En el Ecuador, el aborto consentido es considerado un delito desde 1872. A partir de 1938 se incluyeron en la tipificación penal del aborto dos excepciones relacionadas con la preservación de la vida o salud de la mujer y con el embarazo producto de una violación sexual a una mujer con discapacidad mental. Sin embargo, esta última causal fue declarada como inconstitucional en la sentencia 34-19-IN/21 y acumulados, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, el 28 de abril de 2021. Así, el máximo órgano de control constitucional en el país, mediante una decisión que no es susceptible de impugnación, estableció la posibilidad de que cualquier mujer —sin importar su capacidad mental— pueda acceder a un aborto legal en casos de violación, lo que deberá ser regulado posteriormente por la Asamblea Nacional ecuatoriana. 

Visto así, dicha ampliación pareciera una cuestión de menor polémica si se considera que el aborto por violación en el caso de mujeres con discapacidad mental se mantuvo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano de forma ininterrumpida por alrededor de 83 años. No obstante, la decisión de la Corte Constitucional recibió fuertes cuestionamientos, principalmente de parte de grupos religiosos y otros autoidentificados como “pro-vida” o “pro-familia”, para quienes esta ampliación es contraria a la protección del derecho constitucional a la vida desde la concepción e invade las competencias propias del legislador.

Criterios similares se advierten también de los dos votos salvados, emitidos por dos juezas de la Corte Constitucional a la sentencia de mayoría que en su resolución despenalizó el aborto por violación en todos los casos. Ahora bien ¿cuál es el fundamento jurídico de estos cuestionamientos? Para responder a esta pregunta, es necesario contextualizar brevemente la decisión judicial a fin de determinar cuál fue el razonamiento que aplicó la Corte Constitucional ecuatoriana para arribar a la conclusión señalada.

El primer aspecto que hay que destacar es que la sentencia fue emitida dentro de una acción de inconstitucionalidad, esto es, en el marco del control de constitucionalidad; entendida esta como una competencia que le permite a la Corte Constitucional identificar y expulsar del ordenamiento jurídico las disposiciones legales que sean contrarias o incompatibles con la Constitución. Esta potestad de eliminación de cualquier acto normativo que no guarde coherencia con la Norma Fundamental garantiza la fuerza normativa de la Constitución y el principio de supremacía constitucional.

En ese orden de ideas, varios movimientos sociales que defienden los derechos de las mujeres, en el marco de una amplia y continua estrategia iniciada a partir de la promulgación de la Constitución del Ecuador de 2008 para lograr la despenalización parcial del aborto, optaron por acudir a la Corte Constitucional frente a la negativa de tal exigencia por parte del órgano parlamentario ecuatoriano en septiembre de 2019. Así, entre los años 2019 y 2020 se plantearon alrededor de 14 demandas de inconstitucionalidad y más de una centena de amici curiae, en contra de los artículos 149 y 150 número 2 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Estos artículos sancionan con privación de libertad de seis meses a dos años a las mujeres que deciden abortar, excepto en los casos de protección de su propia vida y frente a violaciones sexuales de mujeres con discapacidad mental. Así, para quienes presentaron la demanda de inconstitucionalidad, esta última causal era incompatible con los derechos constitucionales del resto de mujeres que también sufren violaciones sexuales y afrontan las consecuencias de tal hecho.