Reconociendo la importancia de los demás requisitos que han de cumplir las personas nominadas, lo fundamental es que no lleguen al organismo a empezar a aprender su oficio.

Que una persona sea versada y competente en materia de derechos humanos implica que tenga un conocimiento suficiente, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, sobre cuestiones sustantivas y procesales en la temática; sobre los estándares desarrollados a través del trabajo y pronunciamientos de los organismos de supervisión internacional, no sólo en el plano regional sino universal; sobre las particularidades del funcionamiento del organismo al que aspiran pertenecer; y sus relaciones con las diferentes partes interesadas con las que el organismo interactúa en cumplimiento de su mandato.

Para determinar si el candidato o candidata cumple con este requisito convencional, se debería tomar en cuenta no sólo sus credenciales académicas, sino su trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, y de los principios que inspiran el sistema regional de protección.

Además, se deben considerar sus posturas pasadas y pronunciamientos públicos sobre temas complejos o recurrentes en el debate de derechos humanos; y la compatibilidad de tales posturas y pronunciamientos con la defensa de la institucionalidad y los avances alcanzados a lo largo de 64 años de existencia del SIDH  desde la creación de la CIDH en agosto de 1959.

La versación y competencia en materia de derechos humanos se relacionan directamente con la idoneidad de la candidata o candidato para cumplir tan delicadas funciones, para actuar con objetividad liberándose si es necesario de sus propias convicciones morales, políticas, religiosas o de otro carácter a fin de asegurar que en el trabajo del órgano de supervisión habrá avances, no retrocesos.

Los candidatos o candidatas que pretendan revisar o peor aún desconocer los logros de la CIDH a través de los años, pondrían en riesgo la legitimidad de la actuación del organismo y la seguridad jurídica de sus usuarios, tanto los Estados como las víctimas.

Si la persona nominada da muestras de una postura regresiva en asuntos en que los estándares internacionales de protección se encuentran suficientemente consolidados; si no está dispuesta a debatir y escuchar las razones ajenas para avanzar en el desarrollo de estándares sobre asuntos que aun siendo polémicos merecen atención y respuesta. Si evidencia desconocimiento de que la historia del Sistema Interamericano es una historia de avances, del triunfo del espíritu humano sobre las concepciones formalistas o utilitarias de los derechos, de una conquista progresiva de espacios para asegurar una tutela cada vez más amplia y eficiente de los derechos humanos, su versación y competencia en el tema, y con ello su idoneidad para ocupar el cargo, se encuentran en entredicho.

Los Estados de América, llamados a ser los principales garantes del buen funcionamiento y eficacia del SIDH, deberían comprometerse a nominar en el futuro, de manera transparente y democrática, candidatos y candidatas que por su versación y competencia en derechos humanos entiendan la necesidad de defender los logros del último baluarte que nos queda a los habitantes de esta región en la búsqueda de justicia.

Personas que, cuando los mecanismos del derecho interno fallen, se encuentren comprometidas con preservar la diversidad y riqueza de los estándares que ha desarrollado la CIDH en su tarea de promoción y protección de los derechos humanos que la han dotado de una versatilidad y efectividad que otros organismos internacionales, incluida la propia Corte Interamericana, no tienen. Lo contrario equivaldría a negar la conciencia misma de nuestra región, los principios de solidaridad que inspiran el panamericanismo desde sus orígenes; y la rebelión contra la injusticia, que es consustancial a los pueblos de América.