El 18 de febrero de 2025, entró en vigor la mal llamada “reforma parcial” de la Constitución Política de Nicaragua. Mediante ésta, Nicaragua se convirtió en un régimen autoritario constitucionalizado y el primer país en la historia en crear un sistema político sin poderes independientes, que otorga a una co-presidencia la responsabilidad de coordinar a los órganos judicial, electoral y legislativo, así como a los gobiernos municipales y autónomos.

Esta reforma -que según las autoridades es “parcial”- trastoca 185 de 198 artículos de la última versión del texto constitucional. De ellos, 147 artículos fueron reformados y 38 fueron derogados. A simple vista sería razonable considerar que, por la cantidad de artículos afectados, lo que correspondía no era una reforma parcial, sino una total. Sin embargo, lo cierto es que, desde una perspectiva estrictamente constitucional, lo importante no es el aspecto cuantitativo, sino cualitativo, ya que una reforma a la Constitución es total cuando desvirtúa la estructura orgánica del Estado y los principios fundamentales de la nación.

Con la reforma en Nicaragua, los principios fundamentales de una nación democrática fueron mutados por principios autoritarios para garantizar un “Estado revolucionario” en su nuevo texto constitucional. Esto convierte a su vez la reforma en ilegítima, ya que, al no haberse formado una Asamblea Constituyente para llevar a cabo tales cambios profundos, contravino la voluntad soberana popular de estar sujetos a esos principios validados por el poder constituyente desde 1987.

Así pues, para cumplir con la legalidad constitucional, la Asamblea Nacional de Nicaragua tuvo que haberse apegado al trámite de la iniciativa de reforma total contemplado en los artículos 192-193 de la Constitución vigente hasta la reforma, lo cual implicaba convocar a una Asamblea Constituyente. No haber respetado ese precepto implica que estemos ante una “nueva” Constitución inconstitucional por violentar los procedimientos establecidos.

Pero, dicha reforma no solo es inconstitucional por la forma, sino por el fondo. Derogó el reconocimiento de derechos humanos protegidos tanto explícitamente por la Constitución como implícitamente por instrumentos internacionales, a través del artículo 46 de la previa Constitución, que reconocía el rango constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Algunos de los derechos derogados de la Constitución son las garantías mínimas de un juicio justo (ej. el derecho a la defensa y la garantía a la independencia e imparcialidad judicial), las garantías de la libertad personal (entre ellas, ser presentado ante un juez en un plazo de 48 horas posterior a la detención), el carácter humanitario y reeducador del sistema penitenciario, el derecho a la asociación, entre otros. Algunos de ellos, incluso, tienen carácter de normas ius cogens en el Derecho Internacional, como es la prohibición de tortura.

Por cierto, dicho artículo 46 fue modificado parcialmente por el artículo 42 del nuevo texto, de modo que, en lugar de nombrar explícitamente los instrumentos internacionales, se hace referencia a que “[toda persona goza de la protección estatal, del reconocimiento de sus derechos humanos y la plena vigencia de los derechos consignados en los instrumentos internacionales de los que Nicaragua es parte”. Se podría afirmar que dicha disposición amplifica la constitucionalización de los derechos humanos incorporando todos aquellos tratados que han sido ratificados por el Estado y no una lista cerrada como en el texto anterior. Sin embargo, la realidad nicaragüense demuestra por sí misma que los motivos para esa modificación no tuvo como fin la aplicación del principio pro homine, sino intentar debilitar el goce efectivo de los derechos humanos.        

Por último, resulta evidente que la reforma es inconvencional, pues, además de derogar derechos humanos protegidos por el corpus iuris del derecho internacional, el nuevo modelo político conformado por una co-presidencia es contrario a principios esenciales de un estado de derecho. Dicha copresidencia está dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ostentaron los cargos automáticamente desde que entró en vigor la reforma; es decir, sin que nadie los eligiera. Ambos coordinarán y dirigirán al resto de poderes y órganos constitucionales; alejándose de los principios democráticos derivados del orden internacional, como el de separación de poderes que afecta tanto la independencia del poder judicial, como la del poder legislativo y los gobiernos municipales. La reforma simbolizó la muerte formal de un Estado de Derecho democrático que en la práctica venía agonizando desde 2018.

En la Opinión Consultiva No. 28/21 la Corte Interamericana de Derechos Humanos aclaró que, si bien, los sistemas de protección internacional de derechos humanos no imponen a los Estados un sistema político, las regulaciones implementadas por los Estados deben ser compatibles con las obligaciones convencionales y con los principios de la democracia representativa. En esa Opinión el Tribunal añadió que “el principio democrático inspira, irradia y guía la aplicación de la Convención Americana de forma transversal”, toda vez existe una “la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y protección de los derechos humanos”.

Por ello, se puede afirmar que, sin un sistema democrático, las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua se institucionalizarán hasta un punto en el que los daños individuales, sociales e institucionales puedan ser irreparables o tardarán muchos años en repararse. Indudablemente, dicha reforma es la más nociva en la historia de Nicaragua en lo que respecta al impacto en el goce y disfrute de los derechos humanos de toda la población.

En paralelo a la entrada en vigor de la reforma, el Estado ha ido modificando su orden jurídico para adaptarlo a los preceptos autoritarios del nuevo texto constitucional. Por ejemplo, ha otorgado amplias funciones a la Policía Nacional para realizar espionaje y ha juramentado a más de 76,800 civiles encapuchados en actos públicos. Estos civiles, reconocidos en la mal llamada nueva Constitución bajo la figura de “policías voluntarios”, son parte de los grupos armados progubernamentales -como fueron denominados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua– que ejecutaron extrajudicialmente a más de 350 personas en las protestas antigubernamentales de 2018. Todo esto tiene un fin evidente: causar un estado de terror y producir un efecto intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión en el país.

Ante el formal quiebre democrático y constitucional en Nicaragua, es imperante que la comunidad internacional, en virtud del principio de garantía colectiva, pase a la acción para frenar esta grave situación que está ocurriendo a menos de 300 kilómetros de la sede de la Corte Interamericana. Hoy más que nunca, la población nicaragüense, silenciada dentro y fuera del país, necesita del apoyo internacional para la protección de sus derechos humanos y restituir el Estado de derecho y la democracia. Recordando al ex juez Antonio Cançado Trindade en el Caso Barrios Altos Vs. Perú:

No hay que olvidarse jamás que el Estado fue originalmente concebido para la realización del bien común. El Estado existe para el ser humano, y no viceversa. Ningún Estado puede considerarse por encima del Derecho, cuyas normas tienen por destinatarios últimos los seres humanos.