Como un preámbulo para responder a esta pregunta es importante mencionar que, según el informe, Honduras registró un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.634, calificándose como una nación con un desarrollo humano medio, por encima únicamente de Haití en América Latina y El Caribe. El PNUD plantea el desarrollo no sólo en función de ingresos, sino de que una persona posea las oportunidades, garantías y capacidades para alcanzar sus objetivos.      

Esto se traduce en tres dimensiones que se posicionan como la base para la medición del desarrollo humano en el informe: la capacidad de llevar una vida larga y saludable medida por la esperanza de vida al nacer; la capacidad de adquirir conocimientos calculada por los años promedio y los años esperados de escolaridad; y la habilidad de lograr un nivel de vida decente a partir del ingreso nacional bruto per cápita. 

Entre los años 2000 y 2019, el PNUD destaca que la esperanza de vida aumentó gradualmente hasta alcanzar 75 años en 2019; el promedio de escolaridad pasó de 4.3 años en 2000 a 6.6 años en 2019; y, la expectativa de años de escolaridad sufrió regresiones, pasando de 11.1 años en 2007 a 10.1 años en 2019, el mismo valor que el país registró en el año 2001.

Al hacer una relación entre desarrollo humano y Estado de Derecho, el informe identifica tres momentos que permiten alcanzar el estado actual del vínculo entre ambas figuras: la armonía de los pensamientos económicos y legales como perspectiva inicial del desarrollo a mediados del Siglo XIX; seguido de la coincidencia entre la economía, en la que el mercado se sobrepone al Estado, y la adopción de medidas de ajuste estructurales y de modernización de los Estados en los años ochenta; y, finalmente, las delimitaciones impuestas al mercado y el surgimiento de un enfoque de desarrollo equitativo e inclusivo, con perspectiva ciudadana, en los años noventa.

Las últimas dos décadas del Siglo anterior coinciden con la transición democrática que diferentes Estados atravesaron en el orden constitucional, entre ellos Honduras en 1982. En el Informe de Desarrollo Humano de 2002, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, mencionó que “los obstáculos que se oponen a la democracia tienen poco que ver con la cultura o la religión; mucho más a menudo se deben a que los que tienen el poder desean mantenerlo a toda costa”.

En esa edición del informe, se describió a la democracia como una causa que desencadena “un ciclo positivo de desarrollo, a medida que la libertad política hace posible que los ciudadanos puedan exigir políticas que amplíen las oportunidades sociales y económicas”. Casi dos décadas después, el vínculo entre el sistema democrático como condición indispensable para el desarrollo humano se mantiene, pero el PNUD enmarca a la democracia como parte de los tres pilares que componen el abordaje conceptual del Estado de Derecho, a la par de la justicia, y la seguridad y paz.

Una de las herramientas utilizadas en el informe para abordar la situación del Estado de Derecho hondureño es el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, que para el año 2021 ubica a Honduras en el lugar 126 de 139 países y jurisdicciones evaluadas en su adherencia al Estado de Derecho.

En América Latina y el Caribe, Honduras supera únicamente a Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. Al profundizar en las dimensiones y subindicadores del índice, se visibiliza el contexto multi crisis, tomando en consideración que, en la mayoría de indicadores de las dimensiones que comprenden el índice, por ejemplo, límites a los poderes gubernamentales, derechos fundamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, cumplimiento de la ley, justicia civil y criminal, el país se ubica por debajo de la evaluación media en América Latina.

Otra de las herramientas ilustrativas es el Informe de Latinobarómetro, en el que para el 2020, Honduras fue el país con menor apoyo a la democracia en la región. En el informe se explica que “dominan la política hondureña los problemas político-institucionales previos a la pandemia”. Este documento se publicó previo a las elecciones generales de 2021 y aun en el marco de la transición de poder en el que Xiomara Castro asumió la presidencia de la República, esos problemas político-institucionales salieron a flote en la instalación de la Junta Directiva del Congreso Nacional en enero de 2022.

Uno de los factores que explica la prevalencia de episodios así, aun en momentos de transición, es el caudillismo, que caracteriza a la cultura política hondureña, y que el informe reconoce como un fenómeno que produce un vaciado de contenido del derecho y de la representación del pueblo.