Guatemala y la criminalización a periodistas en un país cooptado

10 de Noviembre de 2023
Guatemala y la criminalización a periodistas en un país cooptado
Foto. Twitter: @estebanbiba

Este artículo reflexiona sobre la importancia del periodismo en Guatemala en medio de la corrupción e impunidad, destacando las consecuencias y la criminalización que enfrentan los periodistas que desempeñan esta labor.

En Guatemala los periodistas han jugado un rol determinante en la lucha contra la corrupción e impunidad. Durante los últimos años, han dedicado esfuerzos inminentes para denunciar a través de medios escritos, televisivos y radiales, estos flagelos que han causado daños al país, dejando en una situación de vulnerabilidad a la población guatemalteca que sufre las consecuencias de un Estado fallido.

A partir de la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG en el año 2006, los y las periodistas y medios de comunicación independientes denunciaron con mayor fuerza a funcionarios públicos que durante años formaron parte de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).

Acompañaron la ardua labor de luchar contra el gigante de la corrupción de la a CICIG y del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Corrupción – FECI

Luego de 13 años de una lucha implacable contra la corrupción llegó el ex presidente Jimmy Morales, quien se convertiría en la piedra angular de la impunidad. Desde entonces, los poderes políticos y económicos han reunido esfuerzos para acallar la libertad de expresión.

Ataques a periodistas y medios de comunicación en Guatemala

Sin ir más lejos, el 29 de julio del año 2022 el presidente y fundador del diario ElPeriódico, fue capturado y llevado a prisión preventiva, su nombre: José Rubén Zamora Marroquín, acusado por supuesto lavado de dinero y chantaje.

Se trata de un reconocido periodista que denunció a actores políticos, empresarios, narcotraficantes, entre otra innumerable lista de personas señaladas en casos de corrupción, además de ser el principal crítico del Gobierno del actual presidente Giammatei.

Zamora fue detenido por la nueva administración de la FECI del Ministerio Público, a cargo de un polémico fiscal señalado de beneficiar a actores vinculados a la corrupción, corruptos, Rafael Curruchiche.    

El 14 de junio de 2023, José Rubén Zamora fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero, desde su llegada a los juzgados, el periodista dijo que lucharía por ser escuchado, sin embargo, el tribunal se negó a que Zamora leyera el discurso de defensa.

Además de José Rubén Zamora, el Ministerio Público solicitó la investigación de nueve periodistas y columnistas que laboraban para ElPeriódico, medio que por más de 26 años se dedicó a informar a la población guatemalteca. Pese al caos que lo rodeaba, ElPeriódico logró 287 días de resistencia, hasta el 15 de mayo del año en curso, en el que se vio obligado a cerrar sus puertas.

Este caso es únicamente a fines ilustrativos; durante el presente año 2023, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Mario Recinos, vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) declaró que “En Guatemala, el gremio periodístico está viviendo un retroceso significativo y se está siendo criminalizado”.

Estándares interamericanos sobre libertad de prensa

La Corte IDH en su jurisprudencia ha establecido que “los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones.

Sin embargo, durante los últimos años, el Estado de Guatemala se ha encargado de limitar a los medios de comunicación al punto de quiebre.

Además, la Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-5/85 indicó que “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública (…). Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.

Fue en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, donde la Corte IDH ha indicado que “es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad.

En este contexto es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, (…) de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático”.

El incumplimiento reiterado de los estándares internacionales

Pese a lo anterior, el Gobierno de Guatemala junto a instituciones del Estado se han encargado de generar graves violaciones a los Derechos Humanos y a la libertad de expresión de periodistas que no “eran afines” a sus intereses.

De hecho, la sentencia emitida en contra de José Rubén Zamora fue catalogada como un duro golpe a la frágil democracia de Guatemala, la cobertura a nivel nacional e internacional respecto al caso, ha traspasado fronteras.

Carlos Martínez de la Serna, director de programa en el Comité para la Protección de los Periodistas en Nueva York dijo que “la condena de Zamora sirve como cruel testamento de la erosión de la libertad de expresión en el país y de los intentos desesperados del gobierno del presidente Alejandro Giammattei para criminalizar el periodismo”.

El caso de José Rubén Zamora es solo uno de los muchos que atraviesan los periodistas en Guatemala, y que, pese a las circunstancias, continúan ejerciendo su labor con la firme convicción de defender el derecho las y los guatemaltecos de estar informados.

En el actual contexto postelectoral, las y los guatemaltecos luchan incansablemente por defender la democracia consagrándose frente a las instituciones del Estado que se aferran al poder. Los periodistas de los diferentes medios de comunicación continúan trabajando sin descanso para dar cobertura a la actual transición que ha resultado de uno de los procesos electorales más observados a nivel nacional e internacional.      

El rol de los medios de comunicación durante este proceso ha sido y continúa siendo trascendental, ahora más que nunca la ciudadanía necesita estar verdaderamente informada; defendiendo un bastión importante: “la libertad de expresión”.

En conclusión, recuperar la democracia y el pleno restablecimiento de las libertades públicas, dentro de ellas, el derecho a informar y ser informado, es la esperanza de todos los guatemaltecos, especialmente para aquellos que, desde el exilio claman por volver.

Citación académica sugerida: Simaldone Alaggia, Rodrigo. Guatemala y la criminalización a periodistas en un país cooptado. Agenda Estado de Derecho. 2023/11/10. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/guatemala-y-la-criminalizacion-a-periodistas-en-un-pais-cooptado/

Palabras claves: Guatemala,  Periodistas, libertad de prensa; criminalización.

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ACERCA DEL AUTOR
Rodrigo Simaldone Alaggia

Abogado Especialista en Derechos Humanos. Candidato a Doctor en Derechos Humanos por la UNLA. Consultor jurídico internacional UNESCO. Docente Adscripto Derechos Humanos, UDELAR.

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Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.