13 de Junio de 2023

Hablando al futuro: El impacto duradero del Juez Antônio Augusto Cançado Trindade en el Derecho Internacional

Hablando al futuro: El impacto duradero del Juez Antônio Augusto Cançado Trindade en el Derecho Internacional
Foto. International Court of Justice.

¿Cuál es el impacto del juez Cançado Trindade para las futuras generaciones del Derecho internacional?

Resumen

En este post, la autora comenta el último voto particular del juez Cançado Trindade a una Orden relativa a las Actividades Armadas en el Territorio del Congo (República Democrática del Congo contra Uganda), de septiembre de 2020. Este voto es un ejemplo de sus opiniones sobre el papel del Derecho Internacional y su creencia de que el jus gentium debe estar al servicio de las personas. Como ex becaria judicial (fellow) de la Corte Internacional de Justicia, la autora presenta un testimonio personal e impactante del juez Cançado Trindade.

Prolegomena

El 8 de septiembre de 2020, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una Orden en el caso Actividades Armadas (República Democrática del Congo contra Uganda). La Orden contenía la decisión de la Corte de obtener un dictamen pericial para determinar las reparaciones debidas por Uganda a la República Democrática del Congo, por el perjuicio causado debido a la violación de sus obligaciones internacionales, que la Corte determinó previamente en su notoria sentencia de 2005. Dicha Orden también contiene la última opinión singular emitida por el difunto juez Antônio Augusto Cançado Trindade.

El juez Cançado Trindade era famoso por sus votos particulares y discrepantes, que en ocasiones eran más extensos que la propia sentencia de la CIJ. Normalmente contenían referencias detalladas a la literatura y a la historia, así como un recuerdo de las opiniones de los padres fundadores del Derecho internacional. Siempre se preocupó por la perspectiva humana de los casos, rechazando lo que él llamaba las “anticuadas e impertinentes perspectivas voluntaristas” del derecho internacional.

Criticado, minimizado y objeto de burlas

Sin embargo, la comunidad internacional académica, principalmente europeos, no siempre valoró sus largas opiniones. Por ejemplo, hace algunos años, el profesor Milanovic cuestionó la eficacia del juez Cançado Trindade, afirmando (sin mucha justificación) que seguramente los demás jueces de la CIJ “hace tiempo que dejaron de leer sus opiniones”, y afirmando además que sus opiniones no eran muy leídas en el mundo académico. En otra ocasión, calificó su uso del griego y el latín como “una forma de autoindulgencia y de falta de respeto al público”. El juez Cançado Trindade también fue objeto frecuente de memes (respetuosos, pero no por ello menos malintencionados) centrados en la extensión y frecuencia de sus extensas opiniones, así como en su estilo de uso de citas.

Sin embargo, su voto particular, del 8 de septiembre de 2020, es un buen resumen de su visión del Derecho internacional. En apenas doce páginas, el juez Cançado Trindade analiza la finalidad de nuestro ámbito, reflexionando sobre el notable individuo que tuve el privilegio de conocer hace algunos años.

El último intento de influir en el desarrollo de un nuevo jus gentium

El juez Cançado Trindade abogó firmemente por una comprensión del Derecho internacional que fuera más allá de una perspectiva interestatal y se centrara en los individuos. Sin embargo, debido a las limitaciones jurisdiccionales de la CIJ, esto resultó ser una tarea difícil. Como es sabido, el artículo 34 del Estatuto de la CIJ establece que sólo los Estados pueden ser partes en los casos sometidos a la Corte. Así pues, el caso de las Actividades Armadas fue especialmente difícil. En su sentencia de 2005, la CIJ declaró que Uganda había cometido una serie de violaciones del Derecho internacional, entre ellas la prohibición del uso de la fuerza y el principio de no intervención, pero también había infringido varias disposiciones del Derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos. El Tribunal encontró pruebas convincentes de que miembros de la población civil congoleña fueron asesinados, torturados y/o sometidos a tratos inhumanos, de que se entrenó a niños como soldados y de que se destruyeron pueblos debido a bombardeos indiscriminados (párrs. 206-2011).

Sin embargo, a diferencia de los procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) o la Corte Penal Internacional, en los que las víctimas pueden beneficiarse directamente de las reparaciones ordenadas por el tribunal, el procedimiento ante la CIJ solo se refería a la reparación directa de la República Democrática del Congo, que el 2016 solicitó el pago de más de 13.000 millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

Este era un asunto de especial importancia para el juez Cançado Trindade. Tuve la suerte de trabajar como su becaria judicial (fellow) desde mediados de 2019 hasta mediados de 2020. Durante mi año en la CIJ, la mayor parte de mis investigaciones y discusiones con el Juez se refirieron al caso de las reparaciones por las Actividades Armadas. Como señaló en su último voto particular, y también en sus anteriores dictámenes y declaraciones sobre este caso de julio de 2015, abril de 2016 y diciembre de 2016, el Juez Cançado Trindade estaba profundamente preocupado por los importantes retrasos y aplazamientos del caso, argumentando que esto prolongaba el sufrimiento de las numerosas víctimas de los actos ilícitos de Uganda.

También creía que la CIJ debía centrarse en las reparaciones colectivas más que en las individuales, así como considerar otras formas de reparación además de las compensaciones económicas.

Este interés es coherente con su larga trayectoria como Juez en la Corte IDH, tribunal con una jurisprudencia muy desarrollada en materia de reparaciones, especialmente en casos de masacres, jurisprudencia que el Juez Cançado citó con frecuencia en sus Opiniones Separadas o Disidentes en la CIJ.

