6 de Junio de 2023

La defensa de un formalista al juez Antonio Cançado Trindade

La defensa de un formalista al juez Antonio Cançado Trindade
Foto. CIJ_ICJ

El juez Antonio Cançado Trindade fue a menudo criticado por el formalismo jurídico a causa de su elasticidad interpretativa cuando el derecho positivo no respondía a los más “elementales dictados de la conciencia pública”.

Introducción

El juez Antonio Cançado Trindade fue, y seguirá siendo, una figura que no deja a nadie indiferente. Partidarios y detractores sienten pasión por su obra y su legado en el Derecho Internacional Público (DIP).

Como formalista de formación y vocación, mi reacción sería criticar sus contribuciones al Derecho internacional moderno, tachándolas de activismo judicial, de “humanismo” sin escrúpulos o incluso de “tiranía de la moralidad”. Sin embargo, eso no sería justo, y sería una oportunidad perdida para explorar la intención detrás de la flexibilidad del juez cuando se trata del derecho como método.

Pensando en Cançado, me acuerdo de Oswald Spengler, que escribió en La hora de la decisión algo parecido a “en el odio hay un reconocimiento silencioso del adversario”. Aunque discrepo rotundamente de la mayoría de sus puntos de vista, no consideraría mis opiniones hacia el jurista brasileño como “odiosas”.

Creo que el término “oposición colegiada” sería más adecuado (en la medida en que se puede discrepar de una figura tan autorizada). Antonio Cançado Trindade debe ser reconocido y su misión reivindicada, aunque tal vez con cierta moderación en lo que se refiere al cómo, tan imperativo en Derecho, no sea que sacrifiquemos la esencia del ejercicio a la urgencia de los fines.

El juez Cançado fue, hasta su fallecimiento, el principal defensor del naturalismo jurídico internacional o -como él habría dicho- del humanismo en nuestros días. Como observó Catalina Fernández Carter, sus extensas disidencias y opiniones separadas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) probablemente no estaban escritas para sus colegas en el estrado, sino más bien dirigidas “al futuro”. Tal vez lo hiciera en la inteligencia de que el presente carecía de voluntad o estructura para terminar la tarea encomendada al derecho internacional tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

Derecho internacional: un proyecto inacabado

La aparición del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional, acompañada por el desarrollo de los instrumentos contemporáneos del derecho internacional humanitario, con un nuevo enfoque centrado en las categorías protegidas y no exclusivamente en la conducta de los beligerantes, supuso la -si no la primera, al menos la más visible- ruptura de un sistema diseñado por los Estados y sólo para los Estados.

En otras palabras, dio la bienvenida al individuo humano para que compartiera la cualidad de sujeto del derecho internacional. Ahora, más que un mero objeto sobre el que recaía el derecho, este nuevo sujeto obtenía agencia dentro del sistema, incluyendo tanto derechos como deberes.

La aparición de los sistemas regionales de “derechos humanos” y su eventual admisión de la capacidad jurídica de los individuos para interponer demandas contra los Estados, así como su capacidad para ser condenados por la comisión de crímenes internacionales, no deja lugar a dudas de que el DIP recordó que la razón de ser del derecho es, en última instancia e inevitablemente, la regulación de la conducta humana.

El juez Cançado así lo entendió y se esforzó por encontrar el elemento humano en cada problema jurídico internacional que tuvo que abordar en su carrera como juez. Esto nunca fue más evidente que durante su mandato en la CIJ. Cada vez que se planteaba un litigio, siempre mostraba el máximo interés por las dimensiones e implicaciones humanas del caso, en contraposición a las que se referían a dinámicas puramente centradas en el Estado. Si no se podía encontrar o crear uno, perdía la urgencia por dar a conocer su opinión, como en los casos del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899 o la Delimitación Marítima en el Océano Índico, en los que simplemente se unió a la mayoría.

Opiniones disidentes para proteger a la humanidad

En los casos en los que el derecho podía servir para promover la causa de la protección de la humanidad, sus disidencias y votos particulares eran extensos, profusamente redactados y copiosamente investigados.

Por ejemplo, en el caso de las inmunidades jurisdiccionales del Estado, se opuso rotundamente a aceptar que los crímenes de guerra pudieran entenderse como acta jure imperii, justificando la inmunidad absoluta de jurisdicción y protegiendo a Alemania de ser objeto de demandas civiles presentadas por particulares ante los tribunales italianos en busca de reparación por crímenes de guerra (paras.172-176).

