El caso nicaragüense: de la acumulación de olvidos a la necesidad de la memoria

27 de Julio del 2020
El caso nicaragüense: de la acumulación de olvidos a la necesidad de la memoria

Nicaragua es un país que ha sido constantemente golpeado por la violencia política. En poco más de cuarenta años, su población ha sufrido constantemente las consecuencias de complicados episodios políticos con casi ninguna referencia a sus víctimas. Desde la guerra de agresión vivida casi inmediatamente desde que la Revolución asumió el poder, hasta los hechos de la explosión civil de abril de 2018 se puede constatar un país cuya violencia aparece y reaparece con una potencia inexplicable.

A diferencia de todos los países de la región latinoamericana que han sido azotados por dictaduras o procesos autoritarios, Nicaragua es un caso excepcional en cuanto al abordaje de su pasado, pues es el único que no aplicó ninguna de las hoy ya consolidadas medidas de justicia transicional que podrían estar centradas en las víctimas, su dignidad o la búsqueda de la verdad; entre ellas, comisiones de esclarecimiento, investigaciones judiciales, reformas institucionales o planes integrales de reparación. Esta ausencia, por ejemplo, puede verificarse respecto de las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por las partes en pugna en la guerra de la década de los 80. Al contrario, el gobierno de transición, fiel a las prácticas políticas históricas, aplicó sendas leyes de amnistía para olvidar, perdonar el pasado y, aparentemente, reconciliar a los nicaragüenses. 

Si bien varios países de la región también aplicaron este tipo de medidas exculpatorias, aun después de haber juzgado a los responsables de etapas represivas precedentes, como el caso argentino con sus leyes de obediencia debida y punto final, recientemente la presión de los movimientos de derechos humanos, los cambios en el derecho internacional y la relevancia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han permitido derogar leyes atingentes, reabrir casos y considerar la imprescriptibilidad de los crímenes relacionados con graves violaciones de derechos humanos. En el caso nicaragüense, no sólo no se ha podido avanzar en este sentido, pues en 2019 volvió a aprobar otra ley de amnistía, sino que tampoco se ha podido progresar en cualquier medida que controvierta el pasado de violencia ni previo a 1990 ni con relación a 2018.

Los hechos de abril de 2018, que según las cifras de la CIDH han provocado la ejecución de 328 personas, están directamente conectados con esa política de perdón y olvido, establecida como discurso y práctica oficial del Estado desde 1990 –que, para ese entonces, se llamó de “reconciliación”– y que está más asociada con la pacificación en el posconflicto y alejada de la perspectivas de las víctimas y su pasado.

Los autores como VanniniOettler o Sprenkels que han estudiado el particular caso nicaragüense , coinciden en que el Estado ha impuesto una política de “olvido forzado” de casi todo su pasado, pero, sobre todo, respecto de los hechos de los últimos 40 años. Este olvido forzado tiene dos grandes implicaciones. Por un lado, ha consumado un desconocimiento latente del derecho a la verdad, tanto en su faceta individual –es decir, el derecho de las víctimas directas e indirectas a conocer móviles, responsables y contexto del hecho victimizante–, como de la colectiva –esto es, el derecho de la sociedad a conocer las causas, escenarios de victimización y consecuencias en la población, como presupuesto necesario para la no repetición– tal y como ha sido reconocido por la Corte IDH, la CIDH y otros órganos internacionales.

Y, por otro lado, puede ayudar a explicar la profundidad de los hechos represivos de abril y sus principales dinámicas hoy en pleno desarrollo. Como en su momento lo destacó el Relator de las Naciones Unidas para la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, los procesos de búsqueda de la verdad constituyen verdaderos catalizadores de procesos de organización de la sociedad civil que no sólo mantienen viva la memoria, sino que también favorecen espacios de profundas reflexiones. 

Así pues, en primer lugar, el Estado nicaragüense al renunciar al tratamiento de su convulsa herencia de violencia política, dio lugar a un enorme hueco reflexivo y crítico de por qué el país está tan constantemente cada cierto tiempo inmerso en los fratricidios. Es decir, el olvido ha implicado la ausencia de un papel activo en la creación de políticas de la memoria en la sociedad. En este sentido, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su informe acerca de los hechos violentos de 2018 remarcó que “es necesario detenerse sobre lo sucedido y emprender una reflexión social para entender no solamente las causas inmediatas sino también las profundas de los recientes actos de violencia” y que “solamente de esta manera se podrá romper el ciclo de crisis políticas, conflictos armados internos, dictaduras y violaciones masivas y/o sistemáticas a los derechos humanos que Nicaragua vive de manera repetida en su historia reciente” (Informe GIEI, 2018, p. 335).