Como se ha explicado, la prevalencia dada por el Juez Cançado Trindade a las reparaciones para las víctimas directas del daño es coherente con su enfoque general del Derecho internacional. Tal como desarrolló en su libro de referencia, International Law for Humankind, creía que la concepción voluntarista del Derecho internacional, centrada en el Estado, era una falacia. En sus propias palabras, “[e]l orden jurídico internacional contemporáneo aparece ineluctablemente impregnado de un reconocimiento de valores comunes y superiores, en su búsqueda de la realización de la justicia” (p. 22). Creía que el nuevo Jus Gentium se caracterizaba por una atención cada vez mayor a las necesidades de la humanidad, tanto de las generaciones presentes como de las futuras.

Sin embargo, sus opiniones sobre las reparaciones no fueron compartidas por la mayoría de la CIJ, al menos en el caso de las Actividades Armadas. En su Sentencia de 9 de febrero de 2022 sobre Reparaciones, en la que no participó el Juez Cançado Trindade debido a su enfermedad, la Corte ordenó el pago de una compensación económica a la República Democrática del Congo, sin referirse específicamente a las víctimas. La única referencia que se hizo a las reparaciones individuales fue un breve reconocimiento de la declaración realizada por el Agente de la República Democrática del Congo, durante el juicio oral, de distribuir la indemnización de forma justa y efectiva entre las víctimas del daño, sin más detalles. La CIJ no concedió ninguna forma alternativa de reparación (incluidas la rehabilitación o la satisfacción).

Hablando desde La Haya a las generaciones futuras

La incapacidad del Juez Cançado Trindade para persuadir a sus compañeros Jueces de la necesidad de un enfoque más diverso de las reparaciones en las Actividades Armadas podría considerarse un fracaso. De hecho, según la opinión de Milanovic, eso sería un ejemplo de su ineficacia y falta de conexión con el Tribunal del que formaba parte.

Yo tengo una opinión diferente. Mi opinión está, por supuesto, influenciada por la experiencia personal de trabajar con quien vi como un individuo profundamente dedicado a su función judicial. Sin embargo, no creo que el impacto del juez Cançado Trindade deba evaluarse únicamente por la reacción de sus colegas. Para ser justos, sin duda influyó en algunos de ellos, incluido el ex Presidente Yusuf, quien también criticó el “enfoque excesivamente estrecho de las reparaciones adoptado en la sentencia y la falta de consideración de las comunidades, colectividades e individuos que han sufrido directamente como resultado de los actos ilícitos de Uganda a través de la pérdida de vidas, lesiones personales, destrucción de propiedad privada, reclutamiento de niños soldados y desplazamiento de la población”, y lamentó que el Tribunal no considerara formas alternativas de reparación, incluidas las de carácter colectivo.

Además, como señalé hace más de un año en mi podcast favorito sobre derecho internacional, Internacional con Ñ, el juez Cançado Trindade también estaba hablando (y quizá principalmente) a las futuras generaciones de abogados. Estoy convencido de que la historia será benévola con él. Puede que sus puntos de vista sobre la humanización del Derecho internacional no sean hoy la corriente dominante, pero su trabajo está ganando cada vez más adeptos, especialmente en el Sur Global, de donde procedía. Como señaló Rodolfo Ribeiro, a diferencia de algunos juristas europeos que se preocupaban más por fruncir el ceño ante su estilo y retórica, nosotros estábamos, y estamos, definitivamente escuchando.

El juez Cançado Trindade nos dejó demasiado pronto. Sin embargo, tenemos la suerte de contar con su legado de escritura (masiva), no sólo en sus Opiniones Disidentes y Separadas, sino también en sus cientos de artículos y libros (como el Hamilton de Lin-Manuel Miranda, realmente escribía como si se le acabara el tiempo). Como muy bien dijo Andrea Bianchi hace unos años, parafraseando a Voltaire, “si Cançado no existiera, habría que inventarlo”.

Por suerte, existió, y quienes no tuvieron el privilegio de conocerle o trabajar con él pueden sin duda inspirarse en su compromiso con la humanidad expresado en miles y miles de páginas. También cuenta con el aprecio de una joven abogada chilena sin vínculos previos con el Derecho internacional, que le estará siempre agradecida por haberle dado la oportunidad de trabajar en las más altas esferas del Derecho internacional, sin perder nunca de vista que la razón de ser del Derecho internacional es (y debe ser) la protección de las personas.

Citación académica sugerida: Citación académica sugerida: Fernández Carter, Catalina. Hablando al futuro: El impacto duradero del Juez Antônio Augusto Cançado Trindade en el Derecho Internacional. Agenda Estado de Derecho. 13/06/2023. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-impacto-duradero-del-juez-antonio-augusto-cancado-trindade-en-el-derecho-internacional/

Nota: Artículo originalmente publicado en inglés, en el portal Afronomicslaw, el 7 de diciembre de 2022.

Ver: https://www.afronomicslaw.org/category/analysis/speaking-future-judge-antonio-augusto-cancado-trindade-lasting-impact

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ACERCA DE LA AUTORA
Catalina Fernández Carter

Profesora de Derecho Inernacional en la Universidad de Chile y ex becaria judicial de la Corte Internacional de Justicia. Integrante del Comité Editorial de Agenda Estado de Derecho.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.