La justicia militar en Brasil: ¿una vía para la impunidad?

21 de Enero de 2022
La justicia militar en Brasil: ¿una vía para la impunidad?
Crédito foto: Filip Andrejevic / Unsplash

¿Cómo funciona la justicia militar en Brasil? ¿Los proyectos legislativos de los últimos años refuerzan la impunidad ante violaciones de derechos humanos?

Las relaciones cívico-militares son de suma importancia en una región marcada por las recientes dictaduras militares y la extendida violencia interna. Con la redemocratización, uno de los retos comunes para los países de Latinoamérica ha sido reformar, encauzar y adaptar las instituciones, agentes y actividades militares a los dictados democráticos.

En Brasil, desde la Constitución de 1988, promulgada tras la dictadura cívico-militar que empezó en 1964, se han observado múltiples obstáculos para romper con el orden dictatorial anterior y su legado, como la presencia militar en el aparato estatal y en el proceso de toma de decisiones políticas.

Recientemente, con la llegada del Capitán (r) Jair Bolsonaro a la presidencia en 2019, este escenario se ha agravado. La participación de sectores militares se ha materializado en los más diversos espacios de la vida pública civil del país, con amplia participación militar desde la redemocratización.

En julio de 2020, el Tribunal Federal de Cuentas determinó que había “6.157 militares que ejercían funciones civiles en la administración pública federal”. También en 2020, durante la crisis inédita provocada por la Covid-19, el aumento del número de militares en puestos en todos los niveles del Ministerio de Salud fue notorio y llamativo. Resaltamos el caso de un general en servicio activo, sin experiencia en el área de salud, que fue designado para el cargo de Ministro de Salud. En el mismo período, once de los veintitrés ministros de Jair Bolsonaro eran militares retirados o en servicio activo.

El aumento de la participación de personal de las Fuerzas Armadas en los organismos estatales y gubernamentales, además del incremento presupuestario para su beneficio sectorial, ha ido acompañado de la construcción de un marco legal que busca legitimar y blindar su actuación en actividades subsidiarias, especialmente las relacionadas con la seguridad pública. Este movimiento se refleja en la ampliación de la justicia militar para juzgar casos que involucran a civiles.

Los excesos de la justicia militar en Brasil

La justicia militar brasileña es una justicia corporativa, formada en su gran mayoría por militares en servicio activo, sin formación jurídica y sometidos a una cultura militar basada en la jerarquía y la disciplina. La justicia militar tiene como misión aplicar una legislación especial publicada en 1969, en plena dictadura cívico-militar: el Código Penal Militar y el Código de Procedimiento Penal Militar. Estos factores ponen en jaque la independencia e imparcialidad de la justicia militar para juzgar casos que involucren a civiles, ya sea que estén en posición de acusados o de víctimas.

Además de los vicios derivados de la composición y la legislación aplicable, que en gran medida no se ajusta a las innovaciones que se han aplicado al Código Penal y el Código Procesal Penal en los últimos años, existe un problema de socialización que hace que la balanza de la justicia militar esté siempre desequilibrada a favor de las Fuerzas Armadas. Esto se debe a que, en los términos de la propia Constitución, las Fuerzas Armadas se organizan “sobre la base de la jerarquía y la disciplina” (art. 142).

Por eso, en noviembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló al Estado brasileño que las acciones penales de responsabilidad deben ser procesadas y juzgadas por la jurisdicción ordinaria y no por la justicia militar. La Corte IDH trató de evitar la impunidad de los militares implicados en violaciones de derechos humanos en el contexto de la guerrilla de Araguaia, durante la última dictadura (caso Gomes Lund y otros vs. Brasil).

En 2018, en la sentencia del caso Herzog y otros vs. Brasil, afirmó que el marco legal instituido por el mencionado régimen, que ampliaba la competencia de la justicia militar, aseguraba la impunidad «de quienes practicaban secuestros, torturas, homicidios y desapariciones» (§238). Reforzando esta orientación, en numerosas ocasiones la Corte IDH ha afirmado que los tribunales militares tienen un carácter excepcional y restringido, y que el juzgamiento de casos que involucran a civiles debe corresponder a la justicia ordinaria, como por ejemplo: Cantoral-Benavides vs. Perú (2000), Palamara Iribarne vs. Chile (2005),  y Rosendo Radilla vs. Estados Unidos Mexicanos (2009).

La Constitución de 1988 solo estableció que la justicia militar «es responsable de procesar y juzgar los delitos militares definidos por la ley». Dos de estas leyes son legados directos del régimen autoritario establecido en 1964: el Código Penal Militar y el Código de Procedimiento Penal Militar, ambos de 1969.

El artículo 9, punto III, del Código Penal Militar señala que los delitos cometidos por civiles «contra las instituciones militares» se consideran «delitos militares» y que, por tanto, serán competencia de la justicia militar (y no de la justicia común).

