La rendición de cuentas es un aspecto fundamental de la democracia. Pero cuando se trata de hacer responsable a un juez, debe preservarse un delicado equilibrio entre su responsabilidad y su independencia. Uno de los mecanismos clásicos del sistema de pesos y contrapesos de las democracias modernas, ha consistido en otorgar a otros órganos -usualmente, los Parlamentos- la atribución de realizar controles previos a la investigación penal contra autoridades judiciales, o directamente de investigarlas y sancionar sus conductas. Pero este mecanismo descansa bajo una premisa que, cada vez con más frecuencia, es desmentida por la realidad: que los órganos contralores son imparciales, y que no tiene intereses ilegítimos en expulsar al árbitro del partido. El antejuicio en Guatemala es el ejemplo perfecto de esta distorsión.

El pasado 29 de junio, el país despertó con una noticia que desató una grave crisis institucional: la Corte Suprema había dado trámite a una solicitud de antejuicio contra 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, poniendo -una vez más- en manos del Congreso la decisión de si debían ser juzgados penalmente por haber emitido una decisión judicial concreta. Se trataba de una sentencia de amparo que le ordenaba a ese mismo Congreso elegir nuevos magistrados de altas cortes siguiendo criterios de honorabilidad y excluyendo a aspirantes involucrados/as en graves casos de corrupción. Según el abogado que promovió el antejuicio, esta sentencia excedía las competencias del máximo tribunal constitucional y su emisión era un acto ilegal.

El caso está plagado de conflictos de interés. Para empezar, la Corte Suprema que le dio el trámite inicial al antejuicio, lo hizo con una conformación inusual: varios jueces titulares se abstuvieron, y el quórum fue completado con magistrados de apelaciones como suplentes. El asunto está en los detalles: por lo menos seis de ellos son candidatos/as a las cortes, y por lo tanto, estaban muy interesados en la causa que resolvieron. A su vez, el Congreso que debe decidir el fondo del antejuicio, es la parte vencida en la sentencia de amparo que justamente constituye el objeto de control, la que además se ha resistido a cumplir. ¿Estamos ante un mecanismo que le permite al Congreso decidir la suerte de los magistrados que emitieron una sentencia en su contra?

Para completar el panorama, la decisión emitida por la Corte Suprema fue cuestionada en un nuevo amparo, por el Procurador de los Derechos Humanos y por organizaciones civiles. Esto colocó a la Corte Constitucionalidad ante el dilema de resolver lo que se ha llamado “el autoamparo”, es decir, una causa donde la Corte no es una parte en sentido formal, pero que indirectamente afectaría a sus propios integrantes. Una norma de clausura contenida en la ley de amparo del país establece que los magistrados no estaban obligados a abstenerse, y la Corte otorgó el amparo, que -nuevamente- el Congreso no ha cumplido.

Más allá de los detalles de estos hechos, lo cierto es que la palabra “antejuicio” no es nueva para los guatemaltecos, y podría decirse que ya forma parte del vocabulario popular. Durante los últimos dos años, este mecanismo de naturaleza excepcional ya ha sido promovido contra los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, contra el Procurador de los Derechos Humanos, y contra varios jueces y juezas de los tribunales de alto riesgo, a cargo de los más complejos casos de corrupción que involucran a las élites políticas y económicas del país. El último caso contra la jueza Erika Aifán se encuentra al borde de lo insólito: contrariamente a lo decidido en casos previos, la Corte Suprema le dio trámite a una solicitud de antejuicio que no venía acompañada de un solo medio de prueba contra la jueza. 

El problema del antejuicio en Guatemala no es un problema de diseño legal, aunque ha habido intentos de reformarlo. Su utilización recurrente para presionar, amenazar, y castigar a jueces y juezas independientes se explica por la crisis general del sistema de justicia guatemalteco, y en particular, por la influencia de redes de corrupción sobre sus altos cortes y sus órganos de gobierno. El caso “Comisiones Paralelas 2014”, a cargo de la Jueza Aifán, contiene evidencia de la influencia del crimen organizado en la elección de magistrados de altas cortes que se llevó a cabo en ese año, quienes actualmente siguen ocupando sus puestos hasta que el Congreso no elija a los nuevos. ¿No es razonable pensar que estos elementos usarán los mecanismos de control a su alcance, para expulsar a jueces y magistrados independientes del aparato judicial, especialmente a aquellos que investigan las ilegalidades de sus nombramientos, o que colaborarán con poderes externos -políticos o no- para lograr este propósito y consolidar sus posiciones de poder?

En su informe Corrupción y Derechos Humanos, la CIDH ha desarrollado estándares novedosos para enfrentar la lucha contra la corrupción desde un enfoque de derechos humanos. El informe pone los reflectores sobre los casos más complejos de corrupción judicial, y coincide con el diagnóstico de que “el sistema judicial es un eslabón necesario para permitir llevar a buen término las actividades realizadas por el crimen organizado”. En otras palabras, que las redes ilícitas necesitan cierto grado de control sobre el sistema judicial para operar de forma eficiente.

Frente a ello, la necesidad de reforzar la protección de la independencia judicial es aún más apremiante, pero ello requiere los estándares internacionales clásicos aplicables a los procesos de investigación y sanción de operadores de justicia sean leídos e interpretados desde este nuevo enfoque de corrupción y derechos humanos. Un ejemplo: en su Informe Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, la CIDH ha señalado que el juicio político contra altas autoridades de justicia genera “un riesgo significativo” para su independencia, y recomienda su eliminación. Desde este nuevo enfoque, la magnitud de este riesgo se puede determinar con mayor precisión, si se analizan los vínculos, intereses y tensiones que existen entre los actores políticos, empresariales y criminales, respecto de la autoridad judicial, para determinar si un Estado debe adoptar alguna medida, como incorporar salvaguardas o modificar el mecanismo en cuestión.

Estos mismos vínculos e intereses permiten analizar la imparcialidad del órgano controlador, otra de las garantías materiales exigible a todo mecanismo de rendición de cuentas (v. Corte IDH, caso Tribunal Constitucional contra Perú). Esta perspectiva nos obliga a indagar relaciones, identificar actores y documentar patrones, y a partir de allí hacer preguntas como ¿qué intereses o vínculos motivaron a la Corte Suprema a dar trámite al antejuicio contra magistrados de la Corte Constitucional, pese a la prohibición de perseguir a un juez por el contenido de sus decisiones? ¿Tienen estas personas alguna relación -pasada o presente- con los actores políticos que deben decidir el fondo del antejuicio? ¿Existe alguna relación entre el antejuicio de los magistrados constitucionales y el antejuicio de la jueza Aifán, o son realmente casos desvinculados? ¿Pueden verse estos antejuicios como parte de una estrategia más amplia?

Esta es la otra cara del antejuicio en Guatemala, convertido en la peor amenaza para la independencia de los jueces y juezas (pese a haberse concebido para protegerla), y que cuya utilización debe empezar a analizarse desde una perspectiva más amplia, como la propuesta de los nuevos estándares interamericanos sobre corrupción y derechos humanos. El antejuicio como una pieza del sistema de pesos y contrapesos ya colapsado e ineficiente para controlar al poder, y que no funcionará mientras que no se adopten medidas para cortar definitivamente las influencias ilícita sobre el sistema político y judicial en el país.  (V. ¿Cómo y por qué generar una sólida política anti impunidad?, Daniel Vásquez)