El indulto en Venezuela como forma de intervención en el poder judicial

9 de Noviembre del 2020
El indulto en Venezuela como forma de intervención en el poder judicial

El pasado 31 de agosto de 2020, Nicolás Maduro dictó el decreto 4.277 por el cual “indultaba” a varios opositores al régimen. En Venezuela, la situación de persecución política no es nueva: de acuerdo con el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en 2019 fueron detenidas 193 personas por razones políticas. Como señala esta organización, se trata de una reducción del 30,8% en relación con 2018, pero un aumento del 186% en comparación con los casos documentados en 2009.

Independientemente de la discusión sobre la legitimidad y legalidad de la presidencia de Maduro, es importante detenerse en la regulación que hace el ordenamiento jurídico venezolano del indulto. Así, la Constitución venezolana en el artículo 236, numeral 19, establece la potestad del Presidente de la República de “conceder indultos”. Por su parte, el artículo 104 del Código Penal venezolano lo define al expresar: “…El indulto o gracia que condona la pena la hace cesar con todas sus accesorias. Cuando el indulto se concede conmutando la pena impuesta por otra inferior, se cumplirá ésta con las accesorias que le correspondan”. Según la última ley, dicha gracia solo procedería respecto de personas concretas que estén cumpliendo una condena. Ello porque la ejecución de la pena depende del Poder Ejecutivo, por lo tanto su máxima autoridad solo puede beneficiar con el indulto a los condenados por delitos.

Si bien lo anterior pareciera coherente desde un punto de vista jurídico, la institución del indulto fue distorsionada por la modificación estructural al Código Orgánico Procesal Penal venezolano, realizada el 14 de noviembre de 2001 por el Parlamento de mayoría afín al gobierno del fallecido Hugo Chávez. En efecto, el artículo 28 introducido en dicha reforma estableció que en “la fase preparatoria, ante el Juez o Jueza de Control, y en las demás fases del proceso, ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas, las partes podrán oponerse a la persecución penal, mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento: (omissis…) 6. El indulto”. De esta norma ha derivado la posterior opinión jurídica de que el indulto en Venezuela puede referirse no solo a condenados sino también a procesados. Es decir, sería “normal” (en el sentido de adecuado a la norma) la intervención del Presidente de la República en cualquier proceso penal a través del indulto de enjuiciados, sin otra limitación que el delito no constituya una violación de derechos humanos o un delito de lesa humanidad, según dispone el artículo 29 de la Constitución venezolana.

En consecuencia, la ley procesal penal venezolana daría carta de naturaleza a la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. El propio decreto 4.277, dictado por Maduro, expresa en sus considerandos que la ley procesal penal venezolana le faculta para “conceder indultos, en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena”. A su vez, el artículo 2º del decreto ordena la remisión a los órganos jurisdiccionales para su ejecución.

En el año 2012, un inconstitucional decreto-ley dictado por Hugo Chávez reformó nuevamente el Código Orgánico Procesal Penal e incorporó el actual artículo 29, que expresa: “Decretado el indulto, o verificados por el Juez o Jueza los supuestos de la amnistía, en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, se extinguirá la acción penal o la pena y cesará cualquier medida de coerción personal. El indulto produce la libertad inmediata del privado de libertad si fuera el caso”. La exposición de motivos de esta modificación dice escuetamente que “se aclaran los efectos procesales del Indulto y la Amnistía en el proceso penal”.

Desde mi punto de vista, para salvaguardar el principio constitucional de separación de poderes reconocido en el artículo 136 de la Constitución y garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico venezolano, una posible interpretación de la ley procesal penal venezolana debería concluir que el citado artículo 28 (6) prevé la facultad del procesado de oponer el indulto como excepción, únicamente cuando se le enjuicie de nuevo por los mismos hechos que fueron objeto de la previa gracia presidencial. Es decir, en cualquier etapa del proceso, el enjuiciado podrá alegar que los hechos fueron abarcados por un indulto del cual se benefició antes como condenado. Como contraargumento, podría afirmarse que el propio artículo 28 hace referencia a la excepción de cosa juzgada (numeral 4 -a-), la cual también sería oponible por el indultado que vuelve a ser procesado por los mismos hechos objeto de la gracia presidencial. Sin embargo, la cosa juzgada es una excepción más amplia ya que contempla hechos procesados en general, independientemente de que sus ejecutores hayan sido condenados o absueltos. En todo caso, la otra valoración posible del discutido artículo 28(6) del Código Orgánico Procesal Penal sería sostener, simple y llanamente, su carácter inconstitucional por contradecir el aludido artículo 136 del texto fundamental venezolano, que establece la división de poderes del Estado.

Por su parte, el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal regularía la ejecución del indulto con relación a los condenados, y la amnistía sobre procesados y condenados. En modo alguno se desprende de esta última disposición que el indulto pueda dictarse respecto de procesados.

Maduro dictó la medida sobre personas consideradas enemigas del régimen, que no habían sido condenadas penalmente. Resulta obvio, al margen de disquisiciones jurídicas, que sea celebrado el cese de esa injusta persecución política. Sin embargo, el indulto procesal dictado por Maduro deja en evidencia la injerencia del gobierno venezolano en el Poder Judicial, simple apéndice de aquel. El hecho en sí mismo demuestra lo que ocurre en Venezuela desde hace varios años: la absoluta falta de separación de poderes y la total subordinación del sistema judicial venezolano a los gobiernos de Chávez y Maduro, según se ha documentado ampliamente en informes internacionales tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, OEA/Ser.L/V/II.Doc.54.30 diciembre 2009, párrafos 287 y ss), como de Naciones Unidas  (Informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela-A/HRC/45/CRP.11 –Cuadragésimo quinto período de sesiones 14 de septiembre a 2 de octubre de 2020-, párrafos 148 y ss, 156 y ss).

Citación académica sugerida: Modolell González, Juan Luis: El indulto en Venezuela como forma de intervención en el poder judicial, 2020/11/09, https://agendaestadodederecho.com/el-indulto-en-venezuela-como-forma-de-intervencion-en-el-poder-judicial/

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ACERCA DEL AUTOR
Juan Luis Modolell González

Profesor de Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado (Chile). Exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela). Más información.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.