En el Estado mexicano este tipo de ataques al poder judicial no ha sido la excepción, e infortunadamente se recrudecen con la recientemente aprobación general de las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo por parte de la Cámara de Diputados, cuya justificación suscribe, entre otros argumentos, lo siguiente:

en la actualidad el Poder Judicial se ha excedido en sus facultades transgrediendo el principio de separación de Poderes, de forma discrecional y sin una debida ponderación en perjuicio de la ciudadanía. Por ejemplo, han dictado la suspensión de forma desproporcionada y sin límite para obras estratégicas del gobierno, que son para beneficio del pueblo, protegiendo los intereses transnacionales por sobre los intereses del pueblo.

Con este tipo de reformas legislativas se pretende transgredir la independencia judicial mandando una presión inequívoca desde el poder ejecutivo como autor mediato para la consecución de sus fines, por eso, tal y como lo señalan los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, la judicatura debe ejercer este requisito:

partiendo de su valoración de los hechos y en virtud de una comprensión consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón.

Además, la disminución y desnaturalización del juicio de amparo a partir de esta reforma potencial, contraviene claramente lo dispuesto en el artículo 27.2 de la CADH, como así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC-8/87, pues al tratarse de una garantía judicial indispensable para la protección de varios derechos, su suspensión está vedada y sirve para preservar la legalidad en una sociedad democrática.

Por otra parte, es vital que la protección del interés público en casos particulares considere el reconocimiento de los factores de desigualdad, afectación y vulnerabilidad de todas las personas que integran a una sociedad, grupo o comunidad, por encima de componendas que ocultan a través de leyes, políticas públicas o “grandes proyectos de desarrollo”, intereses de poder o partidistas.

Para ilustrar lo anterior, es necesario retomar el estudio realizado por el Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre el impacto de la militarización en los derechos de los pueblos indígenas, en el que mostró su preocupación por el uso creciente de las fuerzas armadas en la construcción de grandes obras públicas civiles en territorios indígenas, como el Tren Maya y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en México, y que ha propiciado el riesgo latente de que se cometan violaciones a derechos humanos como la seguridad ciudadana y el medio ambiente.

A lo largo de los años, el mensaje pronunciado por Robert Schuman en 1935 durante el 12º Congreso de Jurisconsultos católicos celebrado en Nancy, nos invita a reflexionar que aún existe una seria crisis en la función legislativa, impotente y lesionada por los egoísmos cínicamente expuestos del poder y que atropellan flagrantemente el bien común (p.115).

Por ende, es importante fortalecer los mecanismos de defensa legal y constitucional en un Estado democrático y apartar en todo momento las influencias políticas en la judicatura, pues si la confianza en ella se dañará irreparablemente “no quedaría ya recurso posible contra la arbitrariedad, ni otra defensa contra la injusticia que la violencia y la insurrección” (p.116), añadía igualmente Robert Schuman.