La conclusión implícita es que, en su opinión, un Estado que utiliza deliberadamente la fuerza para atacar a particulares no debería disfrutar de los beneficios procesales de la condición de Estado cuando, después de todo, la finalidad principal del Estado es el servicio a su población.

En el caso Jadhav, llamó la atención sobre la timidez de las salas LaGrand y Avena a la hora de reconocer el derecho de acceso a la asistencia consular tras la detención como un derecho humano en lugar de sólo como un perjuicio indirecto derivado de los derechos que corresponden al Estado en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (paras 27-42).

Tal vez la reticencia podría explicarse por la preocupación de ampliar la competencia ratio personae de la CIJ, que se derivaría de considerar la dimensión de “derechos humanos” de este ilícito. El juez Cançado no tenía nada de eso.

Para explicar su razonamiento, recurrió a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como era su costumbre y donde desarrolló gran parte de las normas actuales que tratan del derecho de acceso a la justicia internacional de los individuos. Con ello, intentó incluir a la CIJ en el llamado diálogo jurisprudencial de los tribunales de derechos humanos.

Por ejemplo, en el caso de la aplicación del caso de la Convención sobre el Genocidio entre Croacia y Serbia, defendió la aplicación automática de la Convención sobre el Genocidio, y sus obligaciones en virtud de tratados, a los Estados que se separan, incluso cuando la (escasa, insuficiente e ininteligible) legislación escrita sobre la materia difícilmente podía interpretarse en apoyo de tal conclusión (paras 55-84).

Basó su razonamiento, como era su preferencia personal, en consideraciones de humanidad y necesidad, guiado por su característica interpretación teleológica profundamente informada por la moral humanista.

La escasez de derecho positivo rara vez constituyó un obstáculo para sus conclusiones y, sin duda, habría considerado atroz y traicionera para el verdadero mandato del DIP de la propuesta de que el principio de libertad -consagrado en el caso Lotus por la Corte Permanente Internacional de la Justicia y retomado posteriormente por la CIJ en los dictámenes sobre Armas Nucleares y Kosovo (Cançado emitió de hecho una opinión separada en este último caso)- impediría tal resultado.

Este último punto resume la crítica más común al Juez Cançado. Su desprecio basado en el formalismo como método de hacer derecho cuando tal ejercicio iría en contra de la protección de la dignidad humana, es lo que hace que sus nociones sean difíciles de abrazar cuando se concibe el derecho internacional como un producto amoral de la interacción de los Estados desde una perspectiva de creación de derecho.

Aunque sus opiniones ofrecían un enfoque filosófico y moralmente coherente de conceptos vagos como “las leyes de la humanidad y las exigencias de la conciencia pública” o la controvertida doctrina de la dimensión sustantiva de las normas de ius cogens, se consideran problemáticas por motivos de autoridad cuando se cuestiona la premisa de los poderes judiciales como legisladores.

Conclusiones

Desde un punto de vista moral, habría que ser inhumano para no estar de acuerdo con la conveniencia de los resultados buscados por Cançado Trindade al intentar hacer de la protección de los individuos el centro y el leitmotiv del Derecho internacional. Sin embargo, esa es una cuestión política y no, estrictamente hablando, jurídica.

El martillo es indiferente si se utiliza para arreglar un clavo o para romper un cráneo. Pero tal vez, lo que deba reconocerse de su robusto legado sea una advertencia no al Derecho sino a quien lo empuña y a los Estados que lo elaboran para que busquen siempre humanizar tanto las normas como los procesos.

La ley desprovista de moralidad en su concepción es terreno fértil para la tiranía, por muy formalmente válida que sea, y por tanto una traición a la mayor idea que ha tenido jamás la sociedad humana: que al obligarnos somos libres para honrar la dignidad de los demás.

Citación académica sugerida: Montiel Mogollón, Moisés A. La defensa de un formalista al juez Antonio Cançado Trindade. Agenda Estado de Derecho. 2023/06/06. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-defensa-de-un-formalista-al-juez-antonio-cancado-trindade/

Palabras claves: derechos de las mujeres, América Latina, acceso al aborto, discriminación, desigualdad

Nota: Artículo originalmente publicado en inglés, en el portal Opinio Juris, el 6 de diciembre de 2022.

Ver: http://opiniojuris.org/2022/12/06/symposium-in-remembrance-of-judge-antonio-augusto-cancado-trindade-a-formalists-defense-of-judge-antonio-cancado-trindade/

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ACERCA DEL AUTOR
Moises A. Montiel Mogollón

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México y de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara (México). Además, co-director del podcast “Internacional con Ñ” (@EnEspanolPod).

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.