La competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela: una incógnita
16 de Agosto de 2023
¿Luego de haberse hecho efectiva la denuncia a la CADH, la Corte IDH aún puede tener competencia para conocer de casos en contra del Estado venezolano?
Persiste una duda en el entorno jurídico de las Américas: ¿La Corte IDH es competente para conocer de casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela?
El alcance de la competencia de la Corte IDH se encuentra definido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 62 y 68. La Corte es un órgano jurisdiccional, es decir, puede resolver controversias y emitir decisiones vinculantes para los Estados que, en efecto, se hayan sometido a su competencia.
Para entender el problema objeto de análisis y el alcance de la competencia de la Corte IDH, es necesario examinar tres factores: (i) el derecho de los tratados según la Convención de Viena, (ii) la postura de la Corte sobre la denuncia de tratados en materia de derechos humanos y (iii) la situación actual de Venezuela.
(Recomendados: ‘La situación de Venezuela en el Sistema Interamericano’ y ‘¿Qué está pasando con Venezuela en el SIDH?’)
El artículo 78 de la CADH contempla el procedimiento para denuncia y desvinculación del tratado y establece que esta sólo puede ser efectuada luego de 5 años desde la fecha de entrada en vigor de la Convención y con un año de preaviso. La Convención de Viena para el Derecho de los Tratados prevé en el artículo 54 la posibilidad de retiro de un tratado siguiendo sus propias disposiciones y el artículo 70 establece las consecuencias de la terminación de un tratado, que provoca la liberación del cumplimiento de las obligaciones para los Estados contratantes.
En este marco, vale la pena traer a colación la buena fe como criterio rector en la interpretación de los tratados. En particular, la CADH contribuye a la garantía de los derechos humanos al ofrecer un mecanismo colectivo de protección. Corolario de esto, la desvinculación de la CADH indudablemente implica una afectación a dicha mejoría. Esto está particularmente sustentado por la confluencia de los artículos 26, 31 y 32 de la Convención de Viena y 29 de la CADH, de acuerdo con la Opinión Consultiva 26/20 de la Corte IDH (ver los párrafos 48 y 58).
La Corte IDH ha señalado que en la ocasión de la denuncia de la CADH, los Estados denunciantes (i) deberán cumplir con las obligaciones convencionales durante el año de materialización de la denuncia; (ii) la denuncia no tiene efectos retroactivos; (iii) las obligaciones derivadas de otros tratados permanecen activas; (iv) la denuncia no disminuye el valor de la interpretación convencional como parámetro preventivo; (v) las obligaciones que se relacionan al umbral de protección mínimo perduran bajo la supervisión de la CIDH y (vi) las obligaciones provenientes de normas consuetudinarias o de ius cogens siguen siendo vinculantes (OC 26/20).
La Constitución venezolana otorga jerarquía constitucional a los tratados en materia de derechos humanos, implicando así que estos instrumentos tengan el mismo rango que el texto fundamental. A la luz de esto y en palabras del expresidente de la Comisión Interamericana, el Doctor Carlos Ayala Corao: “El acto de denuncia de la CADH desconoció así la jerarquía constitucional de la Convención Americana, al pretender de manera arbitraria su desincorporación de la constitucionalidad”. El bloque de constitucionalidad está revestido de una rigidez de reforma, que en compañía del principio de progresividad no permite una regresión directa en materia de derechos humanos.
Ahora bien, Venezuela denunció la Convención el 6 de septiembre de 2012 y el 10 de septiembre de 2013 se hizo efectiva esa denuncia. A su vez, denunció la Carta de la OEA el 27 de abril de 2017, decisión que se hizo efectiva el 27 de abril de 2019. Ambos sucesos, en principio, producen la desvinculación de Venezuela del Sistema Interamericano.
La Corte se ha pronunciado sobre el cumplimiento de obligaciones que son imperativas en el derecho internacional a pesar de la denuncia de un tratado, por lo que Venezuela, aún si resultan convencionales las denuncias en su totalidad, debe garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones. Lo mismo consagra el artículo 43 de la Convención de Viena (OC 26/20 párrafos 106 y 107).
Por otro lado, la denuncia de la Carta de la OEA a la luz del texto del instrumento (art. 143) es algo que también abordó la Corte. Dicha cláusula establece el mecanismo de denuncia, fijando un periodo de transición para que esta se torne efectiva y se produzca la desvinculación del Estado denunciante “luego de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la Carta”.
La Corte estableció que, aunque no es un tratado in strictu sensu, se desprenden de la Carta las obligaciones de (i) cumplir con las decisiones de órganos del sistema interamericano durante su vigencia, (ii) cumplir con las obligaciones contenidas en tratados que aún no hayan sido denunciados y (iii) cumplir con las normas consuetudinarias del derecho internacional.