Esta deuda de gestión activa del pasado violento desde 1990, ha restringido a la democracia nicaragüense de grandes oportunidades para su consolidación eficaz. Sin una discusión social proactiva de las responsabilidades políticas de, por ejemplo, los errores de la revolución, la sociedad nicaragüense no ha tenido la oportunidad de exigir con herramientas o repertorios concretos a sus élites políticas nuevas reglas del juego para las dinámicas institucionales y las componendas políticas. Así, al no poder profundizar como política de Estado el rechazo hacia la violencia política, las élites han guardado a aquella como una opción posible que debe activarse cuando sea necesario (sobre las élites en Nicaragua véase los ensayos de Acuña y Monte, en Anhelos de un nuevo horizonte, 2020).

Por ejemplo, el Frente Sandinista, en su carácter de espacio político, al no haber sido debidamente cuestionado por sus errores en la revolución, nunca ejerció ni fue sometido a un proceso real de reflexión sobre su predisposición recurrente hacia la violencia como instrumento de presión en los tiempos en los que fue oposición. Sin comisiones de la verdad ni investigaciones patrocinadas por el Estado, los nicaragüenses -y este es otro efecto de la ausencia del abordaje del pasado de violencia- no han tenido la posibilidad de dimensionar no sólo las responsabilidades de los políticos en los acontecimientos violentos sino las graves consecuencias en la propia sociedad previa a 2018.

Así las cosas, con élites predispuestas hacia la violencia incuestionada, la represión gubernamental de abril es un efecto y una responsabilidad directa del propio Estado nicaragüense no sólo por su participación protagónica en las graves e inexplicables violaciones de derechos humanos y sus profundas consecuencias en todos los sectores sociales, sino principalmente por haber abdicado de su capacidad preventiva para poder evitar que una sociedad supuestamente organizada democráticamente fuera sometida a tan insondables patrones de crueldad ante su silencio y su discurso ininterrumpido de perdón y reconciliación que asumió, a pesar de las supuestas distancias ideológicas, tanto el gobierno transicional de Chamorro -neoliberal- como el del propio Ortega -de izquierda- en el poder desde 2007.

Nicaragua está asistiendo a las consecuencias de las democracias que nacen amnésicas y crecen así, pues más allá de la justicia y la propia existencia de comisiones de la verdad, está ante el deber de la memoria como responsabilidad ética y que le corresponde al Estado, para que hechos de violencia tan incorporados en los imaginarios y las prácticas políticas y sociales no se repitan más. Si no, ¿cómo podría explicarse que miles de nicaragüenses que forman parte de la militancia del partido en el poder se hayan sumado al aplastamiento gubernamental de las protestas cívicas de abril con conductas que fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad? La respuesta está siempre en la ausencia de abordaje del pasado violento y en el deber activo que todo Estado debe asumir respecto de este.

De cara al futuro, y a diferencia de 1990, hoy en día se cuenta con un concierto consolidado de viejas y nuevas expresiones organizadas de la sociedad que sostienen la necesidad de no más olvido y de una vez saldar las angustiantes y acumuladas responsabilidades de la violencia que siempre vuelve, calando en la conciencia popular eficazmente. Una prueba de esta conciencia y el deseo del pueblo por asumir su pasado es el hecho de que la explosión de abril la protagonizó una juventud que rechazó, contrario a las fuerzas estatales y paraestatales, las viejas consignas sacrificiales de justificación de morir por la lucha (“patria libre o morir”) y transitó a un nuevo imperativo ético por la vida que estamos seguros cambiará profundamente las lógicas políticas: patria libre y vivir.

¿Cómo abordará un nuevo gobierno el pasado violento y por dónde empezará? Creemos que pedir perdón en nombre del Estado debe ser el primer acto del gobierno transicional, un perdón que con seguridad representará el inicio de un largo proceso, no ausente de complejidades y tensiones, pero que permitirá a Nicaragua reincorporarse en el sendero de la democratización que tanto se ha ralentizado en los últimos años. Una democratización con memoria y con justicia, esa que hizo falta en 1990, nos llevará a construir la conciencia colectiva por los derechos y la dignidad de los otros para que nunca más haya represión estatal ni sectores civiles involucrados en hechos tan incompatibles con los derechos humanos.

Citación académica sugerida: Ramírez-Ayérdiz, Danny: El caso nicaragüense: de la acumulación de olvidos a la necesidad de la memoria, 2020/07/27. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-caso-nicaraguense-de-la-acumulacion-de-olvidos-a-la-necesidad-de-la-memoria/

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ACERCA DEL AUTOR
Danny Ramírez-Ayérdiz

Magíster en derechos humanos y democratización. Becario doctoral del CONICET (Argentina), doctorando en ciencias sociales y miembro del Grupo de Estudios sobre Centroamérica (GECA) en la UBA. Docente asociado y director de la revista Cuaderno Jurídico y Político del ICEJP-UPOLI (Nicaragua).

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

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Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.