Cinco claves para avanzar en la construcción de espacios educativos seguros y libres de acoso sexual

7 de Julio de 2022
Cinco claves para avanzar en la construcción de espacios educativos seguros y libres de acoso sexual
Crédito foto: Pexels

La violencia basada en género es una realidad en espacios educativos ¿Hacia dónde dirigir la prevención y sanción de estos hechos dentro de las instituciones?

Desde hace pocos años, el acoso sexual en los ámbitos educativos ha empezado a hacer parte del debate público. Aunque dicho protagonismo no implica la reciente aparición de este tipo de violencia –pues desafortunadamente, siempre ha caracterizado la experiencia de mujeres y niñas en las aulas de clase–, las valientes denuncias de estudiantes, profesoras y colectivas y la visibilidad que los medios de comunicación dieron a estas, permitieron que el hostigamiento y las agresiones sexuales en centros educativos tuvieran un lugar en las agendas de las autoridades, de quienes demandan medidas para su prevención y sanción.

Esta problemática –que contribuye a la profundización de la brecha en la garantía de, entre otros, los derechos a la educación y del trabajo de la población femenina, ya que constituye una causa de desmotivación e incluso de deserción–, no ha sido ajena al análisis judicial, el cual ha dado cuenta de su dimensión y gravedad.

En 2020, por ejemplo, la Corte IDH constató las profundas afectaciones a la salud mental e incluso física de sus víctimas, al conocer el caso de una niña que se suicidó por el acoso y la violencia sexual perpetrados por un directivo de su colegio (Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador). Así mismo, en Colombia, la Corte Constitucional ha tenido múltiples oportunidades de estudiar tutelas sobre la forma negligente en la atención de situaciones de acoso sexual, destacando que por tratarse de violencias basadas en género y, por tanto, de violaciones a los derechos humanos, al Estado le corresponde actuar conforme a su obligación de debida diligencia (T-239 de 2018 y T-061 de 2022).

Para este Alto Tribunal, lo anterior implica investigar y sancionar los hechos sin “minimizarlos o reducir su gravedad a partir de prejuicios culturales y obstáculos institucionales”, así como el deber de garantizar efectivamente a mujeres y niñas,    espacios libres de violencia. Incluso, ha exhortado al Ministerio de Educación a destinar recursos financieros para ese fin, así como elevar a norma nacional “la exigencia para que todas las universidades públicas y privadas cuenten con instrumentos normativos dirigidos a atender, prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia basada en el género que se presenten en los centros de educación superior del país”.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional, así como algunas investigaciones en la materia, y a partir del acompañamiento a casos concretos de acoso sexual en universidades que facilitaron conversaciones con profesoras, activistas y colectivas; y con el propósito de contribuir a dar pasos adelante en la construcción de espacios educativos seguros y libres de acoso sexual; a continuación, recalcamos cinco aspectos que consideramos resultan fundamentales para dicho propósito, algunos de los cuales coinciden con los formulados por Dejusticia en una investigación llevada a cabo entre 2019 y 2021. Recomendado: Entre la denuncia y la difamación: el acoso sexual en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia

1. Reconocer la ocurrencia de acoso sexual

El ocultamiento y la negación por parte de las directivas y de algunos profesores sobre la ocurrencia de acoso sexual constituye una reacción aparentemente generalizada y que supone ser una medida adecuada para proteger el prestigio de las instituciones educativas involucradas. Por el contrario, esta les hace cómplices de la violencia y ahonda la problemática al legitimarla, comprometiendo su credibilidad como espacios “de los que deben emerger, en parte las personas encargadas de implementar las mejores aspiraciones humanas”, tal como lo sostiene la Corte Constitucional en la sentencia T-061 de 2022.

Reconocer que los espacios educativos se basan en y reproducen relaciones asimétricas de poder, las cuales generan múltiples formas de discriminación y violencia, es el primer paso para adoptar medidas que conduzcan a desnaturalizarlas y a erradicarlas.

2. Garantizar la participación de colectivas, profesoras y activistas

Resulta clave contar con la experiencia de colectivas, profesoras y activistas –producto de las luchas que han librado para superar obstáculos y barreras en la denuncia y el trámite de casos de acoso sexual– en la formulación de alternativas dirigidas a enfrentar la problemática. Lo anterior, con el propósito de garantizar el éxito de dichas medidas, sin trasladarles la responsabilidad de actuar en los casos de este tipo de violencia, pues ésta recae sobre las instituciones.

3. Armonizar rutas y protocolos con estatutos disciplinarios y demás normatividad pertinente

Si bien las rutas y los protocolos de actuación en contra de la violencia basada en género y el acoso sexual constituyen medidas mínimas para la atención de la problemática, estas tienden a ser estériles si no son armonizadas con las disposiciones disciplinarias y demás normas que corresponda, a fin de traducirse en verdaderos cambios de políticas internas. Lo anterior da cuenta de la auténtica voluntad de erradicar la violencia en contra de mujeres y niñas en los espacios educativos.

Es fundamental que las medidas cobijen a toda la comunidad educativa, independientemente de su forma de vinculación laboral a las instituciones y que tengan en cuenta las particularidades de los diferentes espacios y tipos de interacción que se presentan entre los miembros de la comunidad educativa. 

4. Incorporar medidas de prevención y de adecuada atención a las víctimas

Resulta fundamental incorporar medidas de prevención que se dirijan a cuestionar y transformar las prácticas culturales que favorecen y normalizan el acoso sexual y otras formas de violencia, así como a atender adecuadamente a las víctimas proporcionando acompañamiento psico-jurídico experto y sostenible en el tiempo. Para ello, es indispensable no escatimar en la destinación de todos los recursos que sean necesarios.

5. Difusión, sensibilización y evaluación de las medidas adoptadas

La comunidad educativa debe conocer y apropiarse de todas las medidas que se implementen, de forma que hagan parte de su cotidianidad y, por tanto, contribuyan con éxito a transformar las causas de las múltiples formas de violencia en contra de mujeres y niñas. Así mismo, es importante evaluarlas periódica y críticamente, acorde a las características de cada espacio educativo, para realizar los ajustes a los que haya lugar.

Citación académica sugerida: Robledo Silva, Paula & Medina Barragán, Mariana. Cinco claves para avanzar en la construcción de espacios educativos seguros y libres de acoso sexual. Agenda Estado de Derecho. 2022/07/07. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/espacios-educativos-seguros-y-libres-de-acoso-sexual/

Palabras clave: Acoso sexual, educación, víctimas

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ACERCA DE LAS AUTORAS
Paula Robledo Silva

Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Valladolid (España). Docente investigadora de los Departamentos de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia (Colombia).

Mariana Medina Barragán

Abogada y Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en políticas públicas y justicia de género de CLACSO. Actualmente es consultora independiente.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.