El juez Cançado Trindade abogó firmemente por una comprensión del Derecho internacional que fuera más allá de una perspectiva interestatal y se centrara en los individuos. Sin embargo, debido a las limitaciones jurisdiccionales de la CIJ, esto resultó ser una tarea difícil. Como es sabido, el artículo 34 del Estatuto de la CIJ establece que sólo los Estados pueden ser partes en los casos sometidos a la Corte. Así pues, el caso de las Actividades Armadas fue especialmente difícil. En su sentencia de 2005, la CIJ declaró que Uganda había cometido una serie de violaciones del Derecho internacional, entre ellas la prohibición del uso de la fuerza y el principio de no intervención, pero también había infringido varias disposiciones del Derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos. El Tribunal encontró pruebas convincentes de que miembros de la población civil congoleña fueron asesinados, torturados y/o sometidos a tratos inhumanos, de que se entrenó a niños como soldados y de que se destruyeron pueblos debido a bombardeos indiscriminados (párrs. 206-2011).

Sin embargo, a diferencia de los procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) o la Corte Penal Internacional, en los que las víctimas pueden beneficiarse directamente de las reparaciones ordenadas por el tribunal, el procedimiento ante la CIJ solo se refería a la reparación directa de la República Democrática del Congo, que el 2016 solicitó el pago de más de 13.000 millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

Este era un asunto de especial importancia para el juez Cançado Trindade. Tuve la suerte de trabajar como su becaria judicial (fellow) desde mediados de 2019 hasta mediados de 2020. Durante mi año en la CIJ, la mayor parte de mis investigaciones y discusiones con el Juez se refirieron al caso de las reparaciones por las Actividades Armadas. Como señaló en su último voto particular, y también en sus anteriores dictámenes y declaraciones sobre este caso de julio de 2015, abril de 2016 y diciembre de 2016, el Juez Cançado Trindade estaba profundamente preocupado por los importantes retrasos y aplazamientos del caso, argumentando que esto prolongaba el sufrimiento de las numerosas víctimas de los actos ilícitos de Uganda.

También creía que la CIJ debía centrarse en las reparaciones colectivas más que en las individuales, así como considerar otras formas de reparación además de las compensaciones económicas.

Este interés es coherente con su larga trayectoria como Juez en la Corte IDH, tribunal con una jurisprudencia muy desarrollada en materia de reparaciones, especialmente en casos de masacres, jurisprudencia que el Juez Cançado citó con frecuencia en sus Opiniones Separadas o Disidentes en la CIJ.

Como se ha explicado, la prevalencia dada por el Juez Cançado Trindade a las reparaciones para las víctimas directas del daño es coherente con su enfoque general del Derecho internacional. Tal como desarrolló en su libro de referencia, International Law for Humankind, creía que la concepción voluntarista del Derecho internacional, centrada en el Estado, era una falacia. En sus propias palabras, “[e]l orden jurídico internacional contemporáneo aparece ineluctablemente impregnado de un reconocimiento de valores comunes y superiores, en su búsqueda de la realización de la justicia” (p. 22). Creía que el nuevo Jus Gentium se caracterizaba por una atención cada vez mayor a las necesidades de la humanidad, tanto de las generaciones presentes como de las futuras.

Sin embargo, sus opiniones sobre las reparaciones no fueron compartidas por la mayoría de la CIJ, al menos en el caso de las Actividades Armadas. En su Sentencia de 9 de febrero de 2022 sobre Reparaciones, en la que no participó el Juez Cançado Trindade debido a su enfermedad, la Corte ordenó el pago de una compensación económica a la República Democrática del Congo, sin referirse específicamente a las víctimas. La única referencia que se hizo a las reparaciones individuales fue un breve reconocimiento de la declaración realizada por el Agente de la República Democrática del Congo, durante el juicio oral, de distribuir la indemnización de forma justa y efectiva entre las víctimas del daño, sin más detalles. La CIJ no concedió ninguna forma alternativa de reparación (incluidas la rehabilitación o la satisfacción).