Estos defectos originales de la justicia militar nunca fueron eliminados por el orden democrático de 1988, ni a través de la legislación ni de los tribunales: las acciones ante el Supremo Tribunal Federal, por ejemplo, están pendientes de sentencia desde hace años.

Por el contrario, a lo largo de la última década se han dictado normas que amplían la competencia de la justicia militar, como la Ley Complementaria 117 de 2004. Este instrumento legal estableció que el empleo de las Fuerzas Armadas en la Garantía de la Ley y el Orden (GLO) se consideraría actividad militar a efectos de la aplicación del fuero de la justicia militar, y la Ley Complementaria  136/2010 atribuyó el carácter de «actividad militar» al empleo de las Fuerzas Armadas en «actividades subsidiarias», entre las que se encuentran las actuaciones «contra los delitos transfronterizos y medioambientales» y también la «represión de delitos con repercusión nacional e internacional». 

A estas hipótesis, la Ley 13.491/2017 agregó el homicidio doloso —con intención de matar—, perpetrado por personal militar de las Fuerzas Armadas contra civiles. Con este cambio, la Policía Civil ya no tiene atribuciones para realizar investigaciones que involucren a soldados acusados de homicidio en el ejercicio de sus funciones o en actividades subsidiarias, como en la seguridad pública o la vigilancia. La investigación y el juicio de los crímenes —que antes se sometían a un jurado popular— han permanecido desde entonces en la esfera militar. La nueva ley, aunque viola flagrantemente la disposición constitucional que establece la competencia del jurado en estos casos (Art. 5, inciso XVIII), sigue vigente ante el silencio del Supremo Tribunal Federal, donde se están tramitando acciones al respecto.

¿Nuevos proyectos legislativos, más impunidad?

Paralelamente, se han presentado propuestas legislativas que amenazan con reforzar la impunidad de los agentes del Estado que cometen violaciones de los derechos fundamentales de la población civil. Ya en 2017, el Proyecto de Ley  9432, proponía, entre otras medidas, la exclusión de la ilicitud «cuando el militar en función de mando, ante la inminencia de un peligro o calamidad grave, obligue a los subordinados, por medios violentos, a realizar servicios y maniobras urgentes, para salvar la unidad o vidas, o evitar el desánimo, el terror, el desorden, la rendición, la revuelta».

Durante el gobierno de Bolsonaro, se presentaron otros dos proyectos de ley en este sentido. El primero, rechazado por el Congreso en 2019, formaba parte del llamado «Paquete Anticrimen», encabezado por el entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro. El paquete pretendía ampliar el concepto de legítima defensa a los casos en los que un agente de policía o de seguridad «evita una agresión injusta e inminente» contra sí mismo o contra otra persona, o cuando existe un «riesgo de agresión» a la víctima tomada como rehén (PL  882/2019). La segunda, actualmente en tramitación, aplica para las operaciones de la Garantía de la Ley y el Orden, la presunción de legítima defensa cuando se produzca «la práctica o la inminente práctica» de «actos de terrorismo» o «conductas capaces de causar la muerte o lesiones corporales», «la restricción de la libertad de la víctima, mediante violencia o amenaza grave» o «la portación o el uso ostensible de un arma de fuego» (PL 6125/2019).

Este escenario nos presenta un horizonte trágico de desequilibrio institucional en las relaciones cívico-militares, en el que se combinan, por un lado, el aumento de la violencia y el autoritarismo, y por el otro, el blindaje institucional promovido por la expansión de la justicia militar con miras a la impunidad.

Un camino para evitar la profundización de la erosión de la democracia brasileña y aumentar el riesgo de una ruptura autoritaria, es fortalecer su compromiso con la democracia y los derechos fundamentales. En este sentido, es necesaria y apremiante la limitación de la competencia de la justicia militar. Especialmente, y con mayor urgencia,  en aquellos casos que involucren a civiles.

Citación académica sugerida: Alvim Gomes, Juliana Cesario y Del Río, Andrés. La justicia militar en Brasil: ¿una vía para la impunidad?, Agenda Estado de Derecho, 2022/01/21. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-justicia-militar-en-brasil-una-via-para-la-impunidad/

Palabras clave: Brasil, impunidad, justicia militar.

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ACERCA DE LOS AUTORES
Juliana Cesario Alvim Gomes

Profesora adjunta de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), donde imparte docencia a nivel de pregrado y posgrado. Coordina la Clínica de Derechos Humanos de la UFMG. Doctorado y Máster en Derecho Público por la UERJ y LL.M. de la Facultad de Derecho de Yale, donde también fue investigadora visitante.

Andrés del Río

Profesor adjunto de la Universidad Federal Fluminense. Doctor en Ciencias Políticas IESP-UERJ. Coordinador del Centro de Estudios sobre el Estado, Instituciones y Políticas Públicas NEEIPP/UFF.

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