El 29 de junio de 2021 la Corte Constitucional de Ecuador en Sentencia 3-19-CN/20 declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial siempre y cuando exista la declaración jurisdiccional establecida por un tribunal superior. El pronunciamiento apostó a que el Consejo de la Judicatura (órgano de control administrativo) no continúe manipulando dichas figuras jurídicas como un instrumento de presión o injerencia en la justicia y reiteró la importancia de la independencia judicial institucional, tanto interna como externa, haciéndola extensiva a jueces, fiscales y defensores públicos, de forma que los operadores de justicia puedan ejercitar su derecho a un juez independiente, imparcial y competente sin intromisión de algún poder estatal.

De igual manera, la Corte Constitucional continuó desarrollando jurisprudencia tendiente a lograr disipar cualquier duda jurídica sobre la competencia del Consejo de la Judicatura, ya que en algunos casos sus decisiones fueron arbitrarias y lesivas ante los derechos de los justiciables.      

Por ejemplo, a través de la Sentencia 10-19-IN/22 se estableció que la medida cautelar preventiva de suspensión de los servidores de la Función Judicial con o sin remuneración por el máximo de 90 días y, que hasta aquel momento era una facultad exclusiva del Presidente/a del Consejo de la Judicatura, debía ser ejercida únicamente por todos los miembros que conforman el Pleno de dicho Consejo (5 vocales) del citado órgano administrativo.      

Sin embargo, pese a lograrse estos avances en materia constitucional, la desnaturalización de los actos administrativos que afectan la independencia judicial continuó siendo utilizado pese a existir impedimentos jurisprudenciales.

El 24 de abril de 2022 el presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional del Ecuador, enviaron un oficio al presidente de la Corte Constitucional donde solicitaron que se reviertan los precedentes en mención, esto con el afán que el Consejo de la Judicatura ¨recupere¨ la supuesta facultad de imponer una sanción a los jueces, fiscales y defensores públicos sin necesidad de una declaración previa jurisdiccional por parte de jueces superiores.

Además, no conforme con dicha petición, dos vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura, impusieron medida preventiva de suspensión de hasta 90 días al presidente de la Corte Nacional de Justicia, esto porque se habría referido sobre el retiro de la terna que fue presentada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, por cuanto se habría denunciado sobre una ¨nueva metida de mano en la justicia del Ecuador¨.

Estos sucesos develaron un grave problema en la institucionalidad en el país y demostraron que pese a los avances constitucionales que intentan proteger la independencia judicial, no hay garantía de que los demás poderes respetarán y evitarán arbitrariedades mediante sus decisiones jurisdiccionales.

Por ello, resulta enérgico indicar que las actuaciones que fueron relatadas son sostenidas sin fundamento legal alguno, sin invocar normas que faculten la exploración de pronunciamientos jurisdiccionales expresados por autoridades, actuación que resulta contra toda lógica y que de forma evidente produce que la independencia judicial interna y externa sea gravemente lesionada.

Por lo tanto, se debe capacitar a autoridades judiciales con las reglas constitucionales formuladas por la Corte Constitucional y que son de aplicación directa en trámites administrativos que además imponen al Poder Judicial la importancia de respetar precedentes jurisprudenciales mediante la correcta aplicación del derecho administrativo. Solo así, la independencia judicial en el Ecuador dejará de ser un mito y, al final, se transformará en una verdadera justicia para todos.