones preliminares: justiciabilidad directa desde la Convención Americana y alcance colectivo

Entre las excepciones preliminares planteadas por el Estado demandado, este argumentó que la justiciabilidad directa de los derechos a la salud y a un medio ambiente sano desde el artículo 26 de la Convención no estaba jurídicamente respaldada. La Corte rechazó esta excepción, reafirmando su práctica consistente de interpretar la Convención de manera sistemática y evolutiva (párr. 25), a la luz de otros tratados y normas relevantes (párr. 26). Citó su fallo en el caso Lhaka Honhat v. Argentina y su Opinión Consultiva OC-23/17 sobre el medio ambiente y los derechos humanos, mismas que constituyen un punto de inflexión en el desarrollo jurisprudencial de la Corte al reconocer el derecho a un medio ambiente sano como un derecho autónomo bajo el artículo 26. Anteriormente, la Corte sólo había reconocido este derecho de manera indirecta, en relación con los derechos de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales (artículo 21).

Además, Perú solicitó el desistimiento de las reclamaciones de los representantes respecto a los daños colectivos más allá de las presuntas víctimas comprendidas en el Informe de Fondo de la Comisión. La Corte también rechazó esta consideración. Haciendo referencia a la OC-23/17 (párr. 59), la Corte destacó que, dado que el derecho a un medio ambiente sano entraña dimensiones tanto colectivas como individuales, las violaciones de este derecho pudieron tener impactos que trascendían las presuntas víctimas indicadas por la Comisión, afectando colectivamente a otros sujetos en La Oroya. 

Fondo y reparaciones: contaminación, debida diligencia y reparaciones colectivas

Un aspecto innovador de esta sentencia es que aborda una cuestión que anteriormente no había sido central en la jurisprudencia de la Corte: la contaminación (el foco de casos ambientales previos había sido la extracción de recursos naturales en tierras ancestrales de pueblos indígenas y tribales). Al establecer la responsabilidad del Estado por violar el derecho a un medio ambiente sano, el análisis de la Corte se centró en dos controversias principales en torno a dicha cuestión: en primer lugar, si la contaminación del CMLO constituía un riesgo significativo para el medio ambiente; y en segundo lugar, si Perú cumplió con sus obligaciones—tanto sustantivas como procedimentales—relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano (párr. 154), incluyendo la evaluación de los esfuerzos de Perú hacia la realización progresiva de este derecho, dirigidos a prevenir dicha contaminación.

La Corte encontró que las actividades de CMLO condujeron a niveles de contaminación peligrosamente altos en el aire, el agua y el suelo. Consideró estos elementos como constitutivos del medio ambiente, apoyándose en decisiones previas de la Suprema Corte de Justicia de México y la Corte Constitucional de Colombia (párr. 118). Basándose en datos científicos de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil —la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (1986) y CooperAcción (2000)—, la Corte concluyó que Perú había tenido conocimiento de los riesgos para tales componentes ambientales desde 1981, año en que aceptó la competencia contenciosa de la Corte

Un segundo elemento innovador de la sentencia radica en el examen de la Corte sobre el cumplimiento por parte de Perú de las obligaciones sustantivas, particularmente en la aplicación del estándar de debida diligencia, que interpretó a la luz de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU (UNGP) (párr. 111). Casos anteriores abordaron de forma general este estándar, más no con tal especificidad en asuntos ambientales. Considerando que el CMLO pasó de la gestión estatal (1981-1997) a la propiedad privada, que continúa hasta el presente, la Corte enfatizó que las obligaciones derivadas del artículo 1.1 de la Convención—de respetar y garantizar derechos—exigen que los Estados eviten que las actividades realizadas en su jurisdicción causen daños significativos al medio ambiente, aplicándose tanto a entidades públicas como privadas. Al interpretar esto a la luz del principio de prevención, la Corte concluyó que, para cumplir con este estándar de debida diligencia, Perú debió haber regulado, supervisado y fiscalizado adecuadamente las actividades del CMLO (párr. 157).

La Corte determinó que la ausencia de legislación específica de protección ambiental relacionada con las actividades minero-metalúrgicas previo a 1993 constituyó una violación del deber de regulación (párr. 162). Además, aunque reconoció que el Estado eventualmente tomó medidas de supervisión y fiscalización respecto de las actividades del CMLO para mitigar los impactos ambientales, la Corte destacó que las más efectivas fueron implementadas con posterioridad a 2010, décadas después del reconocimiento de la grave contaminación en La Oroya (párr. 163). Informes legislativos confirmaron que los esfuerzos de fiscalización previos, incluso, fueron insuficientes e inadecuados, permitiendo la emisión continua de contaminantes en el aire, el agua y el suelo (párr. 169).

En su análisis de los elementos procedimentales que comprende el derecho a un medio ambiente sano, la Corte enfatizó la importancia del acceso a la información y la participación política. Reconoció, sin embargo, que el Acuerdo de Escazú, que fortalece estos aspectos, no ha sido ratificado por Perú. La Corte optó por anclar su análisis en los artículos 13 y 23 de la Convención Americana—libertad de expresión y derechos políticos—en lugar de abordar estos derechos como directamente derivados del derecho a un medio ambiente sano. Destacó que previo a 2003, el Estado no informó a las y los residentes de La Oroya sobre los graves riesgos para la salud relacionados con la contaminación, y que las acciones posteriores pasaron por alto los riesgos a la salud existentes debido a la exposición de las emisiones del CMLO (párr. 253). Aunque se introdujeron algunas iniciativas para involucrar a la comunidad en la toma de decisiones ambientales, la Corte no encontró evidencia de que estas medidas dieran efectivamente a las víctimas una voz significativa o influencia sobre la política ambiental (párr. 260).

En cuanto a la realización progresiva del derecho a un medio ambiente sano, la Corte señaló que la decisión de Perú en 2017 de flexibilizar los estándares de calidad del aire—de 20 μg/m³ a 250 μg/m³ de dióxido de azufre en un período de 24 horas—se tomó sin justificación adecuada y desatendió el principio de precaución. Al aceptar este “enfriamiento normativo”, sintomático del extractivista sistema internacional de inversiones, como ha señalado David Boyd, la Corte determinó que Perú no cumplió con su deber de desarrollar progresivamente el derecho a un medio ambiente sano (párr. 187).

Un tercer hito legal introducido por esta sentencia es el alcance colectivo de ciertas reparaciones. En el marco del ya de por sí distintivo carácter de las reparaciones integrales de la Corte, que incluyen garantías de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición y compensación, la inclusión de nueve medidas dentro de las garantías de no repetición representa una novedad. Estas iniciativas no solo están dirigidas específicamente a las víctimas, sino también, de manera amplia a las y los residentes de La Oroya. Implican acciones con efectos estructurales ya que suponen mejoras regulatorias en los estándares de calidad del aire y la infraestructura de supervisión, así como mejoras en las capacidades e infraestructura para monitorear la calidad del aire, suelo y agua. Incluyen la capacitación de funcionarios judiciales y administrativos para facilitar la aplicación del estándar de diligencia debida y la implementación de planes de remediación y compensación ambiental, beneficiando así a La Oroya colectivamente. Además, el fallo involucra a las entidades privadas al instar al Estado a asegurar que éstas cumplan con los UNGP.