Venezuela vivía hasta hace no mucho una dualidad política, una realidad presidida por Nicolas Maduro y, en paralelo, existió hasta su disolución un Gobierno Interino presidido por el entonces Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó; el cual anuló la denuncia de la Convención de forma retroactiva y ratificó nuevamente la CADH y la Carta, lo que de ser completamente eficaz resolvería varios de los problemas aquí planteados.
Siendo así las cosas en el país, la Corte IDH debe decidir si acepta la denuncia hecha por el gobierno venezolano o si considera efectiva la anulación hecha por el Presidente Interino. Al efecto de esa dicotomía, destacamos que el artículo 7.1 de la Convención de Viena establece que el representante de un Estado es aquel que efectivamente haya sido acogido por la práctica de los estados interesados. Bajo este contexto, no se puede pasar por alto que la OEA y la Comisión Interamericana reconocieron a Guaidó como representante de Venezuela, hechos que pudieran interpretarse como una forma de garantía colectiva ante las denuncias referidas (OC 26/20 párrafo 173).
En estos últimos dos años se han remitido siete casos a la Corte, cuatro de los cuales versan sobre hechos ocurridos mientras Venezuela era parte de la Convención, otros dos que ocurren luego de la denuncia de la CADH pero antes de la denuncia de la Carta, y un último que ocurre luego de la denuncia de ambos instrumentos.
Los hechos del caso Poggioli Pérez vs. Venezuela toman lugar en el año 2021, luego de que las denuncias en teoría ya eran vigentes y habían sido anuladas retroactivamente por el presidente del parlamento. Por su lado, respecto al caso de Juan Pedro Larés Rangel y otros vs. Venezuela, la CIDH estableció violaciones de conformidad con la CADH y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que en su artículo 8 establece la posibilidad de acudir a una instancia internacional.
El tribunal interamericano, podría fundamentar su competencia contenciosa: (i) reconociendo los actos del entonces Presidente Interino en consonancia del mandato del parlamento venezolano de 2015, lo cual aplica a todos los casos con hechos acaecidos luego de que entrase en efecto las denuncias o (ii) basar su competencia contenciosa en un mecanismo alternativo, como el artículo 8 de la Convención contra la Tortura, lo cual aplica solo a aquellos casos donde hay tortura. Por otro lado, la Corte podría desconocer totalmente su competencia en los casos contra Venezuela.
El segundo escenario está limitado por la validez de las denuncias y sus efectos en el entendido de que las mismas sean convencionales. Así por ejemplo, en el caso Martín del Campo vs. México, la Corte declaró su incompetencia para conocer del caso y la CIDH lo retomó; lo que pudiere significar que la Comisión valore la posibilidad de retomar su competencia respecto a los casos venezolanos en el supuesto de que la Corte decline su jurisdicción.
El sistema interamericano cuenta con suficientes argumentos para declararse competente. En particular, los artículos 7.1, 26, 31 y 32 de la Convención de Viena, 29 de la CADH y 8 de la Convención contra la Tortura (de ser aplicable); lo que, en conjunto con el análisis sobre la constitucionalidad de las denuncias iniciales, el reconocimiento posterior del Gobierno Interino y la necesidad de restituir el orden en el sistema venezolano, parece ser un escenario definitivo.
En conclusión, la Corte debe considerar tres factores: (i) el derecho de los tratados, (ii) la constitucionalidad de las denuncias por control de convencionalidad y (iii) los mecanismos alternos que validan la competencia de la Corte IDH. Si bien aún la cuestión queda totalmente a la discreción de la Corte, que debe considerar la situación sui generis del país, en lo que cabe en derecho es posible afirmar que Venezuela puede encontrarse en la potestad jurisdiccional de este órgano.
Citación académica sugerida: Zabaleta, Sebastian y Ruiz, Raul. La competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela: una incógnita. Agenda Estado de Derecho. 2023/08/16. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-competencia-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-sobre-venezuela/
Palabras clave: Venezuela, Corte IDH, CIDH
Abogado de la Universidad Central de Venezuela, con inclinación al Derecho Público en especial al Derecho Administrativo y Derechos Humanos, así como también al Arbitraje. Asistente Legal de Consultores Jurídicos: Ayala – Dillon – Fernández – Chavero y, Asistente de Investigación del Centro para la Integración y Derecho Público (CIDEP). Egresado del Semillero Latinoamericano de Derechos Humanos en su edición 2022 y Diplomado en Inclusión Social y Acceso a Derechos por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, con interés en la filosofía del derecho, el arbitraje y el derecho internacional. Pasante en Araque, Reyna, Sosa, Viso & Asociados (ARAQUEREYNA), egresado del curso de estado de derecho, constitucionalismo y derecho internacional de los derechos humanos organizado por la Universidad Austral de Chile.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
