En un solo día, sin discusión parlamentaria y en ausencia de la oposición, el congreso mexicano reformó 20 leyes sobre temas de relevancia estratégica para el país. En abril de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la validez de lo actuado.
El 28 de abril del año 2023 ha sido considerado el “viernes negro legislativo” en México. Ese día, en una sesión del congreso que duró muchas horas el grupo parlamentario de MORENA y sus aliados aprobaron veinte reformas legales en diversos temas y de una manera poco democrática y sobre todo alejada del proceso legislativo que ordena el marco jurídico mexicano.
Dichas reformas fueron adoptadas en ausencia de la oposición, sin debate, sin consultas, acelerando los procesos o adoptando formas irregulares como tomar protesta a algunos suplentes para conseguir el quórum necesario para su aprobación. Las 20 reformas fueron aprobadas en promedio una cada 12 minutos.
El paquete propuesto de reformas incluía una serie de temas de altísima relevancia para la nación como por ejemplo, la asignación de competencias para las fuerzas armadas para operar aerolíneas al mismo tiempo que aeropuertos y la correspondiente asignación para operar vías férreas.
También se dispuso la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar; la reforma a la ley general en materia de humanidades, ciencias y tecnología e innovación; reforma a la ley de bienes nacionales y una reforma a la ley minera, sólo por mencionar algunas de ellas.
Todo ello fue impugnado y la Suprema Corte de Justicia deberá resolver si existieron violaciones graves al proceso legislativo que invaliden lo aprobado por el Congreso en ese “día negro”. Se prevé que la discusión sobre este tema se desarrolle en el mes de abril.
Las posiciones, como es de suponerse, argumentan en favor del papel político de las mayorías en el Congreso, por un lado, mientras que otros refieren que las mayorías en el Congreso no tienen un poder absoluto para obviar la discusión parlamentaria. No faltan incluso aquellos que refieren con más fuerza cada día que la Corte ni siquiera tendría porque resolver en definitiva sobre la validez de las normas. Todo ello desde la lógica constitucional democrática de derecho tiene una respuesta.
La democracia se construye con diálogo, con deliberación, con participación y sobre todo con debate. En un maravilloso libro de Jürgen Habermas, llamado Historia y crítica de la Opinión Pública el autor se refiere a ello como el pilar de las llamadas democracias participativas- deliberativas. Y es que el tamiz democrático jamás está en sintonía con la imposición, pensamiento único o autoritarismo.
Esto, que parece una obviedad, en un mundo donde las reivindicaciones populistas se han impuesto, ya no es tan claro. Aquellos “mesías” que asumen haber logrado ser la voz del pueblo y entender sus necesidades impedirán, a toda costa, el diálogo con alguien más. Los populistas se preguntan: ¿Para qué dialogar si nadie más que ellos pueden entender lo que el pueblo requiere?
En ese sentido, el trabajo legislativo en un congreso deliberativo supondrá una cuesta arriba para aquella oposición que busca dialogar con aquellos sabiendo que la misma tiene minoría para alcanzar consensos.
Sin embargo, el trabajo legislativo en una democracia constitucional no implica que las mayorías parlamentarias se conviertan en la única voz para el trabajo legislativo. Por el contrario, forma parte de este garantizar que las minorías parlamentarias participen, sean escuchadas y tengan participación en los debates de la misma forma, con los mismos tiempos y con las mismas garantías que la mayoría.
Así, lo ocurrido en el llamado “viernes negro legislativo” es el típico caso que evidenció una mayoría actuando bajo una lógica autoritaria, cercenando cualquier garantía para la oposición minoritaria y violentando la ley orgánica del congreso y sus reglamentos, tanto de cámara de diputados como de senadores, los cuales establecen diversos derechos implícitos a todo miembro de las cámaras, como el de participar en igualdad de circunstancias en todos y cada uno de los debates suscitados en el Congreso permitiendo la libre discusión y decisión
El debate parlamentario no es una jungla. Al contrario de lo que en ocasiones se llega a plantear, el debate parlamentario sigue la suerte de todo el Estado democrático constitucional de derecho en donde hay atribuciones y reglas por cumplir que actualizan con su vigencia y vivencia la forma en la que todos los poderes públicos se someten a ellas.
Si un poder público no es capaz de cumplir el mandato dado por la Constitución y la ley, esa autoridad queda fuera de su marco de actuación y por ende es susceptible de ser sancionado por ello.
Gustavo Zagrebelsky en su extraordinario libro El derecho dúctil nos refiere con toda precisión los alcances del llamado Estado de Derecho el cual, fundamentalmente permite a los ciudadanos expandir sus libertades y restringe a las autoridades a sólo cumplir el mandato constitucional y legal que tienen constreñido en sus competencias y atribuciones. Nada es posible fuera de dicho marco.
El proceso legislativo no se exime de ello. Tanto la Constitución como la ley orgánica del congreso y sus reglamentos refieren con toda precisión las facultades que tiene el congreso en sus dos cámaras, así como las reglas que debe seguir el proceso legislativo. Todo incumplimiento de ello significa una violación grave al mismo proceso y, por lo tanto, susceptible de ser sancionado con la invalidez de la norma.
En otras palabras, la creación normativa tiene un cauce definido por la ley que no se puede desbordar, desbocar o romper pues en caso de hacerlo acaba viciando el producto último que es la norma que se busca aprobar.
En consecuencia, de ello y ante los peligros que supone en los sistemas democráticos el fervor político, estos han desarrollado los instrumentos naturales que permiten hacer un adecuado control de la Constitución con un órgano garante, contra mayoritario y especializado que son los tribunales constitucionales o mejor dicho en clave kelseniana “Los guardianes de la constitución”.
La Suprema Corte de Justicia de México, como Tribunal Constitucional funciona como observador y custodio del debido cumplimiento constitucional para que, en caso de que una norma o un acto de cualquier autoridad se salga del cauce de su marco de actuación constitucional, ésta pueda, reordenar o reajustar el mismo, anulando el acto al entenderlo fuera de dicho cauce.
Es natural que bajo la lógica de los gobiernos populistas se busque desprestigiar a éste tipo de órganos toda vez que, como se refirió con anterioridad, las resoluciones de este tipo de órganos no necesariamente coinciden con los caprichos políticos de aquellos que hablan por el pueblo, generando una tensión que se decanta en buscar su eliminación o al menos minarlos para que no sean un estorbo para la imposición ideológica.
En el caso que nos ocupa, la Suprema Corte de México tiene la competencia y atribuciones necesarias para fallar en contra del incumplimiento del estado de derecho y de las violaciones graves al proceso legislativo que se suscitaron en ese llamado “viernes negro”.
La construcción y solidificación de las instituciones del Estado mexicano en el periodo de 1997 al 2018, ha permitido que dicho país haya podido sortear, todavía con éxito, estos exabruptos autoritarios, esperando que instituciones como la Suprema Corte sigan actuando jurídicamente y no sean minados por completo por la política ideológica que busca la imposición y la cerrazón del diálogo como camino para construir un país mejor.
Este caso es sin lugar a dudas, un buen ejemplo de institucionalidad y sobre todo de la vivencia de un Estado constitucional de derecho que todavía funciona.
Citación académica sugerida: Tenorio Cueto, Guillermo A. El “viernes negro legislativo” en México. Agenda Estado de Derecho. 2024/03/05. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-viernes-negro-legislativo-en-mexico/
Palabras clave: México; SCJN; inconstitucionalidad; democracia deliberativa
Es presidente de la Fundación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información con presencia en 14 países de la región. Miembro del consejo jurídico asesor de la Academia Mexicana de la Comunicación.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