Por último, pero ciertamente no menos importante, la referencia de la Corte a la protección ambiental como una norma de jus cogens es revolucionaria, ya que ningún otro tribunal internacional o cuerpo de tratados ha hecho tal sugerencia. Esto elevaría la prohibición de acciones ilícitas o arbitrarias que causen daños ambientales severos, duraderos e irreversibles a un principio universal no derogable, similar a las prohibiciones del genocidio, la esclavitud y los crímenes de lesa humanidad. Los jueces Ricardo Pérez Manrique, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rodrigo Mudrovitsch, en su opinión concurrente, profundizan en esta referencia, argumentando que los elementos del derecho internacional consuetudinario—usus (elemento material) y opinio juris (elemento psicológico)—son evidentes para el derecho al medio ambiente sano. Consideran que el primer elemento se demuestra mediante numerosos instrumentos internacionales, como la Conferencia de Estocolmo de 1972 y la Conferencia de Río de 1992, así como las constituciones de varios Estados que reconocen dicho derecho. La Resolución 76/300 de la ONU de 2022 sobre el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible, adoptada por la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, refleja el segundo elemento según los jueces.

III. Nuevos horizontes, desafíos pendientes

Como se contextualiza en la presente contribución, la justicia que esta sentencia brinda a las víctimas y residentes de La Oroya, así como su potencial para una protección ambiental y climática más amplia en las Américas, no podría haberse alcanzado sin dos características definitorias del sistema interamericano: la trayectoria evolutiva de la jurisprudencia de la Corte durante los últimos 50 años y su práctica de diálogo abierto con los tribunales nacionales de la región y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, su lugar en los anales de la historia sigue siendo un debate dados algunos desafíos pendientes.

En el seno de la Corte, argumentos formalistas continúan desafiando la interpretación del derecho al medio ambiente sano como un derecho independiente y directamente justiciable en virtud del artículo 26 de la Convención, como lo demuestra el voto parcialmente disidente de los jueces Humberto A. Sierra Porto y Patricia Pérez Goldberg. Además, permanece la interrogante si esta sentencia logrará que los altos costos de remediación y compensación ambiental por daños causados por conductas pasadas no recaigan únicamente en un Estado o pequeños actores ya de por sí tensionados económicamente, sino también en la corporación privada adinerada cuya responsabilidad permanece en gran medida impune. Esta cuestión persiste a pesar de que la Corte haya ordenado al Estado exigir a los titulares de concesiones mineras que compensen los daños ambientales de acuerdo con el principio de “el que contamina paga”. El caso de Doe Run Perú ilustra claramente este dilema: después de declararse en quiebra en 2009, la compañía transfirió sus activos a sus trabajadores en La Oroya como acreedores laborales. Con esta maniobra, la transnacional mantiene una considerable riqueza de propiedad extranjera—potencialmente útil para financiar las onerosas medidas de reparación— fuera del alcance de la Corte y del Estado, dejando los costos de la remediación ambiental en manos de los nuevos y financieramente desfavorecidos acreedores-trabajadores.

El cumplimiento y la implementación de las reparaciones de esta sentencia presentarán, sin duda, desafíos formidables; por lo que la incidencia y la participación proactiva del vibrante ecosistema de comunidades de práctica en derechos humanos en la región es más relevante que nunca.

Como parte de una alianza de cooperación para mejorar la accesibilidad, una versión en inglés de este artículo está disponible en Verfassungsblog.

Citación académica sugerida: Viveros-Uehara,Thalia. La Oroya vs. Perú: innovaciones interamericanas sobre el derecho al medio ambiente sano. Agenda Estado de Derecho. 2024/05/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-oroya-vs-peru-innovaciones-interamericanas-sobre-el-derecho-a-un-medio-ambiente-sano/

*Esta publicación fue apoyada por el proyecto TransLitigate (ERC-2021-STG 101039648), financiado por la Unión Europea. Sin embargo, las opiniones expresadas son únicamente de la autora y no reflejan necesariamente las de la Unión Europea o el Consejo Europeo de Investigación. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de ellas.

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DE LA AUTORA
Thalia Viveros Uehara

Abogada, Maestra en Derecho y Políticas Ambientales y Doctora en Inclusión y Desarrollo. Actualmente es Investigadora en la Universidad de Tilburg, Países Bajos, y en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, Alemania.

Artículos Relacionados

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.