Un aspecto innovador de esta sentencia es que aborda una cuestión que anteriormente no había sido central en la jurisprudencia de la Corte: la contaminación (el foco de casos ambientales previos había sido la extracción de recursos naturales en tierras ancestrales de pueblos indígenas y tribales). Al establecer la responsabilidad del Estado por violar el derecho a un medio ambiente sano, el análisis de la Corte se centró en dos controversias principales en torno a dicha cuestión: en primer lugar, si la contaminación del CMLO constituía un riesgo significativo para el medio ambiente; y en segundo lugar, si Perú cumplió con sus obligaciones—tanto sustantivas como procedimentales—relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano (párr. 154), incluyendo la evaluación de los esfuerzos de Perú hacia la realización progresiva de este derecho, dirigidos a prevenir dicha contaminación.

La Corte encontró que las actividades de CMLO condujeron a niveles de contaminación peligrosamente altos en el aire, el agua y el suelo. Consideró estos elementos como constitutivos del medio ambiente, apoyándose en decisiones previas de la Suprema Corte de Justicia de México y la Corte Constitucional de Colombia (párr. 118). Basándose en datos científicos de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil —la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (1986) y CooperAcción (2000)—, la Corte concluyó que Perú había tenido conocimiento de los riesgos para tales componentes ambientales desde 1981, año en que aceptó la competencia contenciosa de la Corte

Un segundo elemento innovador de la sentencia radica en el examen de la Corte sobre el cumplimiento por parte de Perú de las obligaciones sustantivas, particularmente en la aplicación del estándar de debida diligencia, que interpretó a la luz de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU (UNGP) (párr. 111). Casos anteriores abordaron de forma general este estándar, más no con tal especificidad en asuntos ambientales. Considerando que el CMLO pasó de la gestión estatal (1981-1997) a la propiedad privada, que continúa hasta el presente, la Corte enfatizó que las obligaciones derivadas del artículo 1.1 de la Convención—de respetar y garantizar derechos—exigen que los Estados eviten que las actividades realizadas en su jurisdicción causen daños significativos al medio ambiente, aplicándose tanto a entidades públicas como privadas. Al interpretar esto a la luz del principio de prevención, la Corte concluyó que, para cumplir con este estándar de debida diligencia, Perú debió haber regulado, supervisado y fiscalizado adecuadamente las actividades del CMLO (párr. 157).

La Corte determinó que la ausencia de legislación específica de protección ambiental relacionada con las actividades minero-metalúrgicas previo a 1993 constituyó una violación del deber de regulación (párr. 162). Además, aunque reconoció que el Estado eventualmente tomó medidas de supervisión y fiscalización respecto de las actividades del CMLO para mitigar los impactos ambientales, la Corte destacó que las más efectivas fueron implementadas con posterioridad a 2010, décadas después del reconocimiento de la grave contaminación en La Oroya (párr. 163). Informes legislativos confirmaron que los esfuerzos de fiscalización previos, incluso, fueron insuficientes e inadecuados, permitiendo la emisión continua de contaminantes en el aire, el agua y el suelo (párr. 169).

En su análisis de los elementos procedimentales que comprende el derecho a un medio ambiente sano, la Corte enfatizó la importancia del acceso a la información y la participación política. Reconoció, sin embargo, que el Acuerdo de Escazú, que fortalece estos aspectos, no ha sido ratificado por Perú. La Corte optó por anclar su análisis en los artículos 13 y 23 de la Convención Americana—libertad de expresión y derechos políticos—en lugar de abordar estos derechos como directamente derivados del derecho a un medio ambiente sano. Destacó que previo a 2003, el Estado no informó a las y los residentes de La Oroya sobre los graves riesgos para la salud relacionados con la contaminación, y que las acciones posteriores pasaron por alto los riesgos a la salud existentes debido a la exposición de las emisiones del CMLO (párr. 253). Aunque se introdujeron algunas iniciativas para involucrar a la comunidad en la toma de decisiones ambientales, la Corte no encontró evidencia de que estas medidas dieran efectivamente a las víctimas una voz significativa o influencia sobre la política ambiental (párr. 260).

En cuanto a la realización progresiva del derecho a un medio ambiente sano, la Corte señaló que la decisión de Perú en 2017 de flexibilizar los estándares de calidad del aire—de 20 μg/m³ a 250 μg/m³ de dióxido de azufre en un período de 24 horas—se tomó sin justificación adecuada y desatendió el principio de precaución. Al aceptar este «enfriamiento normativo», sintomático del extractivista sistema internacional de inversiones, como ha señalado David Boyd, la Corte determinó que Perú no cumplió con su deber de desarrollar progresivamente el derecho a un medio ambiente sano (párr. 187).

Un tercer hito legal introducido por esta sentencia es el alcance colectivo de ciertas reparaciones. En el marco del ya de por sí distintivo carácter de las reparaciones integrales de la Corte, que incluyen garantías de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición y compensación, la inclusión de nueve medidas dentro de las garantías de no repetición representa una novedad. Estas iniciativas no solo están dirigidas específicamente a las víctimas, sino también, de manera amplia a las y los residentes de La Oroya. Implican acciones con efectos estructurales ya que suponen mejoras regulatorias en los estándares de calidad del aire y la infraestructura de supervisión, así como mejoras en las capacidades e infraestructura para monitorear la calidad del aire, suelo y agua. Incluyen la capacitación de funcionarios judiciales y administrativos para facilitar la aplicación del estándar de diligencia debida y la implementación de planes de remediación y compensación ambiental, beneficiando así a La Oroya colectivamente. Además, el fallo involucra a las entidades privadas al instar al Estado a asegurar que éstas cumplan con los UNGP.

Por último, pero ciertamente no menos importante, la referencia de la Corte a la protección ambiental como una norma de jus cogens es revolucionaria, ya que ningún otro tribunal internacional o cuerpo de tratados ha hecho tal sugerencia. Esto elevaría la prohibición de acciones ilícitas o arbitrarias que causen daños ambientales severos, duraderos e irreversibles a un principio universal no derogable, similar a las prohibiciones del genocidio, la esclavitud y los crímenes de lesa humanidad. Los jueces Ricardo Pérez Manrique, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rodrigo Mudrovitsch, en su opinión concurrente, profundizan en esta referencia, argumentando que los elementos del derecho internacional consuetudinario—usus (elemento material) y opinio juris (elemento psicológico)—son evidentes para el derecho al medio ambiente sano. Consideran que el primer elemento se demuestra mediante numerosos instrumentos internacionales, como la Conferencia de Estocolmo de 1972 y la Conferencia de Río de 1992, así como las constituciones de varios Estados que reconocen dicho derecho. La Resolución 76/300 de la ONU de 2022 sobre el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible, adoptada por la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, refleja el segundo elemento según los jueces.