El 10 de febrero, el 25 de abril y el 6 de junio de 2021 se efectuaron en Chile tres expulsiones de un importante número de personas extranjeras, en el marco de un Plan de Expulsiones dispuesto y comunicado por las autoridades del Poder Ejecutivo. Este Plan comprende la deportación de migrantes en 15 vuelos (ya licitados), que se realizarán durante el año 2021 y en los que se espera devolver a su país de origen a 2.000 extranjeros/as. Se trata principalmente de personas de nacionalidad venezolana que han huido de su país producto de la grave crisis política y social y que han ingresado a Chile por pasos no habilitados en la frontera norte del país.

Es importante precisar que las fronteras terrestres de Chile se encuentran cerradas (para extranjeros no residentes) desde marzo de 2020 producto de la pandemia, y que particularmente a los nacionales de Venezuela se les exige desde junio de 2019 un visado que deben obtener en un consulado chileno, previo al ingreso al país, y cuyo otorgamiento y uso efectivo no supera el 6% del total de solicitudes presentadas. 

Cada una de estas expulsiones masivas se realiza de la siguiente manera: las máximas autoridades del gobierno central se desplazan con una gran cobertura mediática hasta la zona norte del país, se exhibe a las personas al momento de subirlas al avión esposados, en fila, portando chalecos reflectantes y/o overoles blancos. A continuación, las autoridades hacen declaraciones desde el aeropuerto, señalando que se ha tratado de una operación exitosa por su masividad, se asocia la irregularidad migratoria con criminalidad y se señala que este plan busca ordenar los flujos migratorios en las fronteras y enviar un mensaje claro a quienes intenten ingresar de la misma forma.

Más allá de los objetivos que persiga la autoridad a través de su Plan de Expulsiones y de las definiciones que adoptan en materia de política migratoria, en estas deportaciones se cometen abiertas ilegalidades y violaciones de derechos humanos.

La ley aún vigente (DL 1094 de 1975), que será reemplazada en menos de un año por la Ley 21.235 de Migración y Extranjería de 2021 establece que, previo a la expulsión de un extranjero, debe existir una sentencia condenatoria que establezca la comisión del delito de ingreso por paso no habilitado y el cumplimiento de la condena por tal hecho (la nueva Ley dejará de tratar esta conducta como delito, facilitando las expulsiones en frontera). 

Incumpliéndose el marco legal vigente, se aprecia que a todas estas personas se les dicta y se les notifica una orden de expulsión, sin que exista una investigación previa ni una condena. En esta decisión no se analizan ni se consideran las situaciones particulares de cada migrante, la existencia de una familia, niños y niñas u otros vínculos en el país, situaciones de salud o cualquier otro antecedente relevante. Tampoco se considera la posibilidad de que muchos de ellos puedan ser solicitantes de refugio de conformidad con la ley vigente en el país. Menos aún, se evalúa el riesgo que corren al regresar a Venezuela, valoración exigible de conformidad con el principio de no devolución (principio general del derecho) y que se encuentra consagrado en diversos tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención Americana de Derechos Humanos, y en normas locales, como la Ley de Refugio. 

En consecuencia, además del incumplimiento de una norma expresa, las expulsiones así dictadas impiden a las personas defenderse en el marco de un juicio penal por un delito que no se comprueba, pero que es el fundamento de la expulsión. Tampoco pueden defenderse en el procedimiento administrativo de expulsión, pues no pueden aportar antecedentes para su defensa. La persona solo se entera de la orden de expulsión cuando es notificada y nunca se le comunica previamente el inicio de un proceso en su contra. 

Lo anterior contraviene directamente las disposiciones constitucionales sobre el debido proceso y los estándares internacionales aplicables en procedimientos de expulsión, que han sido identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las relatorías de migrantes del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de protección de los derechos humanos, entre otros.

La actuación antes descrita es también lo que caracteriza a una expulsión como colectiva y cuya utilización se encuentra prohibida por diversos instrumentos internacionales ratificados por Chile, entre otros, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una expulsión colectiva es una medida o procedimiento estatal, dirigida a un grupo de personas extranjeras, para abandonar el territorio del Estado o prohibir su ingreso; con ausencia de un análisis previo, objetivo y racional de las circunstancias individuales de cada persona afectada, y la falta de garantía del derecho a recurrir dicha expulsión.

Adicionalmente, tribunales internacionales han identificado otros elementos que caracterizan una expulsión colectiva en un caso concreto, como la citación/detención de personas de la misma forma, en el mismo lugar y tiempo; el traslado en los mismos medios y tiempo, la rapidez temporal de ejecución de las expulsiones y el discurso político sobre planes de expulsión.

En las expulsiones realizadas en el marco de este Plan, se notifica a cada persona una orden de expulsión individual, sin embargo, todas ellas son idénticas y se limitan a enumerar las normas jurídicas aplicables y al actuar de la policía y de la Intendencia. Todas se notifican de manera simultánea o en un muy breve tiempo, en algunos casos mientras las personas se encuentran en residencias sanitarias (cumpliendo las medidas de aislamiento dispuestas por la autoridad de salud). Luego son trasladados al aeropuerto y expulsados en un vuelo contratado solo para este fin.

Por último, es importante señalar que en estos eventos de expulsión masiva, se vulnera la única norma que se encuentra vigente de la nueva Ley de Migración y Extranjería, esto es el artículo 8° transitorio, que establece que quienes hayan ingresado al país por un paso no habilitado podrán, a partir del día de publicación de la ley (20 de abril de 2021), y por el plazo de 180 días, salir de éste sin ser sancionados y eventualmente solicitar desde el extranjero una visa de conformidad con la regulación vigente. 

Infringiendo abiertamente dicha disposición, la autoridad ha notificado y ejecutado las órdenes de expulsión con posterioridad al 20 de abril, impidiéndoles hacer uso de esta disposición y del derecho que conlleva.

Lo anterior resulta paradojal, precisamente porque se ha sostenido que una de las fortalezas de la nueva Ley de Migración y Extranjería es que establece un equilibrio entre el ejercicio de la soberanía por parte del Estado y el reconocimiento de derechos y deberes de los extranjeros. Ese equilibrio no se observa en este caso. La gestión de los flujos migratorios como parte de la política migratoria no puede estar por sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas.