29 de Junio del 2021

Vacunación en Venezuela: a la deriva

Vacunación en Venezuela: a la deriva
Crédito foto: Torsten Simon / Pixabay

Pasados los primeros meses de la vacunación en Venezuela, la opacidad y politización del proceso es lo único claro

Venezuela se encuentra inmersa en una emergencia humanitaria compleja, una crisis cuyo origen es político, enmarcada por una destrucción institucional, un contexto no democrático, y masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. La gravedad es tal que, desde 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional adelanta un examen preliminar sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.

La pandemia mundial de Covid-19 ha agravado los problemas preexistentes, tal y como se documentó en el Informe sobre el contexto y patrones de violación de derechos humanos en Venezuela (2020) del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Así, para el 23 de mayo, de acuerdo con cifras oficiales, en el país había 223.345 casos de infectados y 2.513 fallecidos, sin un programa de vacunación establecido y con denuncias de discriminación política.

Sin transparencia, sin datos fiables y sin respuestas

El 29 de diciembre de 2020, el presidente Nicolás Maduro declaró en televisión nacional que durante los tres primeros meses de 2021 se vacunaría de forma gratuita a diez millones de venezolanos y extranjeros en territorio nacional. Estas serían las vacunas Sputnik V, ya pagadas al gobierno ruso. De igual forma, el 1 de marzo arribó al país un lote de 500.000 vacunas Sinopharm, y el 23 del mismo mes se negó el acceso a un lote de entre 1.4 y 2.4 millones de vacunas AstraZeneca a través del mecanismo Covax, que estaban reservadas para Venezuela. 

No obstante, y a pesar de la llegada de las vacunas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para el 21 de mayo solo habían sido vacunadas 230.000 personas, para un total de 0,8 dosis por cada 100 habitantes. La OPS ha solicitado al Estado venezolano información actualizada sobre el proceso de vacunación, que no le ha sido otorgada.

El 23 de mayo, Nicolás Maduro hizo anuncios significativos: que otro lote de 1.300.000 vacunas provenientes de China había llegado al país, sin especificar cuándo; que el 90% de los trabajadores de la salud habían sido vacunados, y que para junio, julio y agosto de 2021, el 70% de la población venezolana habría recibido la vacuna. También se ha declarado que es posible que para junio el país reciba un cargamento de vacunas Johnson & Johnson a través del mecanismo Covax.

Sin embargo, aún no se conoce el Plan de Vacunación Nacional, ni se ha especificado por qué el número de dosis que ha arribado a territorio nacional no coincide con los datos de la OPS. Las declaraciones de altos funcionarios, particularmente de Nicolás Maduro y su Ministro de Salud, Carlos Alvarado, parecieran no corresponder con la realidad nacional.

La falta de transparencia se extiende en todos los frentes de la emergencia sanitaria: la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela sostiene que hay un importante subregistro en el número de casos de COVID-19 en el país, así como opacidad frente a la cifra real de fallecidos. A su vez, la Academia de Medicina alerta que están llegando al país productos experimentales (como Soberana 02, Abdala y EpiVacCorona), que no han sido precalificadas por la Organización Mundial de la Salud.

Discriminación política para el acceso a las vacunas en Venezuela

Si bien a nivel global se han utilizado ciertos criterios para priorizar la distribución de vacunas con base en el nivel de riesgo, el acceso a las pocas vacunas disponibles en Venezuela está condicionado a un criterio ilegítimo y sin ninguna relación con la salud: estar registrado en el Sistema Patria y poseer el Carnet de la Patria. Este sistema biométrico y documento con código QR es utilizado para ejercer un control social en la población a través de la tecnología, almacenando información personal y cotejándola con lo recabado en otras bases de datos del Estado. El uso inconstitucional del carné para acceder a las vacunas no es algo novedoso, pues es una política documentada desde al menos el año 2017 en materia de vacunación y se extiende a la distribución de alimentos subsidiados, gasolina y otros bienes indispensables para la supervivencia.

Así, el Carnet de la Patria ha sido un instrumento utilizado para el control social y el monitoreo de la actividad política de los inscritos, como ha denunciado en varias oportunidades el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por ejemplo, Mario D’Andrea, abogado y defensor de derechos humanos, después de estar cinco horas y media en la jornada de vacunación del hospital José Gregorio Hernández, en el sector Los Magallanes de Catia de Caracas, dejó constancia del siguiente testimonio:

“Una miembro del personal del hospital nos dijo ‘ustedes vinieron a hacer la cola porque quisieron, la información de las vacunas llega sólo por el sistema patria y ningún otro lado’. Yo le respondí ‘yo no estoy inscrito en el sistema patria, pero soy venezolano, aquí está mi cédula, yo tengo derecho a la salud’ y ella me dice ‘sí, tú tienes derecho a la salud, pero la información llega por el sistema patria nada más’. 

Otra persona, de mediana edad, que se encontraba en la fila también le dice ‘yo soy venezolana y tengo derecho a la salud’, y esta mujer le responde ‘por qué no te vas a donde tú vives, que por cómo estás vestida tú tienes para pagar la vacuna’ y se dio la vuelta y se fue”.

Este testimonio concuerda con la situación documentada en el estado Bolívar, donde el Gobernador Justo Noguera Pietri declaró: “De acuerdo con la disponibilidad nos toca ir en una fase gradual, a través del carnet de la patria y por necesidades reales, ir vacunando”. Se supo además que se le negó a los trabajadores de la salud el ser vacunados en el Complejo Hospitalario Enrique Tejera París, en el estado Carabobo, por no poseer el Carnet.

Todo esto va en contra de lo establecido en la Constitución venezolana en su artículo 83: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud”, así como en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado. De igual forma, la Resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que los Estados “deben asegurar la distribución a las vacunas, y su acceso equitativo y universal, a través de la elaboración e implementación de un plan nacional de vacunación; y en consecuencia, abstenerse de tratos discriminatorios”. Venezuela, por el contrario, continúa incumpliendo con sus obligaciones nacionales e internacionales en esta materia, al negar un efectivo acceso a la salud a la ciudadanía.

La ciudadanía venezolana se encuentra en un estado de desprotección frente al Estado en medio de una pandemia de escala mundial. Es urgente que se permita el ingreso a la cooperación internacional y que se trabaje junto a organismos internacionales para evitar aún más la profundización de la emergencia humanitaria compleja que azota al país. De igual forma, el proceso de vacunación debe ser transparente, siguiendo estándares internacionales e involucrando a la sociedad civil y actores humanitarios.

Citación académica sugerida: Capriles, Victoria. Vacunación en Venezuela: a la deriva, Agenda Estado de Derecho, 2021/06/. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/vacunacion-en-venezuela-a-la-deriva/

Palabras clave: derecho a la salud, derechos humanos, discriminación, vacunación, Venezuela

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ACERCA DE LA AUTORA
Victoria Capriles Moreno

Abogada. Magíster en Sociología Jurídica y en Estudios Políticos y de Gobierno. Actualmente cursa el Doctorado en Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar. Profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana y Directora Adjunta del Centro de Derechos Humanos de la misma Universidad.

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